Roma no cree en lágrimas

Una cadena de mujeres que rezaban el Rosario, una “carpa del aguante” y un “tractorazo y bocinazo rural”, fueron algunos de los episodios más destacados de la cruzada que a mediados de 2020, convocó a buena parte de la localidad santafecina de Avellaneda que encabezada por su jefe comunal, el macrista Dionisio Scarpin, se puso la camiseta y dijo “todos somos Vicentin”.

Pero la respuesta a la intervención estatal decidida por el ejecutivo nacional a principios de junio de ese año, no se hizo oír sólo en la localidad donde está la planta madre de este holding. Patrocinada por lo más concentrado de los conglomerados massmediáticos, la Mesa de Enlace y el bloque político que encabeza el PRO, se multiplicaron cacerolazos y hasta un banderazo que recorrió algunas calles de la Ciudad de Buenos Aires (Ver Lo que natura non da, Salamanca non presta). Todo con la misma consigna.

Mientras tanto, invisibles para aquellos asumían ser Vicentin, en Reconquista, trabajadores se manifestaban a favor de la expropiación de la empresa que los había dejado agarrados del pincel y sin pagarle salarios. Eran casi quinientos operarios de la Algodonera Avellaneda que formaban parte del tendal que dejó la Vicentin, junto a pequeños productores y el Estado Nacional (Ver Vicentin, llueven los reclamos).

Pasó más de un año de todo esto y todavía sigue siendo improbable que el Poder Judicial se anime a meter la lupa sobre la línea que, vía el Banco Nación presidido por Javier González Fraga, une el desfalco de Vicentin con el Gobierno Cambiemos.

Y, menos aún sobre la que –si se la transita- inexorablemente conduce a pesos pesado de las finanzas globales como el Banco Mundial por medio de su Corporación Financiera Internacional, Rabobank, Natixis y Credit Agricole, así como a la mismísima BlackRock (Ver ¿La Ruta del Dinero V o la Ruta del Dinero MV?).

Pero al parecer, en esto también, la cuerda se corta por lo más delgado. Y, en esta runfla, lo más delgado es parte del Directorio de Vicentin a quienes la semana pasada, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Moreno, acusó por la comisión de los delitos de balance falso y estafas por alrededor de seiscientos millones de dólares, una bicoca al lado de los 18.500 millones que se pudo alzar este holding, gracias a la intervención del Gobierno Cambiemos.

Poco se sabe sobre el destino de ese montonazo de billetes, así cómo acerca de las motivaciones que tuvo Javier González Fraga para permitir que entre agosto y diciembre de 2019, casi ochocientos millones de dólares  pasen de las arcas del Nación, a una empresa que ni siquiera pudo presentar los avales que ese banco le exige a cualquier cliente que pide un préstamo.

Así las cosas, el juez penal de primera instancia Román Lanzón, confirmó la investigación penal preparatoria iniciada por el fiscal Moreno, pero aunque les retiró sus pasaportes, evitó dictar la prisión preventiva de Daniel Buyatti, Alberto Macua, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Roberto Gazze, Javier Gazze, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Vicentin, Yanina Boschi, Robertino Boschi, Omar Scarel, Miguel Vallaza, Raúl González Arceluz.

La decisión del magistrado fue celebrada con abrazos por los imputados que podrán seguir sus procesos desde sus respectivas casas. Pero quienes también festejaron y nunca dejaron de hacerlo, son los que al frenar el intento de intervención estatal, protegieron una estructura oligopólica que mediante una estrategia de integración vertical y horizontal, les facilita construir posiciones dominantes en toda la cadena de precios que acaba en las góndolas cuando –por ejemplo- se compra un paquete de fideos de tercera marca que apenas alcanza para engañar a la panza.

Es que todo este asunto está demasiado embadurnado, como para que pueda pensarse que la cosa sólo tiene que ver con una decisión de quienes ahora se sientan en el banquillo de los acusados y antes lo hicieron en un Directorio que vendió el 16,7 por ciento de las acciones que Vicentin poseía en Renova, al grupo de capitales suizos Glencore.

