Aunque la juntan con pala, el Nación y la Asociación de Bancos, se niegan a pagar un ajuste en Impuestos Brutos dispuesto por La Pampa para paliar la emergencia alimentaria. “Esto es crucial para los sectores más vulnerables”, advirtió el PC provincial.
En La Pampa, el Partido Comunista y Patria Grande hicieron público su repudio la actitud adoptada por el Banco Nación que, en consonancia con la Asociación Argentina de Bancos (ABA), anunció que va a hacer una presentación ante la Corte Suprema de Justicia contra la determinación del gobierno encabezado por Sergio Zilotto de elevar los impuestos que gravan a la actividad financiera.
Vale recordar que ABA agrupa a las entidades de capital extranjero que operan en el país, y que por lo que se quejan es por el Decreto 3609 que establece que a partir del primer día de este mes, la provincia La Pampa sube la alícuota de Ingresos Brutos para sobre la actividad financiera de 7,5 a 15,45 por ciento. En este caso, los bancos que iniciarán acciones judiciales son, además del Nación, el Santander, BBVA, ICBC y Patagonia.
También resulta prudente destacar que de acuerdo a datos oficiales suministrados por el Banco Central, durante 2023 los diez bancos privados de mayor volumen que actúan en Argentina, tuvieron una ganancia de algo más de 3.300 millones de pesos por día. Y con la llegada de Javier Milei a La Rosada, la cosa para ellos siguió de parabienes, ya que durante el primer trimestre del año que es el último período del que se tienen datos publicados, las entidades financieras acumularon ganancias por 2,42 billones de pesos, lo que representa el mejor primer trimestre registrado para los bancos desde 2010.
Con este telón de fondo, el PC y Patria Grande recordaron que el Banco Nación depende del gobierno Nacional y que, en este caso, se alineó con los bancos privados que interpusieron ante la Corte Suprema Nacional una acción declarativa de inconstitucionalidad contra La Pampa. Y ambas fuerzas políticas coincidieron en puntualizar que el Decreto 3609 tiene como objetivo cubrir la emergencia alimentaria cada vez más creciente.
“Esta decisión es crucial para los sectores más vulnerables, que desde comienzos de 2024 se han incrementado producto de las políticas a nivel nacional”, advirtieron y recalcaron que “se hace urgente acudir con aportes para acercar comida a las mesas de quienes menos tienen”, en un país en el que cinco millones de niños se van a dormir sin cenar y en el que más de la mitad de la población es pobre, al tiempo que “los ricos han tenido ganancias extraordinarias”.
Y, en este sentido, hicieron hincapié en que “los recursos deben provenir de aquellos sectores económicos que se han beneficiado con el actual proceso económico”, tras lo que remarcaron que la medida adoptada por el gobierno provincial es constitucional.
Asimismo, puntualizaron que “en el actual escenario económico y social, que es angustiante, las políticas públicas deben estar a disposición de poder sostener los salarios públicos y las asistencias alimentarias”, ya que “el hambre es el límite de dignidad humana, un derecho fundamental del que nadie puede ser excluido”.
