Se llevó a cabo un encuentro de la Multisectorial de Jubilados y Jubiladas en Defensa de la Seguridad Social de cara a la jornada del miércoles venidero.
La sede de la CTA de los Trabajadores fue el lugar elegido para que se lleve a cabo un encuentro de la Multisectorial de Jubilados y Jubiladas en Defensa de la Seguridad Social, en el que se ultimaron aspectos vinculados a la participación en la jornada de paro y movilización del miércoles que viene, convocada para rechazar el DNU 70/23 y el proyecto de Ley Ómnibus.
“Esta reunión es importante porque es el comienzo de la unidad de las organizaciones de jubilados y jubiladas”, indicó la secretaria de Previsión Social de la CTA Nacional, Sandra Zapatero, quien fue clara cuando insistió con que estos espacios multinacionales son espacios de unidad que son “fundamentales para enfrentar a este gobierno neofascista que nos quiere imponer un DNU y un proyecto de ley ómnibus que no es más que un plan de negocios para unos pocos”.
El encuentro tuvo lugar en un escenario en el que por medio de la iniciativa denominada Ley Ómnibus, Javier Milei, pretende establecer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, algo que enciende luces de alarma sobre todo después de repasar la información que suministra el Ministerio de Economía respecto al camino que se propone recorrer para reducir el déficit. Ahí es claro cuando dice que medio punto del PBI que espera pasar por la motosierra, lo piensa obtener recortando jubilaciones.
Y fundamentalmente intenta liquidar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, algo que no hace mucho fue confirmado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, ante el plenario de comisiones reunido en la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley ómnibus que el gobierno denomina “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, plantea que se transfieran los activos del FGS al Tesoro Nacional, para que de acuerdo con lo que asevera Quirno, el Gobierno pueda consolidar la deuda del sector público de manera más eficiente.
Pero lo cierto es que la realidad es contundente y la medida lo que busca es, sencillamente, transferir al sector privado un fondo del alrededor de 72 mil millones de dólares que posee acciones de empresas líderes como bancos, energéticas y exportadoras, además de títulos públicos y préstamos a provincias.
Y, más allá de lo que pueda pasar con el proyecto que analiza el Congreso, el ejecutivo ya dio el primer paso para a entrega y lo hizo bajándole el precio, cuando recalculó la forma en que se valúan los activos del Fondo, para lo que dibujó una cifra de 32.600 millones de dólares. Pese a lo que digan desde el gobierno, pese a las variaciones tuvo el Fondo registra un aumento del 72 por ciento en su valor en dólares entre fines de 2019 y junio de 2023.
Con este telón de fondo, un reciente informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, hecho por pedido de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del legislativo, da cuenta de que si prospera la suspensión de la fórmula de movilidad vigente y continúa sin haber recomposición del haber jubilatorio, este año la pérdida del poder adquisitivo del sector se puede catapultar al setenta por ciento.
