Los amigos de Pou

El diputado comunista, Gerardo Núñez, calificó como una “pulseada contra la democracia” a la propuesta realizada por el líder del partido Cabildo Abierto, Guido Manini, de restaurar la Ley de Caducidad por la que se consagraba la impunidad de represores que perpetraron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en Uruguay.
Si bien nadie puede sorprenderse con el hecho de que este senador de extrema derecha proponga algo así, la semana pasada comenzaron a encenderse luces de alarma cuando Manini Ríos reveló que estuvo hablando sobre el tema con su socio en la coalición gobernante, el presidente Luis Lacalle Pou.
Vale recordar que Manini Ríos fue jefe del Ejército, cargo que tuvo que dejar tras ser cesanteado por sus declaraciones de carácter político, algo que los militares en ejercicio tienen vedado, según la Constitución de Uruguay. Pero esto lejos estuvo para ser un impedimento para que siguiera reivindicando abiertamente a la dictadura.
Antes de esto, Manini Ríos había recibido formación en EE.UU. donde, además, fue agregado militar adjunto a la Embajada de su país y asesor del Colegio Interamericano de Defensa.
Posteriormente fundó Cabildo Abierto (CA) y su apoyo a Lacalle Pou fue determinante para que se alzara con el triunfo en la segunda vuelta de diciembre de 2019.
Esta alianza se plasma en el parlamento, pero también en el ejecutivo, donde CA ocupa diferentes espacios, entre ellos el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, cuya titular es la esposa de Manini Ríos, Irene Moreira.
Así las cosas, parece que ahora el líder de CA, comienza a pasar la factura con su pedido de que se derogue una ley interpretativa sancionada en 2011, que deroga la Ley de Caducidad.

Procesados

Con este telón de fondo, Núñez planteó su rechazo a la iniciativa de Manini Ríos, tras participar en un acto de homenaje al militante comunista Álvaro Barbi, quien hace 45 años fuera torturado y asesinado en dependencias de la desaparecida Dirección de Información e Inteligencia.
La impunidad de muchos de los integrantes de esta Dirección, fue protegida por la legislación vigente hasta 2011 que ahora el senador por CA quiere que vuelva a tener vigencia.
Ahí, el diputado Núñez recalcó que la decisión de que el Poder Judicial procese a los militares retirados por el asesinato de un militante comunista durante la dictadura, “es una buena noticia para el país y para la democracia”, ya que “aquellos que cometieron atropellos gigantescos contra el pueblo uruguayo, deben pagar por sus crímenes”.
Tras lo que destacó: “que hoy estas personas vayan a cumplir una condena de prisión, es un mensaje muy potente para todo el Uruguay y, sobre todo, para aquellos que han estado en las últimas horas presionando a la Justicia, intentando desarrollar una operación de desmemoria para que no hay verdad, ni Justicia”.
Cabe señalar que la jueza Isáura Tórtora, procesó con prisión a los militares retirados, Nelson Heber Coitinho Leites y Hugo Andrés Garciacelay Odera, por un delito de homicidio agravado en calidad de autor y de coautor, perpetrado contra el militante del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Julián Basilicio López.
La magistrada argumentó que la causa de muerte de López fue el “sangrado interno masivo secundario a los violentos traumatismos recibidos” y que se trató de una “muerte violenta, a consecuencia de traumatismos inferidos intencionalmente por terceros”.
López fue ultimado el 5 de enero de 1976 en el Grupo de Artillería de La Paloma, en Montevideo. La causa abierta por su asesinato, es una de las vinculadas a delitos perpetrados durante la dictadura, que fueron reactivadas durante las últimas semanas por el Poder Judicial.