La presencia del magnate tecnoimperialista en La Rosada enciende luces de alarma. Desde el Partido Comunista, Bryan Ojeda advierte que cualquier vínculo entre Palantir Technologies y el Estado Nacional “debe tener una auditoría ciudadana y transparencia total, además de ser sometido a un debate parlamentario”.
Esta semana Javier Milei recibió en la Rosada a Peter Thiel, dueño de la empresa de seguridad informática Palantir Technologies, una de las principales contratistas de geolocalización del Pentágono y de Israel, lo que lo convierte en una de las personas más influyentes del complejo tecnológico-militar del imperialismo.
Formado en la Sudáfrica del Apartheid y uno de los mayores referentes del neofascismo tech a nivel mundial, que por ejemplo llegó a afirmar sin cuidar las formas que “la libertad es incompatible con la democracia”, Thiel está instalado desde hace varias semanas en la Ciudad de Buenos Aires. Según lo que pudo saberse de ese encuentro en La Rosada, se avanzó en la posibilidad de que Palantir le suministre al gobierno “los fierros” de última generación destinados al análisis masivo de datos y vigilancia a cambio de la entrega de recursos naturales, como el litio, fundamentales para sus desarrollos tecnológicos al servicio de la ofensiva imperialista en todo el mundo.
“No se trata de una simple empresa tecnológica”, advirtió Bryan Ojeda, miembro del Comité Central del Partido Comunista a la hora de referirse a Palantir, a la que definió como “un servicio de inteligencia privado con fines de lucro y con una agenda política propia”, tal como “lo reconocen desde sus manifiestos corporativos hasta los libros que estructuran todas estas nuevas empresas tecnológicas que aseveran que la democracia ha fracasado, por lo que asumen que ellos deben hacerse cargo de todo lo público”. Por eso es que la firma de Thiel va tras los “recursos, datos y límites territoriales, con la discriminación de quiénes son ciudadanos de primera y quiénes los de segunda, y a quiénes se persigue en esta construcción de enemigos internos a la que echan mano los gobiernos de ultraderecha”.
Asimismo, recordó que la compañía en cuestión aporta herramientas que resultan clave para la persecución desatada por la Administración Trump contra personas migrantes. “Esto es lo que pretenden estas corporaciones: hacerse cargo de la toma de todo tipo de decisiones, lo que dibuja un escenario en el que cualquier tipo de Estado de Derecho es nulo”, ya que “no hay posibilidad de defenderse cuando un algoritmo, una Inteligencia Artificial, ya te ha puesto en una lista negra con todos tus datos personales”. Y remarcó que “esto no es ninguna exageración: lo vemos acá con las declaraciones del presidente que define a cualquier sector opositor como ‘gente infectada, virus kuka, zurdos’, patologizando a quienes son sus adversarios políticos”.
Ojeda subrayó que en los días que corren “como nunca antes en la historia de la humanidad, esas ideas están sustentadas y potenciadas con sistemas de inteligencia y análisis de datos que pueden predecir comportamientos humanos, lo que constituye un claro peligro para la democracia, dado lo cual debemos exigir que la ciudadanía tenga acceso a saber qué es lo que Milei firmó con Thiel; qué pacto, qué tratado, qué acceso a datos estratégicos de nuestro país tiene ahora esta empresa extranjera que depende del Departamento de Defensa de EE.UU., que junto con el Estado de Israel es con quien suscribe contratos que la sustentan económicamente”.
En esa misma línea, agregó que la presencia de Thiel en Argentina debe propiciar un debate que pase a formar parte de la agenda pública “porque estas compañías no respetan ningún Derecho Humano y no se hacen cargo de lo que los algoritmos de sus súper computadoras acaban decidiendo”, algo que en la práctica dejó como saldo reciente el bombardeo de la escuela primaria de niñas Shajare Tayebé en Minab, al sur de Irán, que fue atacada durante el reinicio de la ofensiva militar de Israel y Estados Unidos a fines de febrero, asesinando a más de 155 alumnas y profesoras.
En virtud de la amenaza que representa un acuerdo con Palantir, insistió con que resulta imprescindible “discutir sobre soberanía digital, porque eso significa hablar de soberanía estratégica que impacta sobre las personas, pero también sobre decisiones políticas de un Estado que pierde capacidad de decisión cuando esos análisis los hacen corporaciones extranjeras con autonomía política”.
Ojeda también recordó los antecedentes del tecnócrata en una línea de pensamiento que tiene que ver con la construcción de algoritmos profundamente adictivos para debilitar sistemas democráticos frente a países incapaces de controlarlos y fue claro al resaltar que la presencia de Palantir Technologies en nuestro país “representa una amenaza directa a la soberanía nacional y a las libertades democráticas del pueblo argentino”. Por ello, afirmó que “hay que exigir un debate parlamentario y público, una auditoría ciudadana y transparencia total sobre cualquier vínculo entre el Estado argentino y esta corporación o cualquier otra dedicada al manejo de datos tan sensibles”.