La operación se hizo el 2 de diciembre de 2019, pero sólo salió a la luz quince días más tarde y le dio hegemonía a la multinacional sobre la principal planta productora de harina y aceite de soja ubicada en Timbúes y la de biodiesel de San Lorenzo.

En este punto vale citar que una parte de Glencore es uno de los activos que gestiona BlackRock que, en su conjunto, administra activos y fondos valorados en más cinco billones de dólares. Y que dentro de ese paquete, aparece también una parte de Molinos Río de la Plata, que es una de las firmas que encabeza la resistencia a la Resolución 1050 y que, hasta 2014, era dueña de Renova. Revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados, diría el entrañable Discepolín.

Y entonces…pasaron cosas

La cosa funcionaba, ya que mientras que en sus balances Vicentin absorbía los pasivos que provocaba la deuda de Renova, las ganancias y los créditos que recibía para prefinanciar exportaciones, se iban por la canaleta que llevaba hacia empresas satélite -que poseían poco más que un domicilio fiscal en Paraguay, Brasil y Uruguay- que usaban para fugar esas divisas. Dinero que hoy debe estar a buen resguardo en alguna cloaca fiscal.

Pero un día dejó de funcionar y en el tendal quedaron pequeños productores que le vendieron de buena fe sus cosechas a Vicentin, trabajadores de las plantas de la firma y el Banco Nación al que le hicieron el Paga Dios. Pero también el pool de bancos que oportunamente presentó una demanda por el incumplimiento de pagos ante los tribunales de Nueva York.

Al grito de “Todos somos Vicentin”, el tilingaje cacerolero fue la masa de maniobra barata que hizo abortar el intento de que el Estado recupere a la empresa, para convertirla en una firma testigo que equilibre la intrincada cadena de valor de granos que acaba inflando los precios de góndola.

Y que, al mismo tiempo, le limpió el terreno a oligopolios que después de levantarla con pala y cuando la maniobra que estranguló a Vicentin no dio para más, se quedaron con el mercado y la infraestructura, que dejó la salida de Vicentin.

Todo esto implica un flor de negocio, ya que mientras se devalúa el precio original de Vicentin, los que se quedaron con el vacío que dejó su salida del mercado, ya hicieron su oferta para comprarla por medio de una capitalización.

Se trata de Asociación de Cooperativas Argentinas (ojo que de cooperativas tienen sólo el sello), Molinos Agro y Viterra Argentina que hasta hace poco se llamaba Oleaginosa Moreno Hnos. SA y pertenece (¡¡¡Síííí!!!) a la multinacional Glencore. Según se supo, se podrían quedar con los activos de Vicentin por algo así como quinientos millones de dólares pagaderos a partir de 2024. Y esto no es todo, ya que además de este changüí, pagarían en cómodas cuotas.

Como se ve, el Caso Vicentin explica con claridad cómo actúa el mecanismo oligopólico que incide letalmente sobre el precio de los productos de góndola como forma directa de transferencia regresiva de riqueza, pero también para imponer condiciones al Estado, respecto a gestión de la renta nacional. Esto es quiénes y cuánto se quedan de la torta.

De esto va el pustch sobre la decisión gubernamental de avanzar con la Resolución 1050 que, hoy por hoy, aparece como la herramienta táctica en la que La Rosada deposita buena parte de sus expectativas para ir saliendo del atolladero en el que lo puso la combinación de los efectos de la pandemia con la inmediatez de los vencimientos de la deuda con el FMI, en que metió al país el Gobierno Cambiemos (Ver La deuda y las deudas).

Así las cosas, desde la perspectiva más optimista, el Gobierno se plantea que los sutiles guiños que hubo durante el fin de semana en Roma, se conviertan en –al menos- verdaderas señales hacia “los mercados”, que hablen de un inminente acuerdo para el pago de la deuda con el FMI.

