La ex presidente de facto de Bolivia, fue condenada a diez años de prisión por su responsabilidad en el golpe de Estado perpetrado en 2019. Se la juzga por obrar en contra de la Constitución y la Ley.
El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, condenó el viernes pasado a diez años de cárcel a la ex presidenta Jeanine Áñez, a quien encontró penalmente responsable de perpetrar los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, en el marco de la Causa Golpe de Estado II.
En noviembre de 2021, el Ministerio Público había informado que iba a solicitar “la pena máxima” de diez años contra Áñez, luego planteó que corresponderían doce y en mayo de este año el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que su condena podía llegar incluso a quince años de prisión.
Finalmente, el pasado lunes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, confirmó que la comisión de fiscales que investigó este caso, pedirá quince para quien ejerció de facto la Presidencia de Bolivia desde el 12 de noviembre de 2019 hasta el 8 de noviembre de 2020, mientras la defensa de la solicitó su absolución.
El juicio oral en contra de Áñez y otros ocho involucrados comenzó el 28 de marzo. Durante la mañana del viernes en su última exposición de alegatos ante el Tribunal de Sentencia, la ex senadora insistió en que es inocente y afirmó que “volvería a hacer” en noviembre de 2019 cuando se proclamó mandataria en medio del pustch y la represión desatada para derrocar a Evo Morales.
Al respecto, el militante del Frente Revolucionario Comuna (Frec), Tupaj García, habló con Propuesta para aseverar que “el fallo era esperable” y remarcó que “se demostró que Añez tenía conocimiento de todo lo que pasaba”.
Asimismo, en cuanto a la cantidad de años que impuso la sentencia, fue claro cuando dijo que “se trabajó políticamente con que Añez iba a estar treinta años presa, lo cual fue un error para ese caso”. Y argumentó: “la sentencia máxima que el Poder Judicial dicta en estos casos es de quince años”. En esto se incluye las acciones de Añez contra la Asamblea Legislativa, tales como sesionar sin quórum, algo que aprovechó para autoproclamarse Presidenta del Senado, lo que después la puso en la titularidad del ejecutivo nacional.
En cuanto a la repercusión que tuvo este fallo judicial en la sociedad boliviana, García no dudó en destacar que “hay un consenso en la población en general de que el gobierno de Añez es responsable de muchas atrocidades que se cometieron”. Pero aclaró que lo que divide aguas es el monto de la sentencia “ya que muchos sostienen que debería haber sido más severa”.
Y celebró que “no haya cuajado el discurso de la derecha que hablaba de que este era un juicio de revanchismo político y que la sentencia es injusta”, tras lo que recordó que “votamos al MAS para que haga esto”.
Áñez está detenida desde marzo de 2021, cuando fue imputada por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración dentro del proceso denominado Golpe de Estado I, a instancias de la acusación que oportunamente hizo la ex diputada Lidia Patty.
Después fue abierto otro proceso en su contra, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, que se denomina Golpe de Estado II. Este proceso es el que tuvo mayor agilidad y es en el que Áñez fue juzgada y condenada.
Pero todavía Añez debe responde por las masacres de Sacaba y Senkata, por lo que se está a la espera que se abra un juicio por genocidio y, en este caso, “estaríamos hablando de una sentencia posible de hasta treinta años”, sostuvo García.
Vale mencionar que, el ex presidente Morales consideró que la sentencia que recibió Áñez es “una pena benigna en relación al daño que causaron a la democracia”. Pero pese a esto, el gobierno de Bolivia festejó el fallo, mientras que la oposición de ese país convocó movilizaciones en contra de la sentencia que, además, recibió el repudio de un grupo de políticos de la derecha iberoamericana que incluye a Mauricio Macri.
