Lo realizó la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Sala II de La Plata, al hacer lugar a una presentación que llevó a cabo la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, se suspende temporalmente el proceso de privatización de la empresa estatal que brinda servicio de agua potable a CABA y a … distritos bonaerenses. La medida provisoria exhorta a la compañía a no suspender ni limitar este servicio básico, garantizando su acceso a todos los usuarios.
Por medio de un fallo que lleva las firmas de los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Sala II de La Plata, hizo lugar a una presentación que llevó a cabo la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y suspendió, al menos por el momento, la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), ya que estableció que la empresa debe abstenerse de modificar, reducir, limitar, suspender o alterar sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública y la protección del ambiente. Al mismo tiempo, resolvió que la causa debe continuar bajo la órbita de la Justicia Federal.
Tal determinación fue dada a conocer en momentos en los que la Presidencia Milei avanza con el proceso de privatización de la empresa que provee del servicio de agua y cloacas a Ciudad de Buenos Aires y veintiséis partidos de su conurbano, territorio donde suma alrededor de 3,7 millones de usuarios.
De esta forma, en tanto no exista una resolución acerca del fondo de la cuestión, la empresa no puede avanzar con modificaciones que impliquen un retroceso en sus obligaciones de servicio y, por lo tanto, tendría que establecer un paréntesis en el proceso por el que para mañana martes 15 de septiembre, el gobierno nacional había establecido la fecha tope para la presentación de propuestas de quienes estuvieran interesados en quedarse con el noventa por ciento de las acciones de la compañía, maniobra con la que espera recaudar alrededor de 450 millones de dólares.
Si bien la resolución no anula el proceso de privatización de AySA, lo que hace es poner límite a la aplicación del contrato de concesión derivado de lo establecido por la Ley Bases y el posterior Decreto 494 que habilitó la entrega del noventa por ciento del capital societario de la compañía que, hasta ahora, está bajo control del Estado nacional, cuestionando así el marco regulatorio de la propia concesión.
La posición de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo vuelve a poner de relieve la lucha que viene llevando a cabo el colectivo integrado por diferentes organizaciones que bajo la consigna “El agua no se vende” se opone a esta privatización y lo hace por medio de actividades tendientes a visibilizar la problemática. Ahí participa el Partido Comunista, cuyo Secretario Sindical bonaerense, Emanuel Ríos, oportunamente recordó que AySA es superavitaria, por lo que lo que trata de hacer el gobierno nacional es “entregar una empresa que deja alrededor de un nueve a un diez por ciento de renta anual” algo que, puntualizó “es una barbaridad para una empresa de este tipo”.
Por eso es que Ríos, quien también es Subsecretario de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable del Suteba, resaltó que si se consuma el proceso privatizador de AySA que deriva de la aplicación del DNU 70/2023 y el Decreto 493/2025, “va a suprimirse el derecho humano al agua cuando” ya que, entre otras cosas, “se habilitan cortes del suministro en caso de que los usuarios tengan dificultades para pagar el servicio” y se vulneran los estándares de control de calidad del agua, “lo que tiene un severo impacto negativo en la salud de quienes la consumimos”.
