También en Uruguay contra la reforma jubilatoria

El jueves pasado una multitud se movilizó en Uruguay para protestar contra el proyecto de reforma jubilatoria, que intenta imponer el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, que prevé llevar la edad de retiro de 60 a 65 años y que tras ser aprobada por el Senado debe pasar por la Cámara Baja.

La jornada que tuvo su epicentro en Montevideo en el marco de un paro nacional, fue convocada por la central sindical PIT-CNT que volvió a denunciar que se trata de una iniciativa que es “perjudicial para los intereses de las grandes mayorías del pueblo trabajador”, tal como lo advirtió su secretario Marcelo Abdala al dirigirse a quienes se dieron cita en la explanada de la Universidad de la República donde se hizo un acto en el contexto de la marcha que acabó ante la sede del Palacio Legislativo.

Ahí, Abdala remarcó que “la seguridad social es un mecanismo para la protección de la gente”, algo que “no resuelve la economía del mercado”, tras lo que fue contundente al señalar que el proyecto de Lacalle Pou “implica un retroceso, porque mantiene una perspectiva en la cual los sectores mayoritarios de la población vamos perdiendo derechos”.

Y añadió que la reforma “eleva la edad jubilatoria, cuando la actual revolución tecnológica debería convocarnos a debatir un reparto socialmente equitativo del trabajo disponible”, pero también “rebaja las jubilaciones”, algo que debería preocupar “a otros sectores como los pequeños empresarios que tienen sus intereses vinculados a la demanda interna del mercado interno”.

Mientras tanto el secretario general del Partido Comunista de Uruguay, Juan Castillo, no dudó a la hora de calificar al proyecto de reforma como “entreguista” y alerto que afecta los derechos laborales, porque “no hace recortes a los que se quedan con las grandes ganancias, sino que hace que el costo de que implica la paguen los trabajadores, aportando más años de trabajo a las distintas cajas y cobrando menos, si es que llegamos a tener la suerte de poder jubilarnos en algún momento”.

Asimismo, Castillo apunto contra “muchos legisladores de los partidos tradicionales y de Cabildo Abierto que dicen que no están de acuerdo con esta reforma” y los desafió a que “pasen del dicho al hecho y en lugar de discutir sólo para quedar bien en los medios de comunicación, mantengan eso en la práctica del debate parlamentario”.

Quien también hizo oír su voz durante la jornada, desde su particular perspectiva y por medio de una publicación en Twitter, es el fundador de Mercado Libre Marcos Galperin. “Qué lindas épocas cuando cada uno de nosotros tenía nuestros ahorros jubilatorios en nuestras propias cuentas privadas y podíamos ver la evolución de nuestros ahorros todos los meses”, dijo quien es uno de los principales exégetas que tiene el precariado en esta parte del planeta.

Galperin es el paradigma de esto que la moda que impone la clase capitalista dio en llamar “unicornios empresariales”, pero además fue uno de los empresarios protegidos y beneficiados por el Gobierno Cambiemos. A menos de dos semanas de que el entonces ministro de Economía, Hernán Lacunza, anunciara el default que cesó el pago de Letras del Tesoro durante seis meses, Mercado Libre vendió todas sus tenencias en este tipo de bonos por lo que logró evadir los desagradables efectos del “reperfilamiento”.

Quizás por cosas como esta es que, poco después cuando su amigo Mauricio Macri debió dejar La Rosada, Galperín decidió sumarse a la lista de empresarios que -como Susana Giménez, Gerardo Werthein y Sebastián Bagó- siguen levantándola con pala en Argentina, pero eligen vivir su “exilio dorado” en Uruguay. Mientras tanto, de este lado del Plata, hace casi un año la Afip denunció a Mercado Libre por una evasión fiscal del equivalente a 7,5 millones de dólares en impuestos. Es que, al parecer -hecha la ley, hecha la trampa-, Galperin declaró importar un modelo de terminal de pago que no tenía que tributar derechos de operación, pero en realidad ingresó otros tipos de artefactos que sí están gravados.