Fumata blanca

Durante la madrugada de hoy, el ejecutivo y los acreedores internacionales anunciaron un acuerdo que cierra la reestructuración de la deuda pública regida bajo jurisdicción extranjera. 

Básicamente, lo acordado establece un plazo que permite que el Estado comience a pagar intereses a partir de 2025 y que, por cada cien dólares, deba abonar 54,800.
En este paquete entra –fundamentalmente- deuda contraída durante el Gobierno Cambiemos, entre ella el bono a cien años tomado a una tasa de interés del siete por ciento que, a partir de ahora, se convirtió en 3,4. Pero también la deuda que se reestructuró en los canjes de 2005 y 2010.
Vale recordar que la Presidencia Macri dejó una deuda con acreedores privados del orden de los 66 mil millones de dólares, regida bajo legislación extranjera en tribunales de Nueva York, además de 44 mil millones con el FMI y otro tanto nominada bajo legislación local.
Esto hace un total de 110 mil millones de dólares de deuda con acreedores del exterior, y 44 mil millones de deuda pública interna sobre la que próximamente el Congreso deberá comenzar a discutir.
Merced al acuerdo alcanzado, sobre los 66 mil millones, va a haber un ahorro de algo así como treinta mil millones.
Esto plantea, tal como lo reconoció el presidente Alberto Fernández hoy mismo, un “horizonte despejado”, para el mediano y el corto plazo que, hasta ayer, estaba ensombrecido por el pago de más de 25 mil millones que había que hacer este año y compromisos por 45 mil millones para 2023 y 2024.
Entonces, por un lado, el gobierno consiguió una quita importante en los intereses, al tiempo que desactivó la bomba de tiempo que Mauricio Macri le dejó con los vencimientos impagables comprimidos de aquí a 2023.
Pero asimismo, el acuerdo debería ayudar a que se descomprima la demanda de dólares, lo que ayudaría equilibrar la brecha existente entre el mercado ilegal y el administrado por el Banco Central, que durante las últimas jornadas superó el ochenta por ciento.
Ahora el ejecutivo podrá disponer de más recursos para reforzar las políticas contracíclicas que caracterizan su estrategia de gestión de la pandemia, pero también para establecer los pilares del acuerdo económico-social que tiene como paradigma de su gobierno.
Vale recordar que, hasta ahora, Argentina dedicó cerca de seis puntos de su PIB a inversión social y de apoyo productivo, para enfrentar las restricciones que impone la pandemia.
Aunque se trata de una inversión moderada, esto comenzaba a poner estrés a las finanzas públicas que ahora, sin el corsé de los vencimientos postergados, se descomprimen al menos un poco.
Así las cosas, con el frente externo mejor ordenado por el acuerdo, el ejecutivo tiene ante sí la oportunidad de retomar -incluso en medio de la pandemia- la agenda que postuló durante la campaña electoral que pone el foco en la constitución del Consejo Económico Social.

¿Quién paga?

Tal como explicó varias veces NP, la pandemia ayuda a que el sistema disimule el momento grave que atravesaba la crisis capitalista, tal como quedó expuesto -sobre todo- durante el segundo semestre de 2019.
Para resumirlo. La crisis de sobreproducción fue determinante para el estallido de 2009 y es, entre otras cosas, una expresión de la crisis sistémica que atraviesa el capitalismo.
Hasta ahora esta situación se saldó -básicamente- por medio de la expulsión de millones de trabajadores del sistema productivo y la extrema financierización con su correlato, la toma de deuda por parte de formaciones estatales que así delegan soberanía económico-financiera y política.
Vale recalcar que hablar de sistema financiero global, es hacerlo de una de las facciones -la más exitosa- que protagonizan la pugna por la preeminencia hacia adentro del capitalismo. Su paradigma es un planeta en el que las formaciones estatales deleguen su soberanía económica y política en los principales actores de la corporación financiera.
Así las cosas, la imposición de deuda explica su dinámica de expansión: un formidable negocio para esa compleja trama que se puede definir como “la banca”.
Merced a la imbricación que la banca tiene con los complejos militar-industrial, tecnológico, del entretenimiento y la massmedia, retroalimenta al sistema capitalista como herramienta para imponer un modelo de “crecimiento” económico y simbólico de dominación. Y, encima, mientras tanto los intereses la multiplican exponencialmente.
Queda claro que es importante entonces sacarse de encima, al menos, parte de esta presión que el actual gobierno heredó como consecuencia de la desmesurada toma de deuda y fuga de divisas que se perpetró durante la Presidencia Macri.
Con este complejo telón de fondo, el gobierno acaba de cerrar un acuerdo que involucra a la parte más urgente de los vencimientos de la deuda pública con fondos de gestión de inversiones globales. La quita es importante, lo que hace que el acuerdo sea satisfactorio para Argentina, dada la actual correlación de fuerzas.
Pero esto de ningún modo debe disimular que se trata de una deuda ilegal e ilegítima que fue contraída por una banda liderada por Mauricio Macri, en complicidad con agentes económicos y políticos que están muy por encima del ex presidente.
Pero además, que esta banda operó desde el Gobierno a partir de intereses concretos de su propia clase y dejó un muerto descomunal que para que se hagan cargo, fundamentalmente, los trabajadores.
De ahí que sea imprescindible no naturalizar esto y señalar quiénes ganan y quiénes pierden, también en esta historia.
¿Pero por qué es el pueblo, sobre todo los más pobres, quienes deben pagar la deuda privada? Aquí, una vez más, la respuesta es que el capitalismo siempre privatiza los beneficios y socializa riesgos y deuda.
Por eso, también una vez más, se vuelve preciso establecer una agenda diferente, que sin dudas debe construirse desde abajo, para evitar que –otra vez- dentro de diez o veinte años debamos estar hablando de lo mismo. Porque si el capitalismo sólo puede ofrecer este tipo de cosas, será hora de comenzar a cambiarlo y hacerlo por formas no capitalistas.