Con movilización y ocupación de Tribunales, trabajadores y trabajadoras judiciales rechazaron una reforma que, según advierte el gremio judicial y abogados laboralistas de la CONAT como Hugo Mir y Lilian García, apunta a disciplinar la justicia laboral y a debilitar la tutela efectiva de los derechos de los trabajadores. Frente a esto, la respuesta que comienza a emerger anticipa que la resistencia será el terreno donde se dispute el futuro de la justicia laboral y, con ella, de los derechos del conjunto del pueblo trabajador.
La toma del edificio de la Justicia Nacional del Trabajo en Diagonal Norte y el paro total realizado el martes por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) ponen sobre la mesa que, pese al derrotismo que campea en la conducción de la CGT y en parte de la dirigencia del PJ, la lucha en los lugares de trabajo contra la reforma laboral se profundiza, con la fuerza de los trabajadores que resisten una iniciativa antiobrera y antipopular.
Trabajadores y trabajadoras judiciales del fuero laboral nacional ocuparon la sede en la Ciudad de Buenos Aires y declararon el cese total de actividades, en rechazo a la mal llamada “modernización” y, en particular, al artículo 91 del proyecto, que avala el Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral desde la órbita nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida, votada en asamblea y acompañada por un plan de lucha con movilización nacional, se inscribe en la denuncia de un proceso de desmantelamiento que, según el gremio, vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional, y que amenaza con consecuencias irreparables para la tutela efectiva de los derechos laborales.
El trasfondo político de este avance fue explicitado con claridad por el abogado laboralista de la Corriente Nacional Agustín Tosco (CONAT), Hugo Mir, quien advirtió que el Decreto 95/2026 del Poder Ejecutivo —que faculta al Jefe de Gabinete a suscribir el acuerdo de transferencia— está en consonancia con el proyecto de reforma laboral “inconstitucional, esclavista y antiobrero” que el oficialismo impulsa para su sanción definitiva. Mir sostuvo que el objetivo político es desarticular el Fuero Nacional de la Justicia del Trabajo, precisamente porque fue la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo la que dictó fallos de inconstitucionalidad contra el DNU 70/2023 y contra el capítulo IV de la Ley 27.742, a partir de presentaciones realizadas por las centrales sindicales. Esa Cámara, recordó, enfrentó frontalmente al Gobierno y cumplió la función que le cabe a un fuero especializado en Derecho Social en la Argentina. El intento de traspaso, lejos de responder a criterios técnicos o administrativos, apunta a colocar la materia laboral bajo la órbita del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, cuyos integrantes responden mayoritariamente a una orientación política afín al macrismo, con el propósito evidente, remarcó Mir, de ir “construyendo una nueva jurisprudencia reaccionaria”, violatoria del artículo 14 bis y del artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional, así como de los convenios de la OIT suscriptos por el país. Se trata, en palabras de Hugo Mir, de una “aberración jurídico-política sin antecedentes, orientada a neutralizar un fuero que ha demostrado independencia frente al poder político y económico.”
Desde la provincia de Buenos Aires, la abogada Lilian García profundizó la caracterización de esta ofensiva al afirmar que la reforma laboral en curso plantea directamente “la aniquilación de los derechos del trabajador y golpea al fuero laboral como pieza clave de protección frente a la desigualdad estructural entre capital y trabajo”. El traspaso de la competencia a la Ciudad implica, según explicó, “la violación del derecho a una justicia laboral con carácter pro-obrero, fundada en principios que reconocen esa desigualdad constitutiva y que han sido la base histórica del derecho del trabajo”. El impacto no se limita a la dimensión institucional: alrededor de 1.700 puestos de trabajo estarían en riesgo, según el propio gremio, afectando a empleados y empleadas judiciales, mientras que jueces y juezas que han aplicado la legislación laboral y la jurisprudencia del fuero ya han sido objeto de persecución política en los últimos años. El objetivo, señaló García, “es disciplinar y eventualmente eliminar la justicia del trabajo para adecuarla a los intereses de los grupos económicos, quitando independencia a los magistrados y sometiéndolos a la obligación de ajustar sus decisiones a los precedentes de la Corte Suprema bajo amenaza de que apartarse de ellos configure causal de mal desempeño”. Este mecanismo, subrayó, no responde al diseño constitucional argentino y “constituye una presión directa sobre la función jurisdiccional”.
Queda claro que la reforma laboral, en consecuencia, no puede leerse como un simple reordenamiento de competencias ni como una actualización normativa, sino como parte de una ofensiva estructural contra la clase trabajadora. Al debilitar el fuero especializado, condicionar la independencia judicial y facilitar la construcción de una jurisprudencia alineada con los intereses empresariales, el gobierno avanza en la consolidación de un andamiaje jurídico destinado a despojar a los trabajadores y trabajadoras de herramientas históricas de defensa. Por ello, queda en evidencia el carácter antipopular y antiobrero de esta ley, concebida para asestar un golpe definitivo a la clase trabajadora argentina que, pese a la claudicación de la conducción de la CGT, resiste y se reagrupa en nuevas iniciativas de unidad.
La toma del edificio de la Justicia Nacional del Trabajo y el paro judicial expresan que no se trata de una disputa corporativa, sino de la defensa concreta de los derechos y las conquistas históricas del movimiento obrero. Frente a una reforma que busca disciplinar, fragmentar y debilitar, la respuesta que comienza a emerger desde los trabajadores judiciales y desde distintos sectores de la clase reagrupados y organizados en sus bases anticipa que la resistencia será el terreno donde se dispute el futuro de la justicia laboral y, con ella, de los derechos del conjunto del pueblo trabajador.
