El Grupo Efecto Positivo, integrado por personas que viven con VIH, hepatitis virales y tuberculosis y que reivindica el acceso universal a los medicamentos, advirtió sobre las consecuencias negativas del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca suscripto por el gobierno de Milei con EE.UU. “que genera monopolios y bloquea el acceso a los genéricos”. Desde Cicop, Pablo Torres, agregó que el gobierno nacional “considera que los medicamentos son una mercancía más y actúa en consecuencia”.
“Un Escudo para la Salud” es el nombre que lleva la campaña lanzada por la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), que forma parte de la Mesa Multisectorial “No al Acuerdo Argenina-EEUU”, espacio soberanista que nuclea a sindicatos, asambleas, movimientos sociales, organizaciones ambientalistas y distintos actores de la sociedad civil en rechazo a este tratado firmado en febrero, a 20 años del No al ALCA.
Inspirado en aquella iniciativa imperialista sobre la región que fuera enterrada en Mar del Plata, este nuevo acuerdo promueve la imposición de los intereses estadounidenses sobre nuestra legislación local y nuestro desarrollo soberano en áreas claves de la economía. En el texto firmado por el gobierno de Milei y redactado por el de Trump, que debe ser tratado en el Congreso para su aprobación o su rechazo, Argentina asume a priori obligaciones concretas para adaptar una larga serie de normativas a la carta de Washington, facilitando sus inversiones y garantizando condiciones favorables para empresas estadounidenses, al tiempo que, por otro lado, EEUU no adopta ningún compromiso equivalente con nuestro país.
Su alcance impacta de lleno sobre la capacidad del Estado Nacional con el objetivo de limitar o directamente suprimir la regulación sobre el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias, políticas ambientales, desarrollo de la industria tecnológica, economía digital y recursos estratégicos como la energía, el litio y otros minerales críticos.
Desde la Fundación Grupo Efecto Positivo, un colectivo en defensa de la salud y del derecho al acceso universal de los medicamentos creado en 2006 por pacientes que viven con VIH, hepatitis virales y tuberculosis, se envió a los legisladores nacionales información detallada y un análisis técnico que da cuenta del peligro que conlleva el convenio firmado en febrero por la Presidencia Milei que, entre otras concesiones, estipula que nuestro país debe aceptar las aprobaciones de comercialización de la “Food and Drug Administration” estadounidense como prueba válida para el reconocimiento farmacéutico en el mercado local.
Al respecto, el GEP alertó que esta nueva iniciativa con la que se resgina soberanía y control estatal, atenta contra el acceso a medicamentos y pone de relieve datos contundentes acerca del ahorro que generan los medicamentos genéricos, por lo que demanda que los diputados y senadores voten contra “las exigencias abusivas de las corporaciones de EE.UU.” habilitadas por el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI), con el que se busca “generar monopolios, encarecer los medicamentos y bloquear el acceso a los genéricos”.
Su denuncia tiene lugar ante la inminencia del tratamiento parlamentario del ARTI (por sus siglas en inglés), en medio de un compás de espera para que el régimen de Donald Trump termine de ajustar (siempre a su favor, claro) las imposiciones arancelarias para los productos argentinos que eventualmente lleguen a su país en los marcos de este acuerdo sumamente desigual. Tal como lo sostiene la Campaña Nacional “Un Escudo para la Salud”, lo que pretende Estados Unidos es imponer estándares de propiedad intelectual que van más allá de los compromisos asumidos por nuestro país en el marco multilateral de la Organización Mundial del Comercio, así como también cláusulas que obligan a la modificación de leyes nacionales en áreas críticas para priorizar la rentabilidad de corporaciones transnacionales, “lo que representa una vulneración directa del derecho constitucional a la salud”, entre otros tantos derechos vulnerados.
El impacto negativo va todavía mucho más allá, ya que estas cláusulas del texto acordado “afectan de manera crítica la privacidad y la protección de los datos personales y biológicos de los ciudadanos, y avanzan peligrosamente sobre el sector agrícola, restringiendo los derechos históricos de los productores sobre el uso de semillas y variedades vegetales”.
Asimismo, la Fundación GEP denunció que para beneficiar a corporaciones transnacionales, el proyecto en cuestión pone como condición que el país desmantele definitivamente sus mecanismos soberanos de regulación y concesión de patentes farmacéuticas. “Este acuerdo es una hoja de ruta dictaminada por EE.UU. y exige a la Argentina que subordine las políticas de salud colectiva a las reglas comerciales del mercado, eliminando las herramientas con las que protegemos el derecho a los medicamentos”. E insistió con que no se trata de una simple desregulación arancelaria, ya que es más bien “un cepo normativo que prioriza la rentabilidad corporativa por encima del derecho a la Salud y el bienestar general”. Es por eso que desde el GEP recalcaron que su aprobación significaría “desmantelar los resortes con los que el país protege su ciencia, su producción y a su gente”.
