Ajuste, despidos y suspensiones anticipan la reforma laboral que las patronales esperan que sea sancionada por el Congreso Nacional. “Se plantea el desafío de avanzar en el camino de la unidad”, ya que “ningún sindicato por sí solo va a poder lograr derrotar a estas medidas neoliberales”, puntualizó desde la CoNAT provincial, Matías Pereyra.
La situación en Villa Constitución es de tensa calma después de que, a contrarreloj, el sábado pasado las empresas contratistas vinculadas a Acindar dieran marcha atrás para dejar sin efecto los despidos de una veintena de trabajadores, lo que había provocado la reacción inmediata de la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica con el anuncio de un paro por tiempo indeterminado. Sin embargo, la medida fue momentáneamente levantada con el principio de acuerdo al que arribaron las partes.
Pero nada de esto quiere decir que las cosas se hayan solucionado en el complejo industrial de Acindar donde “todo viene agravándose desde 2023”, tal como lo señala Matías Pereyra desde la Corriente Nacional Agustín Tosco de Villa Constitución. La excusa que brinda esta empresa siderúrgica es que su producción bajó un cincuenta por ciento, por lo que “le sobra personal”. Sobre esta situación Pereyra recordó que desde 2023 “se perdieron cerca de 480 puestos de planta y trescientos contratistas, lo que incluye retiros voluntarios y jubilaciones”.
Todo esto plantea un panorama de creciente complejidad en el que “el tema de las empresas contratistas se viene agravando y atraviesa a todas las que prestan servicios para Acindar”, algo que, entre otras cosas, responde al proceso de reestructuración que el propio monopolio del acero les demanda. “Ahora se pudo arribar a un principio de acuerdo, pero lejos están de haberse solucionado los problemas estructurales que tienen que ver con la postura de la empresa de buscar ser ‘competitiva’ a nivel internacional y para eso, según dicen públicamente, le sobran trescientos trabajadores contratistas y 160 de planta, ese ajuste es su meta para el presente año”, sostuvo el docente y militante de la CoNAT.
Por eso, pese a la lucha que viene llevando a cabo la seccional Villa Constitución de la UOM, esto tiende a agravarse en un contexto en el que “dentro de las contratistas la situación se volvió desesperante”, ya que “en algunos casos hay trabajadores que hace cinco quincenas que no cobran” denunció Peryra. Y todo dentro de un escenario en el que el salario promedio de los metalúrgicos cayó considerablemente.
“Este conflicto tiene un impacto importante en el conjunto del cordón industrial”, subrayó el integrante de la CoNAT y explicó que “la crisis se nota en las calles, cuando se recorre Villa Constitución y se ven los comercios vacíos; el tejido social está muy afectado porque todo el mundo debe luchar para poder llegar a fin de mes, lo que plantea una situación francamente alarmante”.
El panorama de Villa Constitución es similar al que atraviesa el resto del país y, en particular, la provincia de Santa Fe ¿Pero qué hace ante esto el gobernador Pullaro? “Para él esto es un problema entre privados”, refirió Pereyra y añadió que “por eso la gestión provincial no interviene y sostiene que quien debe solucionar esto es la empresa con los trabajadores”, una postura que va en total sintonía con la del gobierno nacional, que con su reforma laboral pretende dejar totalmente libradas a la “regulación”del mercado las disputas entre el capital y el trabajo. Esta posición del gobernador provincial “da una pauta sobre cómo van a votar los legisladores que le responden a Pullaro cuando se trate el proyecto de reforma laboral que impulsa Milei”, anticipó Pereyra.
En este sentido, reflexionó que el caso de Villa Constitución permite mostrar de qué manera “las patronales no sólo fomentan la sanción de ese proyecto, sino que en los hechos ya lo están aplicando”, ya que “muchas de las normas flexibilizadoras que postula el proyecto hoy son implementadas por Acindar violando los convenios laborales del sector, presionando a los trabajadores que saben que la posibilidad del despido está a la vuelta de la esquina y que desde los gobiernos nacional y provincial fomentan esa actitud de la patronal”.
Industriciduo santafesino
El libre mercado y la precarización laboral, claro está, son parte de un mismo decálogo que la gestión de Maximiliano Pullaro comparte con la Presidencia Milei. Nadie puede sorprenderse cuando se advierte que Santa Fe está atravesada por conflictos laborales abiertos a raíz de cierres, despidos y suspensiones que afectan al sector industrial, fundamentalmente al metalmecánico y agroindustrial, pero también al comercio y los servicios.