También que los resultados de las Legislativas exhiban una mejora del Frente de Todos (FdeT) respecto a los del 12 de septiembre, que permita mostrar músculo hacia quienes intentan imponer condiciones por medio de un golpe de mercado que, desde hace varios días, vienen preparando mediante la apuesta a la suba del precio del dólar ilegal que ensancha su brecha respecto a la inflación para forzar una “corrección”, algo que en castellano se llama devaluación (Ver ¿Cuánto tiempo más llevará?).

Pero asimismo un “resultado positivo” el 14 de noviembre, ayudaría a tranquilizar el clima del debate que tensiona hacia adentro de la coalición gobernante que, tal como explicitan sus máximos referentes, se basa en el intento de construir un acuerdo transversal y policlasista, que acerque posiciones entre los universos del trabajo y el capital.

La Secretaría de Comercio Interior evalúa como positivo el desarrollo de la Resolución 1050 a dos semanas de su puesta en marcha, y confía en que el interregno que pretende establecer el congelamiento de precios, sirva para que el Estado pueda acordar niveles de racionalidad para la estructura de precios, con todos los actores que intervienen en su formación.

Pero, para hacerlo, antes debe lograr descomponer trama existente en las cadenas de producción, costos y comercialización, lo que permitiría tener en claro en qué parte de esas cadenas se produce cada aumento y cómo impacta esto en el resto hasta llegar al precio de góndola.

Esto no es otra cosa que desenmarañar la trama que construye eso que dan en llamar “puja distributiva”, lo que no es otra cosa que un capítulo de la lucha de clases (Ver Puja distributiva ¿quién se come la torta?).

La tarea es difícil, porque se trata de meter en un proyecto productivista a jugadores que con la especulación son capaces de presionar para crear un escenario que propicie la devaluación, ya que como expone el Caso Vicentin esta cadena de valor está absolutamente imbricada con la extrema financierización que fomenta la proliferación de negocios especulativos sumamente volátiles, que acaban en la toma de deuda que se licua entre el conjunto de la sociedad (Ver ¡Es por abajo!).

De ahí que junto a herramientas como el Consejo Económico Social y el Consejo Agroindustrial, el Gobierno insista en que tras las Legislativas, espera establecer una mesa de acuerdo político que permita acordar una decena de lineamientos de tipo táctico y estratégico.

Los que ven el medio vaso lleno, señalan que una señal en tal sentido la dieron los veinte gobernadores que la semana pasada firmaron con la Nación un acuerdo para garantizar el control de precios en sus respectivas jurisdicciones. Los otros interpretan que las ausencias de Rodolfo Suárez y Horacio Rodríguez Larreta, hablan del escenario se va a profundizar tras las Legislativas, en el que el punto de referencia para crecer dentro del bloque de representación política que encabeza Juntos por el Cambio (JxC) es la radicalización del antagonismo con el Gobierno.

Es que gurkhas de Bullrich y Macri, libertarios de peluca y pelados, neodesarrollistas de Larreta y radicales que se proponen “volver a la cancha” de la mano de Facundo Manes, todos confían en que sea el gobierno que encabeza Alberto Fernández quien haga las “correcciones” macroeconómicas que dejarían el terreno más o menos estable, por lo menos por un tiempo, tal como pasó después del brutal ajuste que provocó el estallido de 2001.

Y, en esto, coinciden y operan a favor de los patriotas que hace un año se rasgaban las vestiduras por el intento de intervención estatal de Vicentin y, ahora, militan un golpe de mercado que consagre una devaluación que “corrija” la brecha existente entre el precio del dólar ilegal que inflan y el de los artículos indispensables para la subsistencia, que también inflan. Esta diferencia, totalmente ficticia, anda por el veinte por ciento, por lo que si la logran “corregir” al alza, va a significar devaluación y una transferencia regresiva de riqueza letal.

Me tomo cinco minutos…y me fumo 86 millones

“Si ganábamos la elección, arreglábamos la deuda en cinco minutos”, bravuconeó la semana pasada el mismo tipo que de cara a las elecciones de 2015, aseveraba que “una de las cosas más simples de hacer” era bajar la inflación.

