¿Qué pasa mientras la institucionalidad liberal burguesa debate los proyectos de Milei? El DNU y la Ley Ómnibus en cuenta regresiva. La jornada del 24, su construcción y el día después.
Mientras que con la calculadora en la mano, la Corte Suprema pateó para después de sus vacaciones cualquier posibilidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad de un decreto que pretende imponer tópicos que el gobierno considera que son de necesidad y urgencia, la resolución del destino que pueda tener ese intento por modificar más de un centenar de leyes, corre ahora por una vía que es la parlamentaria, pero también por otra que va a estar determinada por el hartazgo de una sociedad a la que el DNU agrede en varios niveles.
Hoy el DNU 70/2023 rige parcialmente, ya que el segmento inherente a las relaciones laborales quedó suspendido por decisión judicial, pero si todo continúa como hasta ahora, en breve se va a cumplir el plazo de diez días hábiles corridos desde que fue notificado el Legislativo, por lo que ya sea que la Comisión Bicameral lo trate o no, estará formalmente en condiciones de que sea debatido por el Congreso.
En este punto cabe recordar que valiéndose de ardides, la Presidencia de la Cámara Baja a cargo de Martín Menem, evitó que pueda conformarse la Comisión Bicameral. Esto empioja la situación y evita que las bancadas críticas al DNU puedan disponer de un ámbito importante para frenarlo, ya que con o sin Bicameral, el DNU puede ser tratado, sólo que en este caso el trámite se simplifica para los intereses del ejecutivo.
Para aprobarlo Menem debe reunir el voto favorable de 129 diputados y tiene claro que no alcanza con los 75 que suman los de La Libertad Avanza y el PRO. En el poroteo previo, desde la bancada de Unión por la Patria (UP), aseveran que cuentan con no menos de 110 que van a votar en contra del DNU: ahí junto a los de UP, están los legisladores del Frente de Izquierda y los del Partido Socialista de Santa Fe.
Pero entre los demás bloques no oficialista y facciones que actúan dentro de algunos de ellos, hay un universo variopinto en el que aparecen algunos que suelen ser proclives a sacar buena tajada de este tipo de situaciones y otros que cuestionan al DNU por su forma pero no por su contenido.
Mientra tanto, habrá que ver a dónde van a ir a para los 34 votos que tiene la UCR. “No vamos a liderar ningún proceso de rechazo a nada”, dijo el titular del bloque, Rodrigo de Loredo, mientras que el presidente de la Juventud Radical, Agustín Rombolá, aseveró que confía “en que los diputados radicales van a votar en contra del DNU”. Rombolá habla desde el llano, pero es un dirigente cercano a Martín Lousteau quien cuenta con ascendente sobre una parte de los diputados, aunque es difícil imaginar que los radicales se animen en este momento a fragmentar su lealtad a Juntos por el Cambio.
De todos modos, tal como pasó en otros momentos de la historia no tan reciente, la Cámara de Diputados se convierte en una pecera en donde quien tiene la posibilidad de acabar la jornada con la mejor pesca, es aquel que sabe poner la mejor carnada. Esto es algo en lo que los Menem tienen una larga tradición que ahora esperan revalidar de la mano de Martincito, como algunos veteranos de la Cámara le dicen a quien vieron crecer de potrillo y hoy la preside.
En este contexto, el viernes pasado los ministros del Interior, Guillermo Francos, y de Economía, Luis Caputo, recibieron en Casa Rosada a diez gobernadores de Juntos por el Cambio “para dialogar sobre los puntos que incluye la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
Ahí estuvieron Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Gustavo Valdés, Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Jorge Macri, Leandro Zdero, Marcelo Orrego, Claudio Poggi y Maximiliano Pullaro.
Hubo foto de mandatarios y funcionarios, todos muy acicalados, sonrientes y con pantalones chupines, pero también una declaración en la que se da cuenta de que los gobernadores “manifestaron a los ministros de Interior y Economía su predisposición para colaborar en la gobernabilidad, considerando la importancia que tiene para el Gobierno generar volumen político para que se aprueben las reformas en el Congreso en medio de una coyuntura económica delicada y compleja”.
La misiadura y las certezas
Pero más allá de lo que pase puertas adentro, entre tanta rosca y acuerdos palaciegos, queda claro va a ser fundamental la presión social que sea capaz de ejercer la jornada del 24, pero también todo el proceso de construcción que lleve a ese paro y movilización.
Y esto es válido tanto para el caso del DNU como para el del proyecto de ley que con la megalomanía que lo caracteriza, Javier Milei denomina “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y otros menos ostentosamente señalan como “Ley Ómnibus”, una iniciativa que como se puede recordar tiene 170 artículos a los que debe sumarse los anexos que presenta, con lo que asciende a alrededor de novecientos que abordan casi todos los aspectos de la vida productiva, cultural, económica, educativa, social, sanitaria, de relaciones laborales y previsional, como así otros inherentes a seguridad, Fuerzas Armadas y posicionamiento geopolítico y geoestratégico de Argentina.
