La ofensiva global desatada durante el Mundial 2026 buscó reducir a la Argentina a una caricatura racista y excluyente. Pero esa operación, reduccionista y artera, amplificada por redes y figuras públicas, oculta una verdad decisiva: la auténtica campaña antiargentina se despliega desde el propio gobierno de Javier Milei, cuyas políticas profundizan la dependencia, erosionan la soberanía y atacan al pueblo.
La Argentina puede pensarse como una sociedad atravesada por tensiones raciales y, de manera más decisiva, por una lógica profundamente clasista. Históricamente, sus clases dominantes y amplios sectores de las capas medias han construido una autoimagen asociada a la blancura, a Europa y a una supuesta excepcionalidad civilizatoria, en la que lo indígena, lo afro y lo popular fueron sistemáticamente invisibilizados o relegados a los márgenes. Esta matriz no solo organizó jerarquías sociales y culturales, sino que también instituyó formas persistentes de exclusión y desprecio. Pero, al mismo tiempo, la Argentina —ese universal siempre inestable que condensa múltiples expresiones particulares— contiene una historia compleja de inmigración, integración y conflicto, en la que, junto con las violencias ejercidas contra inmigrantes y pueblos originarios, se desplegaron también procesos de mestizaje, movilidad social y, sobre todo, de configuración de tradiciones de lucha contra el colonialismo, el imperialismo —británico y yanqui—, contra las clases terratenientes y el gran capital. Tradiciones en permanente proceso de rearticulación y actualización, con contradicciones y desigualdades internas, pero en las que, con dificultades, distintos sectores sociales han conquistado una conciencia de sí mismos, produciendo sentidos, formas de vida y horizontes de pertenencia a una patria que no es la de los racistas, entreguistas y cipayos.
En esta compleja y contradictoria historia, el gobierno de Javier Milei condensa lo peor de esa tradición nacional oprobiosa: la herencia de la llamada “Conquista del Desierto”, la persecución sistemática a los trabajadores, la entrega de la soberanía económica, territorial y política, la reivindicación del plan económico de la última dictadura cívico-militar —e incluso de sus crímenes de lesa humanidad— y el retroceso en conquistas fundamentales de derechos civiles como el matrimonio igualitario o el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, hitos que hicieron de la Argentina un país más democrático aun en el marco de su carácter dependiente y de sus límites burgueses. Esa condensación no es abstracta: se expresa en políticas concretas que reponen jerarquías, disciplinan a las mayorías y subordinan el interés nacional a las exigencias del capital transnacional.
Sobre este trasfondo, la llamada “campaña antiargentina” que se desplegó durante la Copa Mundial de Fútbol 2026 adquiere otro espesor. Lo que apareció como una denuncia global del supuesto racismo excepcional del país —sostenida por figuras del espectáculo, la cultura y la política internacional, y amplificada por redes y medios— no fue más que una simplificación brutal de una realidad histórica compleja. La sociedad argentina fue reducida a una caricatura homogénea, blanca, xenófoba y supremacista, borrando de un plumazo sus conflictos internos, sus tradiciones de lucha y su heterogeneidad constitutiva. Esa operación ideológica, que se presenta —fundamentalmete desde países con una profunda tradición colonialista y racista— bajo el ropaje del antirracismo, termina por reproducir una lógica que dice combatir. Toma la parte por el todo, identifica a un país con sus élites y cancela la existencia de su pueblo como sujeto histórico. Al hacerlo, no solo falsea la realidad, sino que habilita una forma de condena abstracta que resulta funcional a intereses geopolíticos y económicos que poco tienen que ver con la defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, sería un error limitar el análisis a esa dimensión externa. Porque si la caricatura global encuentra condiciones de posibilidad, es en buena medida por la orientación del propio gobierno argentino. La verdadera campaña antiargentina no se articula únicamente en las redes sociales del Norte global, sino en las decisiones concretas que, día a día, lesionan la soberanía nacional y degradan las condiciones de vida de las mayorías.
