Con Patricia Bullrich como principal operadora, por estas horas Senadores debatía el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para avanzar en la extranjerización de la tierra y eliminar regulaciones soberanistas y medioambientales. En la siguiente columna, el historiador Horacio López analiza un nuevo capítulo de esta Argentina de remate, enmarcado en la ofensiva imperialista en el continente y con la Patagonia como botín principal.
Con la realidad que se ha impuesto en la Argentina, como consecuencia de un gobierno lacayo de EE.UU., con un presidente como Javier Milei que es el virrey más dispuesto a entregar todo lo que le interesa y sirva al poder de Donald Trump, la Patagonia está siendo codiciada, como nunca antes, por los intereses imperialistas.
Según los datos consolidados del Censo Nacional de Población 2022 la densidad poblacional de la Patagonia argentina es sumamente baja, promediando aproximadamente 1,47 habitantes por kilómetro cuadrado. A pesar de que el territorio patagónico representa alrededor de un tercio de la superficie continental total del país (más de 930.000 km²), allí habita apenas cerca del 6% de la población argentina total. En un mundo cuya población actual ronda las 8.300.000 personas y que las proyecciones indican que llegará a los 9.700 millones en el 2050, pensar un territorio despoblado como nuestro sur es aceptar que tarde o temprano será invadido y ocupado por los nuevos colonizadores, si un supuesto futuro gobierno soberano no toma medidas para evitarlo y usufructuarlo él. Salvo las concentraciones urbanas como las del Alto Valle del Río Negro, ciudades costeras e industriales como Comodoro Rivadavia o Puerto Madryn, o centros turísticos como Bariloche y San Martín de los Andes, el resto es un grandioso desierto que contiene innumerables recursos naturales.
Este gobierno de la Libertad Avanza elimina restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, incluso en áreas de importancia estratégica o de fronteras. Logra imponer leyes en el Congreso, como la del Súper RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) que facilitan esas entregas, así como crea las condiciones para que grandes capitales ligados a la alta tecnología, como la Inteligencia Artificial, puedan disponer de colosales cantidades de agua, necesarias para ese tipo de industria, que les permitan radicarse en la región patagónica.
Otro sector aliado al gobierno en esta cuestión de la entrega de soberanía es el grupo de gobernadores “amigos” que a cambio de las migajas que el Estado les da en adelantos que adeuda de aportes del Tesoro Nacional, de coparticipación de recursos tributarios o financiación de algunas obras públicas, y cancelaciones de deudas, instruyen a sus diputados y senadores a votar todas las propuestas del oficialismo libertario.
Objetivo del imperio: Desplazar a China
El gobierno de Milei, desde el comienzo, aprobó un enfoque de cooperación estratégica con Estados Unidos, a partir de acuerdos con el Comando Sur de aquel país, para atender : 1°) La minimización y, si fuera posible, la eliminación de la influencia de China en proyectos de infraestructura en la Patagonia. 2°) La disputa, también con el gigante asiático, por el control geopolítico y logístico de la puerta de entrada a la Antártida y del paso bioceánico como ruta alternativa al canal de Panamá.
Sobre el tema de la influencia de la República Popular China en la Patagonia están los mega proyectos de las represas hidroeléctricas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”, que lograron mantenerse a los tumbos por la necesidad financiera de Argentina de mantener el swap de monedas con el Banco Popular de China, destrabando un desembolso en febrero de este año de 250 millones de dólares. De todas maneras, la continuidad de ambos mega proyectos es incierta debido a las presiones estadounidenses. Otra obra china ya instalada en el sur de nuestro país comprende las instalaciones de la estación espacial de seguimiento terrestre, comando y adquisición de datos, incluyendo una antena para investigación del espacio lejano, en la provincia de Neuquén. La estación está ubicada en un predio de 200 hectáreas en la localidad de Bajada del Agrio, departamento de Picunches (Neuquén); cuenta con una antena parabólica de 35 metros de diámetro. La Embajada yanqui y los medios de comunicación a su servicio pusieron el grito en el cielo aduciendo que la estación china era en verdad una instalación de espionaje satelital. El escándalo que armaron obligó al entonces ministro de Defensa Luis Petri a anunciar que se haría una inspección en esta estación espacial para garantizar que “las actividades que se realicen estén en el convenio”. Las declaraciones coincidieron temporalmente con la visita a la Argentina de Laura Richardson, generala del Comando Sur de los Estados Unidos, quien se reunió con Petri. Obviamente que tal inspección demostró que las actividades que allí se realizaban eran las puramente científicas convenidas. No obstante, el embajador de Estados Unidos en Argentina en aquel entonces, Marc Stanley, dijo al diario La Nación: “Me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué”.
Luego, la agencia Noticias Argentinas emitió un comunicado de la Embajada de China en la Argentina en el cual se señalaba que “la Estación de Espacio Lejano en Neuquén es una instalación de cooperación tecnológica espacial entre China y Argentina. En lugar de los llamados militares mencionados, los científicos tanto de Argentina como de China tienen acceso al uso de esta estación para investigación científica”. O sea puro fuego de artificio.
La base naval integrada entregada
Dentro de la llamada “Nueva estrategia de Seguridad denominada la Gran América del Norte” de EE.UU. y la llamada irónicamente por el New York Post “Doctrina Donroe”, uniendo el nombre de pila del actual presidente con el apellido del presidente que decretara la “Doctrina Monroe” en 1823, las bases militares con pistas aéreas y los puertos en América Latina pasan a ser objetivos estratégicos. Es así que, por ejemplo, en Panamá el gobierno encabezado por Raúl Mulino anuló por presión de EE.UU. los contratos de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, que operaban un conglomerado vinculado a intereses chinos, refrendado por La Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional el contrato ley que mantenía la empresa Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings.
