Diputados dio un paso adelante y la semana que viene el proyecto se va a considerar en comisiones. “La problemática es muy delicada y preocupa la posición que tiene al respecto el gobierno de Javier Milei”, advirtió Pedro Waldo, Secretario de Discapacidad de la CTA Autónoma de Catamarca.
Ayer la Cámara de Diputados dio un paso para destrabar la posibilidad de que la Emergencia Nacional en Discapacidad pueda ser prorrogada durante 2027. Del mismo modo, habilitó el tratamiento en conisiones para evaluar los proyectos inherentes al drama del sobreendeudamiento récord que atraviesan millones de familias.
En cuanto al recorrido a seguir en relación a la extensión de la Emergencia en Discapacidad, se estableció que el miércoles próximo se lleve a cabo un primer plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda. Si bien, en caso de que se apruebe, la prórroga no va a implicar el aumento de los montos vigentes para las pensiones, quedaría garantizada la continuidad de los mecanismos que sostienen los programas de cobertura y el financiamiento del sistema de discapacidad durante el año próximo.
“La problemática es muy delicada y preocupa la posición que desde un principio tuvo al respecto el gobierno de Javier Milei”, sostuvo Pedro Waldo, dirigente del Movimiento de Jubilados Liberación en Catamarca y Secretario de Discapacidad de la CTA Autónoma de esa provincia. “En su momento Milei vetó la prórroga de la ley que declara la emergencia en discapacidad y protagonizó una situación con la Andis que todavía sigue sin ser aclarada”, recordó en referencia al famoso 3 por ciento de Karina.
Por eso es que después de advertir que “tenemos fundamentos claros para desconfiar de la postura que este gobierno tiene al respecto”, Waldo puntualizó que en su provincia “tenemos 58.913 personas con discapacidad en progreso y otras tantas más con discapacidad estable”. Todo esto en medio de un escenario en el que la gestión encabezada por Raúl Jalil “no hace mucho por buscar soluciones”, por lo cual la situación se vuelve “más peligrosa y negativa con la actuación de la gestión provincial”.
Sin dudarlo, el Secretario de Discapacidad de la CTA-A catamarqueña hizo hincapié en que “todo lo que hace Jalil es un reflejo de lo que hace Milei en el gobierno nacional” y por ello “no podemos permanecer ajenos a esta situación caótica, más aún cuando vemos que los compañeros jubilados y discapacitados de Buenos Aires son garroteados y reprimidos como lo fueron el miércoles pasado cuando iban a hacer su reclamo frente al Congreso, con la misma saña con la que viene pasando desde el momento mismo en que se instaló este gobierno”.
Sin minimizar el hecho de que pueda avanzarse con la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad, advirtió que va a haber que estar alerta para que se garantice que esa medida esté acompañada por los fondos pertinentes, algo que deberá estar especificado en el Proyecto de Presupuesto 2027, que según se prevé, el Ejecutivo debe enviar al Congreso durante el mes que viene. “El gobierno nacional debe hacerse cargo inmediatamente de la situación que atraviesan miles y miles de personas discapacitadas”, insistió Waldo, junto a lo cual subrayó que también “se debe hacer cargo de la situación de indigencia a la que nos empuja a los jubilados con los haberes paupérrimos que tenemos”. Sin embargo, se mostró optimista al considerar que “por suerte el pueblo va tomando conciencia de todas estas situaciones que, aquí en Catamarca, tienen a Jalil como el mejor alumno de Milei”.
Cabe citar que la Ley 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad, entró en vigencia en septiembre de 2025 y tiene como objetivo garantizar que el Estado Nacional cumpla con sus obligaciones adoptando medidas pertinentes para “asegurar los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad”.
Es por eso que el Estado tendría que disponer los fondos necesarios para el financiamiento sostenido de las pensiones no contributivas, la actualización de los aranceles del sistema de prestaciones básicas, una compensación de emergencia para regularizar deudas con esos prestadores y el sostenimiento del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad. Como además, fijar los requisitos para acceder a la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y que sean compatibles con un empleo formal, mientras los ingresos de los beneficiarios no superen una jubilación mínima. Claro que mientras este gobierno esté al frente del Estado todos estos derechos elementales difícilmente puedan consagrarse en la práctica.
