El Partido Comunista de La Pampa denunció censura contra la mayoría de quienes quisieron exponer en la audiencia pública sobre la Ley de Glaciares en el Congreso Nacional y propone que se llame a un plebiscito para decidir qué hacer con el agua que el gobierno quiere ofrendarles a las mineras.
El Partido Comunista de La Pampa denunció censura a la voz ciudadana en la audiencia pública sobre la Ley de Glaciares de la semana pasada. A instancias del oficialismo nacional en la Cámara de Diputados, se limitó la participación de las cerca de 120 mil personas que estaban registradas para hacer uso de los escasos cinco minutos de ponencia previstos. Restricción de por medio, fueron aproximadamente trecientas las personas que pudieron tomar la palabra en la audiencia “participativa” vinculada a un proyecto que pone en riesgo nada menos que el agua potable de gran parte de nuestro país.
En este contexto, el PC pampeano, que viene siendo un actor protagónico en su provincia dentro de la multisectorial contra la reforma a la Ley de Glaciares, propuso que el Congreso Nacional convoque a una consulta popular para que sea el pueblo quien decida si quiere cambiar el actual texto de la norma en cuestión, que fija regulaciones y restricciones a la explotación minera. Por su parte, el oficialismo limitó a apenas dos días la audiencia para las ponencias. Esto hizo que la enorme mayoría de los interesados en participar se quedaran sin poder hacerlo, lo que constituye un acto de censura para el conjunto de la ciudadanía y evidencia el carácter elitista y proscriptivo de la democracia burguesa argentina.
Lxs comunistas pampeanos hicieron hincapié en cómo se vería afectada su provincia si prospera una reforma que levanta toda regulación sobre el uso del agua glaciar y periglaciar para favorecer a un puñado de corporaciones mineras: “Está en peligro el Río Colorado, cuya alimentación proviene de los glaciares de la montaña que es el que suministra el agua potable para gran parte de las ciudades y pueblos”. Por eso, ante el hecho consumado de coartar la participación ciudadana, llamó a que desde el Parlamento se convoque a un Plebiscito “para que sea el pueblo argentino, por medio del voto soberano, quien decida los pasos a seguir”.
A su vez, también desde La Pampa, la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso, confirmó que si Milei persiste con la iniciativa y el Congreso aprueba los cambios en la normativa, el gobierno que encabeza Sergio Zilotto haría una presentación judicial ante la Corte Suprema de la Nación.
Cabe recordar que para la audiencia que se llevó a cabo durante miércoles y jueves de la semana pasada en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, se inscribieron alrededor de 120.000 personas, pero el bloque de La Libertad Avanza hizo prevalecer su mayoría y autorizó que se hagan apenas algo más de doscientas cincuenta ponencias en vivo y en línea. Ante esto, varias organizaciones ambientalistas presentaron un recurso judicial solicitando que se garantice la participación de todos los interesados en exponer, propuesta que fue rechazada.
La defensa del agua debería ser una clara línea divisoria para abroquelar un marco de unidad que haga valer nuestro derecho soberano sobre este bien común vital y sobre todos nuestros recursos naturales. Por lo tanto, la condena a quienes dicen defender los intereses nacionales y populares y se ponen la peluca para apoyar esta entrega merecen el más enérgico repudio. Un caso emblemático de esto, aunque no el único, es el del senador sanjuanino y exgobernador de su provincia, Sergio Uñac, lobista de las corporaciones mineras y verdugo del pueblo argentino.