En Ecuador, si bien un referéndum de 2025 afirmó el rechazo a la instalación de bases militares, las Fuerzas Especiales de EE. UU. se las ingenian para desplegar comandos militares dentro de la estrategia regional conocida como "Operación Lanza del Sur" con el fin de interceptar “narcolanchas” y realizar patrullajes conjuntos. La nueva situación en el Perú actualiza la vieja aspiración estadounidense de intervenir en el diseño y construcción de la Base Naval del Callao, como para contrarrestar el mega puerto de Chancay, que se desarrolla con inversión china. La infraestructura de dicho puerto utiliza tecnología 5G y tiene aparatos de punta para la gestión de puertos, lo que convierte a Chancay en la instalación de su tipo más moderna de América Latina. El objetivo final de EE.UU. en este plano es que el nuevo gobierno expulse a las empresas chinas, como lo están haciendo en Panamá.
En el caso de nuestro país, si bien existe una base propia en Ushuaia, utilizada por la Armada para tareas de defensa, vigilancia marítima en el canal de Beagle, atención logística a las bases antárticas y tareas científicas propias y de asistencia a las de terceros países, el gobierno de Milei acordó, sin que el Congreso Nacional lo aprobara como manda la Constitución, concretar una Base Naval integrada con los Estados Unidos, anulando el proyecto de financiación de infraestructuras portuarias en Río Grande que existía con la República Popular China. El Pentágono, a través quien por entonces ostentaba la jefatura del Comando Sur , Laura Richardson, le echó el ojo a ese enclave ideal para controlar el paso bioceánico, necesario como alternativa al canal de Panamá. De hecho, Ushuaia fue parte del llamado “Ejercicio Operativo Tridente” en noviembre de 2025, entre las Armadas estadounidense y argentina; o sea que ya estaba en la mira.
Además, así como Trump persigue el objetivo de hacerse de Groenlandia para controlar la ruta polar ártica, desde Ushuaia se estará controlando la ruta y el continente Antártico. De manera que la OTAN, con bases en las Malvinas y Tierra del Fuego, tendrá poder decisivo en el dominio geoestratégico del Atlántico Sur. No solamente en el plano militar, sino también pensando en los recursos naturales como el petróleo, los minerales y tierras raras, la pesca y otros recursos que aparezcan en el futuro. La Argentina sigue siendo un aliado “extra OTAN”, pero este presidente pro Estados Unidos e Israel sueña con integrar directamente el país a la organización, sin el aditamento de “extra”.
Otro ex Jefe del Comando Sur de EE.UU., el almirante Alvin Holsey, visitó a Milei en abril de 2025 para activar definitivamente esa base naval integrada. Aprovechando el viaje, se interesó por la reactivación del radar instalado en la localidad de Tolhuin en Tierra del Fuego, que fuera frenado en el gobierno de Alberto Fernández por entender que las informaciones sobre el monitoreo de satélites, que era una de sus funciones, podría atentar contra nuestra seguridad nacional beneficiando a nuestro enemigo británico en Malvinas. Como dijera en un artículo el analista internacional Atilio Boron: “Para Milei y sus compinches la ´seguridad nacional´de Estados Unidos se convierte en ´nuestra seguridad nacional.´ Difícil encontrar en el mundo un gobierno tan antipatriota como el nuestro.”
Peligro sionista en el sur argentino
Desde que asumiera como presidente, Javier Milei militó su adhesión a los Estados Unidos e Israel; incluso ha declarado en una disertación en la Universidad Yeshiva en Nueva York que se siente “orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”. Ahí afirmó también que Irán es enemigo de la Argentina, para que sus aliados tomen nota de su fidelidad y compromiso, con lo que colocó al país en una zona de riesgo bélico gratuitamente.
Este mes se conoció la noticia de que el gobierno genocida de Israel había iniciado gestiones para instalar una representación diplomática en Ushuaia. La iniciativa fue confirmada por el propio embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, durante una entrevista con DNEWS. Dicho Consulado tendrá jurisdicción sobre la provincia de Tierra del Fuego, la Antártida y las islas del Atlántico Sur. Habría que suponer que la Antártida y las islas están llenas de ciudadanos israelitas que requerirían asistencia consular. Nada más lejos de la realidad. Hace tiempo comenzó a rodar una versión llamada “Plan Andina”, desmentida luego como una teoría conspirativa falsa y de carácter antisemita, que denunciaba un supuesto acuerdo entre los gobiernos de Argentina e Israel para instalar en la Patagonia una numerosa colonia judía israelita, la que contaría con tierras y subsidios otorgados por el gobierno nacional. No habría que hacerse eco de tal teoría conspirativa, pero la creación del Consulado mencionado, más el levantamiento de las prohibiciones para que los extranjeros puedan comprar tierras y que los campos incendiados puedan venderse, llaman la atención. No es descabellado pensar que los sionistas ultraderechosos, encabezados por el genocida de Benjamín Netanyahu, imaginen poder instalar una sucursal del “Gran Israel” en nuestro sur.
Sea por Estados Unidos, por Israel, o por la permanente enemiga Gran Bretaña desde Malvinas, nuestra soberanía está en peligro. Y lo estará cada vez más, a medida que pase el tiempo, en un mundo superpoblado, donde las grandes regiones ricas en recursos naturales e importantes geoestratégicamente, sean codiciadas por potencias imperialistas, y gobiernos cipayos como el de Milei lo permitan e incluso lo alienten.
