En Corrientes se somete a juicio a tres personas que fueron atacadas brutalmente durante una represión policial. “Mis clientes fueron salvajemente golpeados por personal policial y son presentados como los agresores”, denunció la abogada Sonia López.
El lunes pasado comenzó a llevarse a cabo el juicio contra Guillermo Galantini, Jorge Espíndola y Galileo Galantini, tres militantes sociales y de Derechos Humanos que fueron víctimas de la represión policial perpetrada en noviembre del 2021, durante el desalojo de una familia en Paso Vallejos, que es una localidad ubicada en el departamento de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes.
La representante legal de los tres acusados es la abogada Sonia López, quien pidió la nulidad de cuatro testimonios porque no se citó a la defensa, así como la ilegalidad de otros cinco testimonios que fueron añadidos previo al juicio en la audiencia de control de prueba, sin estar incorporados en la acusación.
Lo que puntualiza la defensa, es también que la mayoría de los testigos que presentó la Fiscalía, son los mismos policías que participaron durante la represión, lo que se suma a una serie de irregularidades que se vienen cometiendo a lo largo del juicio.
Pero pese a lo abrumador de los argumentos esgrimidos por la defensa, el juez Gustavo Ifran rechazó el pedido, echando mano a “un argumento arbitrario”, tal como no dudó en calificarlo Sonia López. Y, así, los nueve testigos de la Fiscalía fueron ratificados.
“Mis clientes fueron salvajemente golpeados por personal policial y son presentados como los agresores”, denunció la abogada y fue contundente cuando destacó que “es notorio el intento del Ministerio Público de criminalizar el accionar de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia”, tras lo que hizo hincapié en que uno de los acusados, Galileo Galantini que es hijo de Guillermo Galantini, “está allí por portación de apellido, ya que no hay ninguna prueba contra su persona y sin embargo se sostiene vergonzosamente la acusación sobre él”.
Asimismo, cuestionó el accionar de la fiscal, Valeria Soledad Fornaroli, a quien apuntó alertando que “entorpece el legítimo trabajo de la defensa interrumpiendo repetidamente a esta abogada”, en tanto que resaltó que la fiscal “no sólo colocó en prueba nula, ilegal e inútil, sino que trata de que la defensa no pueda controlar debidamente esas testimoniales”. Y, en este sentido, dijo que “no hay testimonios contundentes y específicos que incriminen claramente a los acusados”.
Vale recordar que el 23 de noviembre del 2021, por una orden judicial, personal policial desalojó a más de veinticinco miembros de la familia Almeida, que vivían en una casa ubicada en Paso Vallejos. En esas circunstancias el fiscal López Ruiz ordenó una feroz represión en cuto marco detuvieron a los tres acusados en el juicio.
Después de la represión, Guillermo Galantini estuvo detenido durante veintiún días y recuperó la libertad como consecuencia de la presión que hicieron las masivas movilizaciones que tuvieron por escenario a Monte Caseros y la ciudad de Corrientes, motorizadas por varias organizaciones sociales, políticas, sindicales y de Derechos Humanos que aseveran que durante todo el proceso “se impidió el derecho a la legítima defensa, se negó sin fundamentos a soluciones alternativas de conflicto e incluso, con cargos como el de resistencia a la autoridad, se elevó a juicio a uno de los acusados”.
Y recalcan que en el caso de los otros dos sometidos al juicio “recayeron cargos como lesiones leves y corte de ruta, cuya imputabilidad proviene de testimonios de los propios policías que actuaron en la represión”, al tiempo que denuncian que este proceso se enmarca en el contexto del ataque constante que el gobierno encabezado por Gustavo Valdés “ejecuta a las libertades y las expresiones y a todos los que quieran organizarse en pos de tierras y viviendas”.