La FIFA enfrenta una denuncia de la Federación Noruega de Fútbol por premiar a Trump mientras, a dos días del inicio del Mundial, Irán ataca bases yanquis en Kuwait y Bahréin y posiciones estratégicas de Israel en represalia a la agresión del imperialismo. ¿Hay realmente condiciones mínimas para que se juegue a la pelota en un país que no cesa con su escalada belicista y sus amenazas de invasión alrededor del mundo?
A un par de días del comienzo del Mundial 2026, el clima que debería estar dominado por la expectativa deportiva aparece atravesado por una clima hostil de repudio hacia la competencia. La Federación Noruega de Fútbol (NFF) ha respaldado una denuncia presentada por la ONG FairSquare contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por la entrega del “Premio de la Paz de la FIFA” al presidente estadounidense Donald Trump. La controversia se produce en medio de una escalada militar en Medio Oriente, crecientes denuncias de discriminación contra delegaciones árabes y nuevas acusaciones de doble vara respecto de Palestina.
Hoy se conoció la deportación del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, quien tiene estatus de juez FIFA desde 2018 y fue elegido en 2025 como el mejor referí de África, donde ha dirigido decenas de partidos internacionales en eliminatorias mundialistas y en la Copa Africana de Naciones. “Simplemente soy un árbitro que intenta cumplir su sueño, el mayor sueño de mi vida: venir al Mundial”, declaró Artan luego de que fuera obligado a viajar a Turquía por las autoridades migratorias estadounidenses al pisar suelo en el “país de la democracia y la libertad”.
El detonante del conflicto en torno al mundial que Estdos Unidos organiza junto a Canadá y México (países a los que Trump también ha amenazado con invadir en más de una ocasión) fue la entrega del primer “Premio de la Paz de la FIFA” al presidente del régimen yanqui durante el sorteo del Mundial, celebrado en diciembre de 2025. La presidenta de la NFF, Lise Klaveness, respaldó días atrás la denuncia ética contra Infantino y pidió la abolición definitiva del galardón. Según la dirigente noruega, el premio carece de sustento institucional y nunca fue aprobado por el Congreso de la FIFA.
“Criticamos que se instituyera el galardón. No tenía ninguna base en el congreso de la FIFA. No tiene ninguna legitimidad y claramente excede el mandato de la FIFA. Es grave que se funde un premio político sin ningún arraigo”, sostuvo Klaveness.
La denuncia sostiene que Infantino y otros dirigentes vulneraron el código de ética de la organización al utilizar a la FIFA para respaldar políticamente a un jefe de Estado. El cuestionamiento adquiere mayor relevancia por el contexto internacional. EEUU ha destinado miles de millones de dólares en asistencia militar a Israel desde el inicio de la guerra de exterminio en Gaza, por lo que la decisión de distinguir a Trump con un premio vinculado a la paz fue recibida con fuertes críticas en distintos sectores del fútbol internacional.
La Federación Internacional de Fútbol Asociado tampoco ha explicado públicamente cuáles fueron los criterios de selección, quién tomó la decisión ni cuáles fueron los méritos específicos de Trump para que recibiera ese reconocimiento. El silencio institucional ha profundizado las sospechas sobre una creciente y sesgada politización de la organización presidida por Infantino.
La cuestión palestina constituye otro de los puntos más controvertidos. Mientras la FIFA ha sancionado en diversas ocasiones expresiones de solidaridad con Palestina realizadas por jugadores, aficionados y organizaciones deportivas, sus críticos sostienen que mantiene una actitud mucho más indulgente respecto de Israel.
Un ejemplo citado por organizaciones de derechos humanos es la multa de 165.000 euros impuesta a la Federación Israelí de Fútbol por casos reiterados de discriminación y consignas racistas contra jugadores árabes, multa que no inhibe a Israel de jugar partidos internacionales. Sin embargo, la FIFA rechazó la solicitud palestina para actuar sobre los clubes israelíes establecidos en colonias sionistas ilegales en Cisjordania. Para los detractores de Infantino, esta diferencia de trato refleja una doble vara incompatible con los principios de neutralidad y universalidad que la FIFA dice defender.
A horas del inicio del Mundial, la guerra que enfrenta a Estados Unidos, Israel e Irán ha ingresado en una nueva fase de escalada. Irán lanzó recientemenre ataques con misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Bahréin.
Al mismo tiempo, Teherán anunció el cierre del estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del planeta. En tanto que relanzó sus ataques contra posiciones israelíes como respuesta a la agresión bélica si pausa de Tel Aviv sobre El Líbano. La combinación de enfrentamientos militares, ataques cruzados y tensiones diplomáticas ha generado incertidumbre sobre la seguridad regional y sus posibles repercusiones internacionales.
Pese a ello, la FIFA continúa adelante con la organización del torneo sin emitir declaración alguna sobre el contexto bélico que rodea al mudial y que tiene a los Estados Unidos como protagonista principal. La única preocupación visible parece ser garantizar que la competición se dispute según el calendario previsto.