Como otra de las graves consecuencias que trae aparejada este negociado que tiene en agenda el gobierno argentino a favor de los capitales estadounidenses y transnacionales, el Grupo Efecto Positivo señaló “el perjuicio directo para el bolsillo de los argentinos y el presupuesto de todos los subsistemas de salud: sector público, obras sociales y prepagas”, porque sencillamente, tal cual subrayó, si se lo aprueba “perderemos estas salvaguardas de salud pública que funcionaban como escudo frente al abuso de las corporaciones transnacionales, desatando la proliferación descontrolada de monopolios farmacéuticos artificiales y el bloqueo sistemático al acceso a medicamentos genéricos de calidad a precios asequibles”.
Milei nos está matando
El psicólogo Pablo Torres integra la Corriente Nacional Agustín Tosco, además de ser secretario de Capacitación de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), y recordó ante este escenario que, en líneas generales, los sanitaristas coinciden en que del total de los fondos que en Argentina se destinan a sostener la salud, entre un treinta a un cuarenta por ciento corresponde a la compra de medicamentos. Esto incluye los gastos que hace el Estado en sus distintos niveles, así como los de la seguridad social y los del sector privado.
“El gobierno de Milei, coherente en esto con sus políticas más generales, lejos de considerar al medicamento como un bien social esencial que el Estado debe garantizar, lo considera una mercancía más y actúa en consecuencia”, lamentó Torres. Para reafirmar su opinión, indicó que el gobierno “desreguló el precio de los medicamentos, lo que explica que los argentinos pagamos por el mismo medicamento mucho más que lo que se paga en Europa o en otros países”.
En simultáneo, recordó que “acabó con la política del Pami de entregar medicamentos sin cargo a los jubilados, lo que sumado a las magras jubilaciones que perciben, determina que buena parte de estas personas se haya visto forzada a abandonar o reducir sus tratamientos”. Acerca de esta política criminal, detalló que “tratándose de personas mayores, muchas veces con patologías crónicas, condujo al aumento de muertes y sufrimientos evitables y a mayores costos para la salud pública, porque siempre resulta más cara una internación a la que forzosamente se llega por abandonar los tratamientos”.
En esta línea, Torres hizo referencia al “brutal recorte del Programa Remediar que abastecía de medicamentos gratuitos en centros del primer nivel de atención para patologías prevalentes, que ha sido otro golpe letal en la misma dirección”. A su vez, manifestó que la Presidencia Milei “arrasó con la Ley de Investigación y Producción Pública de Medicamentos como bienes sociales, la Ley 26.688/2011, y con la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos creada en 2014 mediante la Ley 27.113, herramientas que apuntaban a coordinar los esfuerzos que distintos organismos de producción pública de medicamentos”.
Se trata de cuarenta organismos distribuidos en todo el país dependientes de provincias, municipios, universidades nacionales y de las Fuerzas Armadas “para organizar y planificar su funcionamiento en red con el propósito de abastecer a hospitales y centros de salud, de medicamentos de probada calidad y eficacia para cubrir la mayoría de las enfermedades prevalentes a valores varias veces inferiores a los que ofrecen los laboratorios privados multinacionales y de origen nacional”. Esa articulación desmantelada, afirmó el dirigente de la Cicop, representaba “una manera de intervención estatal en el mercado para obligar a bajar los precios a los laboratorios privados”.
En medio de este contexto adverso, destacó la decisión del gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, de avanzar por medio de un proyecto de ley, hacia la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, “una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que representa un paso que, de poder consolidarse, va en la dirección correcta”.
Por otra parte, Torres apoyó la denuncia que hizo el GEP, ya que remarcó que “sale al cruce de un acuerdo que significa una vuelta más de tuerca en este camino de ataque frontal al derecho a la Salud de nuestro pueblo, a través de una serie de concesiones a las multinacionales farmacéuticas para allanarles el camino para arrasar con la producción de medicamentos genéricos y continuar manejando el mercado del sector a su antojo”.
A partir de lo cual, explicó que quieren justificar el ARTI con el argumento de que se basa en una presunta protección de la propiedad intelectual, “pero se ha demostrado de manera contundente que la industria gasta muchísimas veces más en publicidad que en investigación y desarrollo, donde no hacen más que parasitar los avances que producen las universidades estatales y otros organismos públicos de ciencia y técnica”.
Frente a la arrolladora ofensiva antipopular en marcha, concluyó finalmente que “ya va siendo hora de ir perdiendo la paciencia y salir a pelear para defender todos nuestros derechos, porque el gobierno de Milei nos está matando”.