Todo esto que sólo podría ser debatido por medio de un largo proceso constituyente que acabara en una reforma constitucional, pretende imponerse por medio de un proyecto de ley que va en tándem con el DNU 700/2023, en lo que representa un pustch que apunta a reformular regresivamente la estructura socioeconómica y política del país.
Y para darle luz verde el procedimiento también fue amañado, ya que se formó una mayoría circunstancial entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio que, sin debate previo, se repartió las presidencias de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores y Culto. Las tres primeras son clave en esta historia porque, de forma improcedente, se decidió que el proyecto de Ley Ómnibus pase sólo por esas comisiones cuando la iniciativa contiene tópicos específicos para los que la Cámara posee comisiones idóneas y específicas.
Por citar algunos casos entre tantos, aparece la intentona por reformar la Ley de Salud Mental sin que el proyecto pase por la Comisión de Salud, al tiempo que se pretende hacer lo propio con la Ley de Pesca sin que lo analice la de Asuntos Marítimos y Pesqueros, o el caso de la profunda reformulación que se pretende con la Ley de Defensa al Consumidor y la derogación de las leyes de Góndolas y de Abastecimiento sin pasar por la Comisión de Derecho y Defensa del Consumidor y de la Competencia.
Así las cosas, si el oficialismo logra un dictamen favorable, la iniciativa va a pasar a ser tratada en el recinto donde, aparentemente, tampoco la tendría tan fácil al menos para que sea aprobada en bloque, ya que se trata de un proyecto que, por su amplitud y características, toca varios intereses vinculados a la actividad económica y productiva, pero siempre apuntando a la yugular de los trabajadores y en beneficio de una selecta lista que va desde Elon Musk a Gerardo Werthein, de Mauricio Macri, Claudio Belocopitt y Marcos Galperín hasta Paolo Rocca, pasando por Eduardo Elzstain, Juan Nápoli, Luciano Benetton y Joe Lewis, entre otros. Pero también a miembros del propio gabinete de Milei como Diana Mondino, Luis Caputo y Santiago Bausili. Y por supuesto su mentor Eduardo Eurnekian.
Y otra de las cosas donde pretende hundir el cuchillo a hueso este proyecto, es en tres normas que constituyen uno de los pocos consensos democráticos básicos que se pudieron construir desde 1983. Con todas sus limitaciones, las leyes de Seguridad Interior, Defensa Nacional y de Inteligencia trazan una clara línea divisoria entre lo que incumbe a las fuerzas de Seguridad y a las Fuerzas Armadas, pero si prosperan el DNU 700/2023 y la Ley Ómnibus, esa línea roja se volvería mucho más laxa ya que, de facto, habría una delegación de facultades hacia Milei, en materia seguridad y de defensa.
De este modo, el actual Presidente podría arbitrariamente y sin interferencia del Congreso, unificar las políticas de Defensa Nacional y Seguridad Interior, lo que representaría volver a la Doctrina de Seguridad Nacional, algo que impulsa EE.UU. para nuestra región, tal como se ve por estos días a caballo de la crisis que atraviesa a Ecuador.
Entonces, en forma simultánea al partido que por estos días involucra a los tres órganos de poder del Estado, hay otro que debe jugarse puertas afuera de los recintos de la institucionalidad liberal burguesa. Y de esto va la construcción de la jornada del 24, pero también la que necesariamente debe hacerse el día después y que es un capítulo que remite a una lucha de más largo aliento.
Porque por más que lo del Congreso acabe resolviéndose favorablemente e incluso que la Corte decida jugar sus cartas poniendo límites al pustch que encabeza la Presidencia Milei, sería un grave error considerar que la lucha contra el DNU y la Ley Ómnibus es un fin en sí mismo.
Y esto es así, porque la Presidencia Milei es la consecuencia de un proceso que es correlato local de la degradación que impone el actual capítulo de la Crisis de Larga Duración del sistema capitalista. Pero de ninguna manera es el proceso en sí.
De ahí que aunque la actual sea una batalla que es mejor ganar, también y fundamentalmente debe convertirse en un paso necesario para la reflexión autocrítica que permita ayudar a comprender por qué y cómo fue que llegamos hasta aquí, algo que quizás contribuya a evitar volver a actuar bajo automatismos que, de alguna manera, abonaron el camino de Milei a La Rosada.
Porque cada vez va quedando más claro que si existe alguna posibilidad de gambetear las calamidades que impone el desmoronamiento de la sociedad capitalista, es a partir de la autoconstitución de la clase trabajadora en un proceso que medularmente parta de presupuestos antagonistas a los de la clase capitalista, que sea superador de planteamientos meramente discursivos, simbólicos o institucionales. Es que en medio de tanta misiadura, vuelve a aparecer con meridiana certeza aquello que fue redactado en los estatutos de la Primera Internacional de los Trabajadores. Ya que allá por 1864 como ahora, la emancipación de los trabajadores, deberá ser obra de ellos mismos.