En Entre Ríos sigue el conflicto de los trabajadores de la educación nucleados en Agmer. La Presidencia Milei "ha elegido como uno de sus enemigos predilectos la educación pública y las universidades públicas", advirtió desde la Conat, Leandro Pozzi.
La semana pasada los gremios docentes de Entre Ríos y representantes del gobierno provincial volvieron a verse las caras en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Juzgado Laboral 4, encabezado por la jueza María Alejandra Abud, en la que la situación salarial de los educadores nuevamente se puso sobre la mesa en el contexto de un reclamo de recomposición que lejos está de haber quedado saldado.
Durante la reunión también se discutió la posibilidad de implementar, en el orden provincial, un mecanismo de incentivo similar al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que fue suprimido por la Presidencia Milei. "Cuando la discusión paritaria docente en Entre Ríos aún no se había iniciado formalmente, dos hechos políticos buscaban invertir el sentido con el que históricamente ha dado vastas luchas el colectivo docente organizado", sostuvo el secretario de Condiciones Laborales de Agmer, Leandro Pozzi, y añadió que "ambos venían precedidos por un proceso electoral que inevitablemente iba a definir el rumbo de políticas públicas que iban a incidir fuertemente en las condiciones de la escuela pública, atravesar fuertemente las subjetividades de los sujetos y sujetas que la habitan y también tensionar las miradas que la sociedad tiene al respecto del derecho social y humano a la educación".
Pozzi es miembro de la Comisión Directiva de Ctera, forma parte de la Conat y resalta que la escuela "es una institución que, creada bajo las necesidades de la clase dominante, se constituyó como herramienta preciada de la Modernidad para llevar a la práctica axiomas tales como 'educar al soberano' pero que sin embargo, analizada bajo un prisma gramsciano es parte de esa superestructura que conforma parte del sentido común que legitima las condiciones de vida, la cultura, las ideas y los sentidos de una sociedad hegemonizada por el capitalismo en cualquiera de sus variantes. Sentidos que los sectores populares modificaron al consagrar la educación como derecho de todo el pueblo".
Pero aclara que "en los procesos donde los actuales gobiernos vienen a buscar revertir, la idea y sentido de una escuela pública como posibilidad de un desarrollo personal y social, ha sido sostenida y abrazada no por no una sino por varias generaciones de argentinos". Así es que el gobernador Rogelio Frigerio "decidió vestirse de sport, agarrar un rodillo para pintar una escuela, presentando eso como 'mantenimiento escolar' y rodearse de una cuadrilla para ser fotografiado en las escuelas buscó apropiarse de ese sentido de comunidad y escuela pública, que bajo el impulso del consenso social que lo había dotado de un triunfo electoral parecía irrefutable".
Y sostiene que "aún no habían pasado nueve meses sin que hayan producido ninguna licitación pública siquiera para hacer un arreglo, ni emitir ni un sólo decreto de Emergencia ni al menos alguna adjudicación directa" y todavía "no se había consagrado el postulado de 'gestionar sin plata'”.
Asimismo, Pozzi puntualiza que otro hecho político, "menos sutil por cierto, fue la irrupción de Javier Milei en un colegio privado de Buenos Aires donde definió a la educación pública como un 'lavado de cerebros'", algo que "alcanzaría para comprender las concepciones del Presidente que elimino el Incentivo Docente y la Conectividad, los programas de financiamiento de infraestructura escolar y los programas socioeducativos que apuntan a una educación inclusiva; el desguace a la Formación Permanente en Servicio".
Por lo que, sin dudarlo, sostuvo que la Presidencia Milei "ha elegido como uno de sus enemigos predilectos la educación pública y las universidades públicas, llevando a la práctica aquello de la superestructura que conceptualizaba Gramsci, donde ubicaba a la escuela como parte de esa sociedad civil que contribuye a conformar el sentido común de una sociedad". Y, en este sentido, indica que "así se comprende el desfinanciamiento de la educación pública a través de la eliminación del Fonid, los programas socioeducativos, el congelamiento de los presupuestos educativos y la acusación de adoctrinamiento sobre un sistema público de educación que consagró la enseñanza sobre el terrorismo de estado, la Educación Sexual Integral con Perspectiva de Género, la reivindicación cultural de los pueblos originarios y avance hacia formas organizativas que contemplan formas no punitivas de abordar el conflicto social producto del neoliberalismo en la Argentina como una política de Estado".
Por lo que resulta "sumamente estratégico oponerse a toda reforma regresiva de nuestra Ley de Educación Nacional en la defensa del derecho social y humano a la educación, las formas mercantilistas y de privatización de la educación, verdadero nombre que le debemos dar al falsario voucher".
Así las cosas, Pozzi advierte que en Entre Ríos, Frigerio "transita exactamente por la misma senda, respaldando la política de saqueo, ajuste y liquidación del Estado como posibilidad de financiamiento educativo; apoyando apasionadamente la ley bases y que quedó inmortalizado en su frase de 'para lo que necesite, Presidente' y que ayer nomas se vanagloriaba de 'gestionar sin plata'”.
Y reflexionó que "antes que discurrieran esas definiciones, no tomaron debida nota de las multitudinarias marchas en defensa de la Universidad Pública ni los procesos de lucha docente en defensa del salario. Hacían del Pacto de Mayo y la fantochada de Julio una festichola negacionista de los dramas del pueblo generados por su brutal plan económico".
Y con este telón de fondo "llegamos al plan de lucha que nuestro sindicato Agmer, lanzó en el Congreso del 25 de julio y que tuviera como momento de masividad histórica la movilización del 1° de agosto con una movilización que fue precedida por otros momentos significativos como la huelga y movilización en diversos puntos de la provincia del 12 de junio en rechazo a la ley bases y el 4 de julio en rechazo a la reforma jubilatoria que comenzaron a producir incrementando el porcentaje del aporte personal jubilatorio que significa en la práctica una nueva afectación del salario".
Por lo que sin dudarlo hizo hincapié en que el conflicto educativo "sigue abierto, con Conciliación o sin ella, seguiremos luchando junto a cada movilización, concentración, volanteada, clases públicas, en asambleas, con la comunidad y lo que resolvemos colectivamente en el conjunto, por el salario, las condiciones laborales y por reabrir los horizontes para una educación emancipadora".