Lo cierto es que su Presidencia acumuló una inflación del 267,5 por ciento y dejó una deuda externa de 227 mil millones de dólares de los que hay documentada una fuga de, al menos, 86 mil millones (Ver ¿Y dónde están los dólares?).

Y, aunque no explicó como hubiera hecho para pagar, la respuesta puede buscarse en la matriz conceptual que le confió a su amigote Vargas Llosa durante la cena organizada por la Fundación Libertad, en marzo de 2019. “Si ganamos iremos en la misma dirección, pero lo más rápido posible”, fue lo que prometido a su audiencia compuesta por más de mil empresarios, al anticipar la idea que hoy postula abiertamente toda la primera línea de JxC, cuando hace público su compromiso de avanzar en reformas regresivas en lo laboral y previsional, así como en los sistemas públicos, gratuitos y universales de Salud y Educación.

Los 86 mil millones de la deuda que nadie puede decir a dónde fueron a parar, explican cuál fue la contraprestación que recibió la banda que entró a La Rosada en 2015 para avanzar en la toma de deuda. Pero también qué sentido último tiene el mecanismo que fomenta el endeudamiento externo, como paso necesario hacia la delegación de soberanía de la formación estatal implicada hacia la instancia supranacional que regentea a la industria global del crédito financiero. Y esto garantiza dependencia a perpetuidad.

Este mes cae el segundo vencimiento del año de la deuda contraída por Mauricio Macri, sí el mismo tipo que dijo puede arreglar la deuda en cinco minutos. Pero lo cierto es que en el mundo real la cosa es más complicada.

Prácticamente la totalidad de los 4.334 millones de dólares que entraron este año a las arcas del Banco Central por la distribución de Derechos Especiales de Giro (DEG), acabaran por irse con este repago de capital e intereses del Stand By que perpetró el Gobierno Cambiemos.

Pero si esto fue difícil, lo que se viene para 2022 resulta imposible, ya que hay 24 vencimientos por capital, intereses y sobrecargos por un total de 19.115 millones de dólares. Y, para 2023, la cosa asciende a 19.367 millones.

Pero entre las sandeces que dijo la semana pasada Macri hay algo rescatable, ya que por primera vez reconoció públicamente la excepcionalidad que tiene el Stand-By que el FMI otorgó en 2018, pero asimismo, los motivos que tuvo el organismo multilateral para concederlo.

Así corroboró lo que ya había expresado Mauricio Claver, que fue el funcionario de más alto rango de Donald Trump para América Latina, quien declaró que el entonces presidente de EE.UU. utilizó su poder para que el FMI saltara su propia normativa y brindara a Argentina un crédito por más de 55 mil millones de dólares que supera los límites financieros que el propio estatuto del Fondo establece.

Y que lo hizo para favorecer a Macri, ya que eso garantizaba la defensa de los intereses geoestratégicos norteamericanos en la región, esto es lo inherente a la política de agresión a Venezuela y Cuba, pero también los geoeconómicos, es decir, el ajuste y reformas regresivas que aseguren el clima de negocios al que aspiran las empresas estadounidenses que tienen intereses en nuestro país.

Esto avala la tesis del actual gobierno argentino que señala que, si fue excepcional el préstamo, también debe serlo el modo de pagarlo. Y que si el Fondo se salteó todas sus normas para otorgarlo, también debe hacerlo a la hora de cobrar.

Pero como –hay que volver a repetirlo- desde que el capitalismo es un sistema-mundo, la economía es política, por lo cual la solución también en este caso, depende de decisiones políticas que se toman en un universo complejo que poco tiene de racional.

Juana o su hermana

El 31 de marzo acaba el plazo establecido por el puente que acordó el Club de París con Argentina para el pago de dos mil millones de dólares, que corresponden a un acumulado de deuda que data de varios años.

En principio ese pago estaba pautado para 2020, pero se postergó atado a la negociación que ya por entonces llevaba a cabo nuestro país con el FMI. Esa es la fecha tope que La Rosada se planteó para cerrar el acuerdo con el Fondo y que los tiempos domésticos se empeñan en adelantar.

