Se trata del Programa que Milei dio de baja pero que, por orden judicial, tiene que continuar abonando. Desde la Federación Nacional Territorial Regional San Luis, Pablo Patiño, advirtió que la postura del ejecutivo nacional responde a “un plan político orientado a perjudicar a los sectores populares que están en lucha”.
Esta semana la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social debe hacer efectivo el pago correspondiente al Programa Volver al Trabajo por orden del Poder Judicial. Sin embargo, el gobierno ya anticipó que apelará este fallo aunque aceptó mientras tanto seguir abonando el monto del programa a todos sus beneficiarios. Esto es una suma de 78 mil pesos (congelada desde la asunción presidencial de Javier Milei) que alcanza a alrededor de novecientas mil personas que a cambio realizan funciones en comedores, merenderos y espacios de primera infancia, entre otras tareas vinculadas a labores socioeducativas, cuidado de adultos mayores, acompañamiento a personas con consumos problemáticos y actividades productivas como reciclado, agricultura familiar y venta ambulante. Otras de las tareas reconocidas por el Volver al Trabajo (ex Potrnciar) son aquellas desempeñadas a través de convenios municipales con cooperativas para la limpieza urbana, mantenimiento de espacios públicos y pequeñas obras de infraestructura.
Tal decisión llega después de que, por medio de un decreto, Milei diera por finalizado el Programa, lo que provocó la presentación de recursos de apelación por parte de los movimientos sociales en el marco de su plan de lucha. Entre esas presentaciones está la que aceptó el juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, lo que obliga pese a que el gobierno no quiera, a que la Anses haga el depósito correspondiente para el pago del Volver al Trabajo.
Esta conquista fue celebrada por el dirigente de la Federación Nacional Territorial (FeNaT, de la CTA Autónoma) del Regional San Luis, Pablo Patiño. No obstante, y como anticipó el propio Milei, el gobierno hará lo posible por que se caiga esta cautelar que por ahora mantiene en pie la asistencia social que sigue en la mira de la motosierra. Esta disputa no pasa desapercibida para Patiño, quien puntualizó que el recurso presentado desde la Rosada forma parte de “un plan político orientado a perjudicar a los sectores populares que están en lucha”.
El dirigente de la FeNaT y del PC de San Luis también fue claro al fustigar al concejal puntano por el PRO, Lucas Sapino, quien no hace mucho presentó en el deliberativo comunal de Villa Mercedes un proyecto por el que pretendió que el ejecutivo municipal establezca multas a quienes revisan la basura domiciliaria para recolectar algo que puedan vender. Ni más ni menos que una iniciativa que revictimiza a personas a las que no les queda otra que buscar algo para subsistir entre lo que otros desechan.
“Se trata de un proyecto cruel, inmoral y malicioso”, advirtió Patiño y sin dudarlo subrayó que la medida, en línea con todo lo implementado por el gobierno nacional contra los sectores populares, no persigue otro fin que el de “abonar a la ruptura del tejido social, enfrentando a vecinos contra vecinos”, al tiempo que expulsa del espacio público a “aquellos sectores que el propio sistema capitalista empobrece”.
