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Jue, Sep

Política

Convocado por este colectivo de base, el sábado pasado en Parque Lezama se llevó a cabo una asamblea en la que se analizó la situación de creciente hostigamiento contra los vecinos de las barriadas históricamente más relegadas de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que se necesita con urgencia es la “implementación de políticas públicas reales que generen trabajo, cultura y educación”, recalcó el MVBP.


El Movimiento de Villas y Barrios Populares (MVBP), integrado por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y comunitarias, se reunió en asamblea el último sábado en el Anfiteatro del Parque Lezama y denunció públicamente que los operativos de saturación desplegados por la Gestión Macri pretenden criminalizar la pobreza. “Los procedimientos policiales ejecutados promueven discursos racistas y generan impunidad, ya que mientras se criminaliza a los y las comerciantes de nuestros barrios y a las cuidadoras comunitarias, los verdaderos responsables del narcotráfico operan bajo complicidades políticas y judiciales”, sostuvieron desde el espacio.


En tanto que contextualizaron que todo esto se enmarca en un escenario atravesado por “la destrucción del Estado y el aumento de la violencia institucional”. Algo que, puntualizaron, se lleva a cabo por ejemplo “mediante el recorte de programas culturales y el cierre de orquestas barriales, reemplazando la inversión social por fuerzas represivas”.


La escalada represiva que tuvo un serio capítulo con la puesta en marcha de Tormenta Negra el pasado jueves por la noche se dio “bajo falsos pretextos de operar contra infractores de tránsito, venta ambulante, control migratorio o guerra contra el narco”, caracterizó el MVBP pero su verdadero fin, aseguró, “es perseguirnos, hostigarnos y criminalizarnos profundizando las desigualdades de una política económica cada vez más asfixiante para la economía popular”.


A su vez, advirtió que “están haciendo lo que se les antoja con un solo propósito, que es sitiar a los barrios populares como ya lo hicieron con la Villa 31 en Retiro desde hace aproximadamente un mes” y remarcó que “lo único que se está buscando con este megaoperativo policial simultáneo es reprimir trabajadores y niños, quitándonos nuestra fuente de trabajo y militarizando nuestros territorios como estrategia para competir entre las dos fuerzas de la derecha más repulsiva de la política nacional: el macrismo y el mileísmo”. Mientras que agregó con claridad que “esta demostración de fuerza, lejos de traer seguridad y bienestar sólo cosecha terror y violencia, deliberadamente buscada para seguir reprimiendo con mayor crudeza”.


Por lo tanto, el MVBP exigió en la asamblea el cese inmediato de la persecución policial, judicial y gubernamental contra los trabajadores de la economía popular y las cuidadoras comunitarias, así como “el fin de los operativos represivos y racistas en las villas de la Ciudad”. Finalmente, subrayó la necesidad urgente de la “implementación de políticas públicas reales que generen trabajo, cultura y educación”, así como “la investigación efectiva de los delitos de guante blanco y de quienes se enriquecen desde la función pública”.


En ese sentido, se inscribió la declaración del Partido Comunista de CABA que publicamos en la edición del último viernes de NP. Y el grito justiciero que una vecina de la 31 le lanzó desde su ventana a Jorge Macri mientras caminaba flanqueado por un batallón policial: “Los narcos no están en la villa, están en los countries”. 


La tormenta negra sigue


La nube de humo pasajera del jueves por la noche fabricada por el Gobierno de la Ciudad, sin dejar de ser un hecho de suma gravedad, no es nada en comparación a la verdadera tormenta negra que padecen a diario las víctimas más damnificadas del sistema capitalista. El neoliberalismo que gobierna hace dos décadas la Capital, ha ensanchado de manera sistemática la brecha preexistente entre los barrios del norte rico y del sur empobrecido. 


En lo que refiere a la inversión en villas, por mencionar sólo algunos ejemplos ilustrativos, Horacio Rodriguez Larreta terminó su gestión reduciéndoles en 2023 el presupuesto en un 71 por ciento. En tanto que la actual administración macrista comenzó con un recorte del 53 por ciento en el IVC (Instituto de la Vivienda de la Ciudad), el organismo encargado de la construcción de viviendas populares. Específicamente todas las obras previstas para la 31 se encuentran paralizadas. “No pienso construir una sola vivienda regalada más con plata del Estado”, dijo al asumir su mandato el alcalde porteño llegado de Vicente López.  Este vaciamiento planificado alimenta el viejo y siempre renovado deseo de la derecha de erradicar la villa de Retiro y ofertar sus terrenos para el negocio inmobiliario. 


