Impuesto a las grandes fortunas

Por medio de una solicitada, intelectuales, rectores de universidades públicas, directores y miembros de institutos de ciencia y tecnología, representantes de gremios docentes, no docentes, estudiantiles y de trabajadores de la ciencia instaron al Congreso a abordar el debate del proyecto por el que se pretende establecer un impuesto a las grandes riquezas.
Vale recordar que la iniciativa presentada por el diputado Carlos Heller, busca establecer por única vez un gravamen sobre la fortuna de alrededor de doce mil personas, con lo que estima que se recaudaría alrededor de tres mil millones de dólares, que se destinarían a solventar gastos derivados del esfuerzo estatal para enfrentar la pandemia.
La solicitada que sostiene que es preciso que el proyecto se convierta en Ley para distribuir los costos de la salida de esta crisis sanitaria, económica y social, fue firmada por Adolfo Pérez Esquivel, Beatriz Sarlo, Adrián Paenza, Alberto Kornblihtt, Dora Barrancos, Mario Pecheny, Fernanda Beigel, Maristella Svampa y el integrante de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU. Gabriel Rabinovich, entre otros.
El texto hace hincapié en que la concentración de la riqueza es un problema estructural en Argentina. “El diez por ciento más rico de la población obtiene ingresos 2.215 por ciento más elevados que el diez por ciento más pobre” y que “el quintil más rico de la población obtuvo la mitad de los ingresos del país”, recuerda.
Tras lo que cita que trabajos publicados por la revista Forbes en 2019, que señalan que la fortuna total de las cincuenta personas más ricas de Argentina, es de alrededor de 57.340 millones de dólares.
Pero asimismo, recuerda que de acuerdo a los relevamientos de la UCA, a diciembre de 2019 el 40,8 por ciento de quienes viven en Argentina estaban por debajo de la línea de pobreza y el 8,9 por ciento ni siquiera podían superar la línea de indigencia.
Además advierte que para este año, de acuerdo a la Cepal, el PIB de nuestro país va a registrar una caída del 6,5 por ciento y que, en este contexto, el Estado dispuso medidas tendientes a sostener los ingresos de los trabajadores y evitar el cierre de empresas, lo que representa “una inversión que equivale a casi el tres por ciento del PBI”.
Y que a esto debe sumarse el costo de los refuerzos presupuestarios que realiza el ejecutivo en el área de salud para aumentar la capacidad de respuesta del sistema sanitario.
De ahí que la solicitada recalque que la propuesta de aplicar un impuesto a las grandes riquezas es “fuente de financiamiento para recomponer la economía y el tejido social”, teniendo en cuenta la “caída proyectada del PBI y la necesaria expansión de la inversión pública”.
El texto concluye instando a recuperar el valor de la solidaridad y a pensar un modelo de gestión de esta crisis “que no excluya y que se preocupe de todas las personas que hoy están sufriendo las consecuencias de esta pandemia”. Y resalta que por eso es preciso que se avance en el impuesto que propone el proyecto, al tiempo que esto permita “sentar las bases de una Argentina sostenible y socio-ambientalmente justa para afrontar los desafíos del futuro”.

Caballeros

Pero la iniciativa que apoya la solicitada no es la única que plantea un abordaje a esta problemática. Senadores del PRO presentaron un proyecto de ley que propone que quienes tienen patrimonios desde los doscientos millones de pesos, realicen una contribución optativa para responder a la situación provocada por la pandemia.
La iniciativa pretende crear un aporte extraordinario por única vez por medio del cobro de una alícuota de 2,5 por ciento “sobre el valor total de los bienes” registrados dentro y fuera del país.
A diferencia de la otra iniciativa, en este caso no se habla de impuesto, sino de aporte a rubros específicos como la adquisición de bienes de uso. Asimismo, prevé aumentar los límites a las deducciones para incentivar donaciones a instituciones de bien público.
Esta “invitación” tal como la definieron desde el mismo bloque legislativo, se parece mucho a los “pactos de caballeros” que el Gobierno Cambiemos promocionó como receta para evitar despidos y controlar precios.
Los resultados de esos pactos están a la vista, pero también lo está la reacción corporativa que desde el universo del capital presiona para flexibilizar el abordaje que enfrenta a la pandemia a partir del aislamiento preventivo, social y obligatorio, así como para que se diluya el proyecto presentado por Heller.
Desde la Asociación Empresaria Argentina y el Foro de Convergencia Empresarial, respaldan las políticas por las que el Estado paga parte de los salarios de los trabajadores de las empresas que las integran. Pero coinciden a la hora de volver con la letanía de que cobrarles impuestos atenta contra la inversión.
Queda claro entonces que, otra vez, el problema es quién paga el costo de una crisis que ya estaba y la pandemia hizo que se visibilizara desde su cara más cruel.
Pero también es evidente que para que el Estado pueda intentar que el esfuerzo se reparta de una forma relativamente equitativa, tiene que revisar su matriz impositiva y, ante la urgencia, cobrar algún impuesto extraordinario a quien puede pagarlo.
Pero para ambas cosas, es preciso contar con una adecuada correlación de fuerzas, por eso, desde que el capitalismo se convirtió en un sistema-mundo, hablar de economía, es hablar de política.