Los problemas ya comenzaron a afectar directamente a las selecciones participantes. La delegación de Irak denunció incidentes migratorios al arribar a Estados Unidos. El delantero Aymen Hussein fue retenido durante siete horas en el aeropuerto O'Hare de Chicago pese a contar, según la federación iraquí, con toda la documentación en regla. La situación fue todavía más grave para Talal Salah, fotógrafo oficial del seleccionado, quien fue interrogado durante doce horas y posteriormente deportado a Bagdad tras la negativa de las autoridades estadounidenses a permitir su ingreso.
La Federación Iraquí de Fútbol presentó una protesta formal y cuestionó duramente a la FIFA por haber otorgado la organización del Mundial a un país donde, según denunció, integrantes de una delegación oficial pueden ser sometidos a este tipo de procedimientos.
Las acusaciones incluyeron señalamientos por perfilamiento racial y discriminación hacia ciudadanos provenientes del mundo árabe. La dirigencia iraquí advirtió que si una figura tan relevante como Aymen Hussein podía ser tratada de esa manera, otras delegaciones de la región podrían enfrentar situaciones similares o peores.
El caso de Irán resulta aún más repudiable. Debido a las restricciones migratorias impuestas unilateralmente por Washington, la selección iraní no pudo establecer su concentración en Tucson, Arizona, como estaba previsto en un principio. En su lugar, instaló su campamento base en Tijuana, México. Su plantel llegó a territorio azteca el 7 de junio, después de que las autoridades estadounidenses rechazaran autorizar una estancia prolongada en suelo norteamericano.
Quince integrantes de la delegación, entre futbolistas y miembros del cuerpo técnico, no recibieron autorización para permanecer en territorio estadounidense. Aquellos que sí obtuvieron permiso quedaron sujetos a condiciones extraordinarias: ingresar únicamente para disputar los partidos y regresar a México inmediatamente después de cada encuentro.
La imagen resulta difícil de conciliar con el discurso oficial de la FIFA. Un seleccionado clasificado legítimamente al torneo más importante del planeta no puede entrenarse en el país anfitrión ni desarrollar una preparación normal. Debe cruzar una frontera internacional cada vez que le toque competir y regresar el mismo día.
Más allá de las trabas administrativas, el episodio representa una humillación deportiva y política. La igualdad de condiciones, uno de los principios fundamentales de cualquier competencia internacional, queda severamente comprometida cuando una selección debe actuar bajo restricciones que no afectan al resto de los participantes.
La situación de la selección iraní expone con crudeza las contradicciones del Mundial 2026. Aunque la federación persa confirmó su participación, lo hizo bajo la exigencia de garantías de seguridad, respeto a sus creencias religiosas y condiciones mínimas para el desplazamiento de su delegación. Pero la realidad se muestra muy distinta.
Resulta difícil encontrar un antecedente semejante en la historia de los mundiales. Un equipo clasificado legítimamente a la máxima competición del fútbol internacional no puede entrenar en el país anfitrión, no puede alojarse allí y ni siquiera puede permanecer unas horas más allá de lo estrictamente necesario para disputar sus encuentros. La imagen de los futbolistas iraníes cruzando la frontera desde Tijuana hacia Estados Unidos y regresando el mismo día simboliza el fracaso absoluto de la FIFA para garantizar condiciones de igualdad entre las selecciones participantes.
No se trata únicamente de una cuestión logística. Es una humillación política disfrazada de procedimiento administrativo. Mientras Infantino habla de inclusión, diversidad y unidad global, una selección nacional es tratada como una presencia tolerada sólo temporalmente y no como una participante legítima del torneo. El mensaje es claro: algunos países son bienvenidos; otros visitantes discriminados y bajo vigilancia extrema.
Todo ello conduce a una pregunta inevitable: ¿existen realmente condiciones para que se dispute este Mundial? La respuesta, con cada día que pasa en la recta final hacia incio oficialmente anunciado, es un rotundo No. No sólo por la escalada bélica en Medio Oriente, las amenazas imperiales de invasión a Cuba, la persecución migratoria que afecta a ciudadanos de orgien árabe y latinoamericano a lo largo y ancho de EEUU que no podrán ver a sus selecciones y las restricciones en un mismo sentido que sufren varias delegaciones; sino porque además la propia FIFA ha perdido la autoridad moral necesaria para presentarse como organizadora del principal deporte a nivel mundial.
Gianni Infantino ha erosionado gravemente su credibilidad. La entrega de un supuesto Premio de la Paz a Donald Trump, impulsor de guerras y genocidios, las denuncias impulsadas por la Federación Noruega de Fútbol, el silencio frente a la situación palestina, la doble vara aplicada a distintos conflictos y la incapacidad para garantizar igualdad de trato a todas las selecciones muestran una conducción cada vez más subordinada a intereses políticos y económicos ajenos al fútbol.
Jugar este Mundial en estas condiciones implica normalizar lo que debería resultar inaceptable. Significa aceptar que una selección deba vivir en otro país para poder participar del torneo, que jugadores y trabajadores sean sometidos a controles discriminatorios y que el organismo rector del fútbol mundial actúe como un actor político a favor de este status quo injusto sin asumir ninguna responsabilidad por ello.
