Así definió el abogado laboralista Hugo Mir a la iniciativa de reforma laboral que Javier Milei envió ayer al Congreso, donde pretende que sea tratada durante las sesiones extraordinarias.
“El proyecto de ley es inconstitucional”, recalcó en diálogo con la periodista de Radio Rebelde de San Luis, Claudia San Martín, el abogado laboralista e integrante de la Dirección del Partido Comunista porteño, Hugo Mir, al referirse a la iniciativa a la que ayer jueves le estampó su firma Javier Milei, antes de mandarla al Congreso, donde se prevé su tratamiento para el verano. Esta avanzada antiobrera despertó el rechazo de las centrales sindicales, que ya anunciaron una movilización para el próximo jueves 18 de diciembre a Plaza de Mayo.
En relación al proyecto oficialista, Mir explicó que el “viola el artículo 14 bis de la Constitución, que habla de la garantía contra el despido arbitrario” y también, entre otros puntos, el inciso 19 del artículo 25 “que dice que toda nueva legislación debe ser progresiva y no regresiva”. Asimismo, señaló que conlleva la violación de los pactos internacionales, ya que, por ejemplo, el artículo 2 del Pacto de San José de Costa Rica señala que “toda nueva legislación no puede implicar pérdida de derechos”, al tiempo que hace lo propio “con la mayoría de convenios suscriptos con la OIT”.
Por otra parte, hizo hincapié en que su inconstitucionalidad también reside en que “ataca los principios generales del derecho del trabajo que tienen un carácter protectorio porque, desde su origen, el derecho laboral establece que hay una relación desigual entre empleadores y trabajadores”, en tanto que “es violatoria del resto de los principios del derecho del trabajo”.
Mir puso el acento en que el texto del proyecto pretende además imponer un disciplinamiento hacia los trabajadores, puesto que “establece ampliación de rubros de carácter no remunerativo, con lo cual no es tomado para el cálculo de la base salarial sobre la cual se haría una eventual indemnización para el trabajador y establece restricciones para las enfermedades no ocasionadas por un accidente de trabajo en las que el trabajador se debe encontrarse en reposo y, de acuerdo a este proyecto, pasaría a cobrar sólo el ochenta por ciento de su salario”. El abogado del PC y la Liga Argentina por los Derechos Humanos sostuvo que los criterios de disciplinamiento se extienden a “los ‘salarios dinámicos’, donde el empleador determina a qué empleado le otorga más beneficios y a quiénes no, lo que ataca el criterio de solidaridad entre compañeros de trabajo”.
Por otra parte, cabe citar que desde la aplicación de la Ley Bases el Fondo de Cese Laboral es optativo, pero si prospera la norma que pretende la Presidencia Milei, “podría llegar a ser obligatorio”, advirtió Hugo Mir, pese a que su inviabilidad quedó demostrada durante todo este tiempo en el que no fue adoptado por ningún acuerdo entre cámaras empresariales y sindicatos. “Lo que se busca con esto es generar un mercado cautivo de capitales como lo es el de las ART y como en su momento fueron las Afjp”, puntualizó.
En caso de que el Congreso le otorgue luz verde al proyecto gubernamental, va a quedar eliminado el medio preaviso. “Hasta ahora cuando un trabajador es despedido en su período de prueba es acreedor a medio sueldo como preaviso, pero en esos casos esto queda eliminado con la reforma que se quiere imponer ”, explicó Mir y añadió que, en la misma línea, se inscribe el fraccionamiento del período vacacional que habilita el texto firmado por Milei pero dictado por el FMI y el gobierno de los Estados Unidos.
Otro tema que resulta de suma gravedad es la implementación del “banco de horas”, mecanismo por el que “el trabajador pierde la posibilidad de hacer horas extra con la necesidad que hay actualmente cuando la mayor parte de los trabajadores se ubican por debajo de la línea de la pobreza”.
Al ser consultado sobre la articulación que esta reforma tiene con las que en simultáneo la Presidencia Milei pretende imponer en las áreas Educativa y Previsional, así como con la puesta en marcha de un nuevo Código Penal, Mir recordó que, más allá de la profunda regresión en materia de Derecho Laboral, “este proyecto se aboca a reformar varios artículos de la Ley de Asociaciones Sindicales con un enorme perjuicio para los sindicatos”, ya que si tiene éxito, “los acuerdos por rama pasarían a ser por empresa, lo que lleva a un debilitamiento de los sindicatos nacionales”. A su vez “prevé sanciones graves para quienes tomen establecimientos y otras medidas de acción directa”. Con lo cual, denunció que reduce “la posibilidad de que se realicen asambleas en los sitios de trabajo” e insistió sobre el fuerte sesgo punitivista que contiene al recordar que “la transgresión a estos puntos, en cada caso, trae aparejada una sanción penal”.
En este contexto, al hablar sobre la precarización a la que están sometidos quienes se desempeñan laboralmente por medio de plataformas, resaltó que este proyecto “los exceptúa del alcance de la Ley de Contratos de Trabajo y cuando se refiere a quienes trabajan llevando pedidos, habla expresamente de que poseen un vínculo con el ocasional cliente, pero nada dice del que tienen con su empleador, que es el dueño de la plataforma”. Por lo que lamentó que, con particular cinismo, el texto aclare que “el trabajador es libre de trabajar o de no trabajar”, pero en ningún momento alude a ningún tipo de obligación de los propietarios de esa plataforma que los emplea. En este sentido, Hugo Mir fue contundente al remarcar que “además de exceptuarlos de los alcances de la Ley de Contratos de Trabajo, el proyecto no hace ninguna referencia a la protección laboral que deben tener estos trabajadores”.