Es que el gobierno confía en que un acuerdo o al menos una señal concreta del FMI, puede ayudar a calmar las aguas de un frente interno que se le presenta complicado.

Con esa expectativa el Presidente viajó a la Cumbre del G-20, encabezando una comitiva en la que se destacan el ministro Martín Guzmán y el embajador en EE.UU. Jorge Argüello. Y lo hizo a espera de encontrar en Roma, apoyo formal a la postura argentina para acordar con el FMI, que consiste en un programa de pago a diez años con cuatro de gracia, eliminación de punitorios y anulación de sobretasas.

Algo de esto encontró. Es que junto a algunas reuniones bilaterales que suelen dejar cosas para el mediano plazo, Guzmán fue invitado a sentarse en la mesa de Kristalina Gueorguieva quien, asimismo, tuvo un mano a mano con el presidente argentino.

Pero el que tuvo a su cargo el hilvanado fino es el embajador Argüello, que trabajó y mucho para que EE.UU. no obstruyera tres puntos de la declaración final de la Cumbre que el gobierno argentino valora muy positivamente.

Es que ahí los jefes de Gobierno y Estado de las principales economías del planeta, reafirman el pedido que el 13 de octubre hicieran los ministros de Finanzas del Grupo, cuando solicitaron al Fondo que revise su política de sobretasas.

También pidieron la canalización voluntaria de parte de los DEG asignados para a formaciones estatales que presentan vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia y demandaron que el FMI cree un nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad que brinde financiación asequible -a largo plazo- a países de ingresos medios y bajos.

En este punto vale recalcar que, incluso si se lograra acordar en estos términos, queda claro que el FMI no va a resignar intervenir en las medidas de gobierno del país, algo que como pasaba durante la década de los 90, hace por medio de sus “recomendaciones”, lo que en criollo quiere decir exigir ajuste.

Y si para muestra basta con un botón, más allá del apretón de manos que compartió con Fernández y de la mirada pía que le prodigó horas antes a Francisco, Joseph Biden designó embajador ante Argentina a un texano que deja claro que como decía Ernesto Guevara, republicanos y demócratas son “Juana o su hermana”.

Es que como para reafirmar lo que con desparpajo coinciden en aceptar Claver y Macri, si el objetivo del Stand-By fue buscar garantías para que EE.UU. pueda fortalecer sus posiciones geopolíticas, geoeconómicas y geoestratégicas en Argentina, el acuerdo que pueda construirse para pagarlo tiene que responder a esas mismas necesidades.

Y, para asegurarlo, Washington posee la acción dorada del Fondo que es la que puede destrabar o entorpecer cualquier acuerdo. Por eso es que el embajador designado por Biden, Marc Stanley, arrojó munición gruesa para fijar agenda sin siquiera haber pisado Buenos Aires.

Entre otras cosas reclamó ajuste, cuando recalcó que el gobierno argentino precisa de un “plan macro” para poder pagar la deuda y lo cuestionó por la falta de alineamiento con la Casa Blanca, en el hostigamiento que EE.UU. perpetra sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero asimismo en la escalada que sostiene contra la República Popular China, país que al representar el 11,3 por ciento de las exportaciones y el 21,9 por ciento de las importaciones totales de Argentina, es su principal socio comercial.

Y, al mejor estilo de Spruille Braden, Stanley hizo pública su intención de hacer abiertamente lo que hacen, más o menos solapadamente, todos los embajadores yanquis cuando dijo que iba a “interactuar con la dirigencia local”.

Pero esto no es todo. En un gesto de audacia o de la impunidad que le otorga su pasaporte, Stanley aseveró –sin exhibir ninguna data que lo corrobore- que el comercio bilateral entre Argentina y su país se redujo por culpa de “las barreras regulatorias que impone el Gobierno”.

Esta afirmación sintetiza la postura con que la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina (Amcham) viene machacando desde hace varios meses, con su actitud hostil hacia la aplicación de herramientas de gestión como Precios Máximos y la Resolución 1050 (Ver El Síndrome de Pepitos, Cosas para leer en un fin de semana largo y Hora de congelar).