Uno de los que por estos días involucra a más trabajadores, es el que pone en el ojo del huracán a la planta que General Motors posee en la localidad de Alvear, donde opera con cerca de la mitad del personal que tuvo en otros momentos, ya que la multinacional confirmó que durante el año que comienza va a mantener el esquema de paradas periódicas que implementó en 2025, el que contempla una semana de freno cada mes y el pago de sólo el 75 por ciento del salario brutos durante esos períodos.
Por su parte, más de seiscientos trabajadores tomaron las tres plantas que la empresa láctea Verónica posee en territorio santafecino para reclamar el pago de salarios atrasados desde octubre de 2025 y como respuesta a la decisión de la patronal de frenar la producción. La situación viene de arrastre desde hace varios meses y la firma que posee plantas en Suardi, Lehmann y Clason pidió un Procedimiento Preventivo de Crisis. Pero esto no es todo, ya que este escenario también impacta negativamente en los productores tamberos de la zona, porque son alrededor de 150 los tambos que le vendieron leche a la empresa y que ahora no pueden cobrar, una situación que se repite con los transportistas y sus proveedores, quienes también forman parte del tendal que dejó Verónica. Y, con estos ajustes, seiscientos trabajadores ni siquiera tienen insumos, por lo que no pueden producir.
Una situación parecida es la que atraviesan los trabajadores de la fábrica de ollas, cacerolas y sartenes Essen que, tal como vienen haciendo otras metalúrgicas del sur de Santa Fe, despidió cuarenta operarios de su planta de Venado Tuerto a partir de la decisión de reemplazar parte de su producción por piezas importadas.
A esto se suman 120 despidos en la fábrica de autopartes Corven Moto y otros treinta en Corven Amortiguadores, en todos los casos también en plantas de Venado Tuerto, que es una ciudad que posee cerca de cien mil habitantes y un parque industrial importante que se resiente día a día. El mismo panorama sombrío se extiende a Sastre, donde DBT-Cramaco despidió a cuarenta trabajadores, ya que va a dejar de fabricar alternadores y grupos electrógenos para convertirse en importadora de esos productos acabados. Al tiempo que en Las Rosas se registraron nuevos despidos en la planta que ahí posee la metalmecánica John Deere.
Por su lado, son cerca de cuatrocientos los operarios de la compañía Electrolux suspendidos en Rosario, donde la seccional local de la UOM advirtió que podría haber hasta dos mil despidos si no se revierte la situación que atraviesa la empresa como consecuencia de la drástica baja en la venta de electrodomésticos y la apertura indiscriminada a productos importados. Mientras que en esta misma ciudad el cierre de la sucursal Rosario del mayorista de productos de limpieza Caromar dejó a sus empleados en la calle y los trabajadores del multimedios La Capital se movilizaron en estos días para denunciar el deterioro de las condiciones laborales que padecen.
Villa Gobernador Gálvez no es la excepción. Ahí el año comenzó con la planta del Frigorífico Euro ocupada, toma que continúa siendo sostenida por sus obreros en demanda del pago de salarios que les debe una patronal que no da la cara y que abandonó las instalaciones.
“Las decisiones que toman los patrones en este contexto son muy similares”, afirmó Pereyra a partir del industricidio que se agudiza en Santa Fe, afectando a miles de trabajadores. E insistió que “lo hacen porque hay decisiones políticas que los avalan”. En una coyuntura en la que “toda la economía regional del sur de la provincia fue fuertemente golpeada, se viene un 2026 de lucha que plantea el desafío de avanzar en el camino de la unidad”, ya que, resaltó, “ningún sindicato por sí solo va a poder lograr derrotar a estas medidas neoliberales, a las que sólo podremos vencer mediante la movilización colectiva de todos y todas con el conjunto del movimiento obrero organizado”.
El paro general anunciado para el 10 de febrero no debe ser un punto de llegada en el camino de la unidad imprescindible. Más bien tiene que tomarse como un punto de inflexión para potenciar todas las luchas hasta derrotar en las calles el plan de ajuste que el gobierno quiere radicalizar este año.
