El juez Federal Gustavo Lleral postergó el dictado de la sentencia en la causa que tiene como acusados a los dirigentes sindicales de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech), Carlos Magno y Daniel Murphy. La resistencia y lucha docente contra la criminalización de la protesta continúa.
El viernes pasado se esperaba que se diera a conocer la sentencia en el juicio que se sustancia contra los dirigentes del gremio docente de Chubut, Carlos Magno y Daniel Murphy, pero el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia a cargo Gustavo Lleral anunció que había decidido suspender ese acto "hasta nuevo aviso" ya que, según argumentó, no podía llevarse a cabo en la fecha prevista, porque se están realizando reformas en el edificio donde funciona la sede judicial.
Vale recordar que Murphy y Magno eran secretario de la Regional Sur y delegado escolar de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech) cuando durante septiembre de 2019, fueron parte del movimiento que se plantó ante el plan de ajuste que desarrollaba el gobierno provincial que entonces encabezaba Mariano Arcioni que, entre otras cosas, incluía el pago escalonado de los haberes. Y en esas circunstancias, participaron en un corte de ruta por lo que fueron denunciados penalmente, procesados y llevados a juicio.
Queda claro que este caso exhibe que la criminalización de la protesta sindical que es una práctica habitual por parte de los sucesivos gobiernos de Chubut que, antes de esto, ya los había hecho pasar por una situación similar durante 2018, ocasión en la que resultaron absueltos. Pero no son estos los únicos casos, porque la maestra Estela del Valle Juárez fue condenada por la jueza correccional Marta Yañez a tres meses de prisión en suspenso, porque participó de las protestas que tuvieron lugar el 24 de septiembre de 2019 en demanda del pago de salarios atrasados, la restitución de los fondos para el funcionamiento de la obra social, el transporte educativo y para edificios escolares.
Así las cosas, las criminalización y judicialización de la proteste persiste, pero también la resistencia y lucha de los trabajadores de la educación que, en estos días, llevan adelante un paro que se extiende durante tres jornadas que fue determinado por el Congreso de Atech, para exigir que los salarios superen el precio de la canasta básica.
Y para eso, el sindicato docente demanda que el gobierno que preside Ignacio Torres, convoque la paritaria salarial “con negociaciones y recomposiciones mensuales”, pero que también haga una propuesta que “no puede ser inferior al IPC” y que incorpore un incremento del treinta por ciento al básico “para poder recuperar poder adquisitivo”.
Los trabajadores de la educación también reclaman que no se les descuenten los días de paro y que se les devuelvan los haberes “descontados por el ejercicio constitucional del derecho a huelga”. Y tras recordar que el ítem “Gastos de Ubicación Geográfica” es ya un porcentaje del salario básico, exigen “que se recuperen los valores porcentuales tal como lo establece el estatuto docente” y que se aumente el ítem que se abona en concepto de recursos materiales, entre otras cosas.