En el plano internacional, el alineamiento irrestricto con los Estados Unidos y el apoyo explícito al Estado de Israel incluso en el contexto de un genocidio en Gaza colocan a la Argentina en una posición de aislamiento respecto de amplios sectores del mundo. Esa política exterior no expresa la voluntad del pueblo argentino, históricamente solidario con las luchas de los pueblos oprimidos, sino la subordinación de su gobierno a intereses ajenos. Que, en ese marco, el país sea asociado con esas posiciones es comprensible; lo que resulta inaceptable es que esa asociación se proyecte sobre la sociedad en su conjunto.
En el plano interno, la contradicción alcanza niveles extremos. Mientras se despliegan políticas de persecución hacia inmigrantes de países limítrofes junto al Gobierno de la Ciudad —con operativos policiales en barrios populares y centros urbanos, y con un discurso que los asocia sistemáticamente con la delincuencia—, se promueve simultáneamente una apertura irrestricta a la extranjerización de la tierra y de los recursos estratégicos. La posibilidad de que capitales extranjeros adquieran sin límites territorios, empresas y activos clave revela con nitidez el sentido de la política oficial: la soberanía se flexibiliza para el gran capital mientras se endurece contra los sectores populares.
A esta orientación se agrega una degradación consciente del debate público. En lugar de desarmar la estigmatización internacional, las principales usinas discursivas del oficialismo la profundizan mediante una retórica de confrontación que reactualiza componentes del racismo, el antifeminismo y el anticomunismo más primario. En ese registro se inscribe el propio gobierno de Milei. Sus ideólogos, como Santiago Caputo y Agustín Laje, y sus voceros, como Lilia Lemoine, no hacen sino avivar el clima, ensayando supuestas “defensas” de la Argentina que en los hechos se traducen en ataques sistemáticos contra la izquierda y el marxismo, con la reproducción de discursos de odio de matriz antifeminista, racista e incluso de resonancias abiertamente reaccionarias. De “este lado”, voces públicas con cierta llegada como la de Pedro Rosemblat se suman a ese coro, pero desde la trinchera de un nacionalismo que siempre se torna reaccionario. Así, bajo la coartada de “defender” al país, se arremete contra el movimiento feminista, las organizaciones populares y toda expresión crítica, consolidando hacia adentro y hacia afuera la imagen de una Argentina intolerante y regresiva.
En este sentido, el gobierno de Milei no solo no combate la llamada campaña antiargentina, sino que la alimenta. La legitima con sus prácticas y la profundiza con su discurso. Pero, sobre todo, despliega su propia campaña contra la Argentina real: la de los trabajadores, la de los migrantes, la de las mujeres y diversidades, la de los pueblos originarios, la de quienes, en condiciones adversas, siguen sosteniendo y recreando tradiciones de lucha y de solidaridad.
De allí la necesidad de una delimitación precisa. Argentina no puede ser reducida a la imagen que proyectan sus clases dominantes ni a las políticas de su gobierno de turno. Como todo universal, es una totalidad en disputa, un proceso histórico abierto en el que se enfrentan proyectos antagónicos. Por un lado, el de quienes promueven la entrega, la exclusión y la subordinación; por otro, el de quienes luchan por una patria soberana, igualitaria e inclusiva.
La tarea, entonces, no es defender una esencia abstracta de “lo nacional” frente a críticas externas, sino recuperar y profundizar aquellas tradiciones que han hecho de la Argentina un país capaz de ampliar derechos, de integrar a millones y de resistir las múltiples formas de dominación. Frente a la caricatura global y frente a la ofensiva interna, se trata de afirmar que nuestro país—plurinacional— no es el de los racistas, entreguistas y cipayos, sino el de su pueblo en lucha. Esa es, en definitiva, la verdadera línea divisoria. Y también el punto de partida para desmontar, en todos los frentes, la auténtica campaña antiargentina. Porque nuestro pueblo está mucho más cerca de la resistencia del pueblo afrodescendiente de Estados Unidos o de las generaciones de palestinos luchando contra el Apartheid que de los opresores que señalan con el dedo las contradicciones de nuestra sociedad, que como tales —no puede ser de otra manera— están a la luz del día y también hay que luchar por asumirlas y superarlas.