Cuestión genética

Va quedando más claro entonces a dónde va a parar la línea que arranca en “Todos somos Vicentin” y que en los días que corren, se manifiesta en la resistencia abierta a la Resolución 1050, por parte de la clase capitalista que actúa en Argentina que ahora tiene en Stanley a un adalid de mucho peso.

Desde la otra vereda, los que integramos el FdeT, debemos ser lo suficientemente inteligentes como para comprender que la actual coalición debe ser, por lo menos, un dique de contención para esa clase capitalista que puede volver al Gobierno y que, si lo hace, va ir por todo.

Porque esa clase capitalista que históricamente prefiere sentarse sobre los silo bolsa para forzar devaluaciones y recién después liquidar divisas, también puede retraer la oferta de artículos de primera necesidad y desabastecer para presionar sobre el congelamiento de precios.

Y esa clase capitalista, es un apéndice de la que juega en las grandes ligas y, desde el FMI, pone a la negociación de la deuda como moneda de cambio para imponer su programa, en este caso, a Argentina.

Porque, fundamentalmente, el endeudamiento es un mecanismo hacia el que -por su propia genética- empuja el sistema capitalista en el actual momento del desarrollo de su Crisis de Larga Duración, en el que fabrica cada vez menos bienes y más dinero que -cada vez- tiene menos respaldo.

Y, en este sentido, la deuda no es otra cosa que una formidable herramienta puesta al servicio de la fabricación artificial de escasez que provoca deliberadamente desempleo, que es un arma fundamental para disciplinar al proletariado.

De ahí que inexorablemente, el endeudamiento venga acompañado de la imposición de políticas de ajuste que suelen estar basadas en el aumento los tipos de interés que engorda a los que poseen dinero, al tiempo que desalienta la inversión productiva, lo que presiona a la baja sobre los salarios y la calidad del empleo.

Pero también, como si de una caída de dominó se tratara, concentra cada vez más la economía y al tiempo que retrae el consumo, incrementa los beneficios de los conglomerados empresariales que disfrutan de mercados cautivos, tal como se verifica -hoy y aquí- con las cadenas de valor de los precios de artículos de primera necesidad.

Y, como no podía ser de otra manera, como los que mantienen su capacidad de consumo son los ricos, pero alrededor de siete de cada diez pesos que recauda el Estado salen de los bolsillos de los trabajadores, queda claro que este recorrido acaba provocando más ralentización de la economía y déficit público. Porque los que más pagan impuestos se quedan sin trabajo o consumen menos y, por lo tanto, pagan menos impuestos indirectos como el IVA.

Significativamente, tal como queda expuesto con lo sucedido durante la Presidencia Macri con la quita de retenciones entre otras medidas, este tipo de mecanismos va asociado a reformas fiscales que favorecen a la clase capitalista y sus conglomerados empresariales, lo que fomenta el negocio del capital financiero, algo que en nuestro país se expresa con crudeza en esos 86 mil millones de dólares que el Gobierno Cambiemos evaporó como por arte de magia.

Y, entonces, todo esto no puede terminar de otra forma que con una nueva ronda de toma compulsiva de deuda y, por ende, de fabricación de escasez.

Todo esto debería ayudar a destruir el mito construido por el sistema capitalista, que le achaca la deuda a la inversión social, lo que ellos llaman “gasto público” ¿Se imagina usted qué pasaría si Argentina o cualquier formación estatal, hiciera desaparecer el gasto financiero que distrae para pagar intereses y capital de la deuda externa? Desde aquí le aseguramos que la respuesta sería un Presupuesto superavitario.

Pero la mala noticia es que, al menos en el momento de su propia crisis, el capitalismo no puede funcionar sin deuda. Y esto es así, entre otras cosas, porque indefectiblemente privatiza beneficios y socializa riesgos y deuda, ya que es un sistema creado por y para beneficio de la clase capitalista.