El megaoperativo represivo contra los vecinos de diecisiete villas y barrios populares se suma a una escalada xenófoba que, al mejor estilo de los cazainmigrantes del ICE de Donald Trump, viene motorizando la gestión porteña para desde la marca pura del PRO correr por derecha y disputarle el electorado a Patricia Bullrich.


El lanzamiento de campaña del primo de Mauricio para su reelección estuvo enmarcado por una puesta en escena de estilo hollywoodense. Las cámaras seguían a un Jorge Macri caminando los pasillos de la Villa 31, ceñudo y vistiendo una campera policial, rodeado por efectivos disfrazados de G.I. Joe. Una vez más los habitantes de las villas volvieron a ser maltratados y humillados por uniformados que se metieron en sus viviendas sin ningún tipo de respeto y se llevaron detenidos al voleo a pibes que estaban por las calles de su barrio sin el documento encima. 


Todo lo sucedido esa noche en los barrios populares, contrasta por completo con el tratamiento que el Poder Judicial, el Ejecutivo y sus policías les brindan a personajes involucrados en causas gravísimas como los hermanos Kovalivker, José Luis Espert y tantos otros. Tormenta Negra, como los demás operativos que al mejor estilo ICE viene multiplicando el GCABA en Constitución, Once y Linieres, refuerza la conocida mirada clasista del macrismo. Pero además esta persecución lombrosiana manda señales hacia el corazón del propio esquema de representación política del bloque de derecha, que comienza a advertir cierto agotamiento del gobierno nacional. Se abrió una carrera en la que el macrismo busca exhibir que puede ser más facho que Patricia Bullrich, quien ya picó en punta en la disputa interna por un “mileísmo sin Milei” alentada desde el poder económico. 


Tras recordar el prontuario del Ministro de Seguridad capitalino, Horacio Giménez, procesado por la represión en el Borda en 2013, desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh),  Lilian García manifestó que Tormenta Negra “forma parte de la política de odio contra las personas pobres, a quienes quieren expulsar de la Ciudad” e hizo hincapié en que “esa política se instrumenta en el acoso a las villas, los más de setecientos desalojos sin orden judicial y las recientes propagandas contra el ingreso de bonaerenses a la Ciudad”.


Por lo que además de adherir la posición expresada por el Movimiento de Villas y Barrios Populares, del que la Liga es parte integrante, García subrayó que “la brutal agresión contra los habitantes de las villas es propia del oportunismo político de la derecha, que muestra su posición de clase defendiendo el derecho de propiedad de los especuladores que quieren extenderse de Puerto Madero al Barrio Rodrigo Bueno y la 31, frente a quienes no tienen derecho a la propiedad ni ningún otro”. Y concluyó que “estos operativos nocturnos son disciplinamiento puro frente a una sociedad que el martes salió a reclamar a las calles de todo el país”, así como también ante la movilización del lunes en la villa 31 para  homenajear al Padre Mugica a 52 años de su asesinato, donde se reivindicó el derecho del barrio que lleva su nombre a vivir en condiciones dignas.

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Las elecciones del Centro de Estudiantes de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín dieron como resultado una victoria contundente del MUI - Lista 18 con un total de 453 votos sobre los 272 cosechados por la Mella. Una diferencia aún más grande que la lograda en 2025, que da cuenta de la aprobación estudiantil a las tareas asumidas por el Movimiento Universitario de Izquierda, que se consolida y crece al calor de la lucha contra el vaciamiento de la Universidad Pública ordenado por Milei. Por Lucas Alfieri*

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Diputados dio un paso adelante y la semana que viene el proyecto se va a considerar en comisiones. “La problemática es muy delicada y preocupa la posición que tiene al respecto el gobierno de Javier Milei”, advirtió Pedro Waldo, Secretario de Discapacidad de la CTA Autónoma de Catamarca.

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Con la misma perseverancia con la que se sostienen los reclamos del sector semana a semana frente al Congrso y por distintas puntos del país, los jubilados barilochenses también marcan el camino de este proceso de resistencia popular. “Pese a que muchas veces nos dicen que tenemos la batalla cultural perdida, mientras sigamos luchando no tenemos absolutamente nada perdido, porque aquí la única batalla que se pierde es la que se abandona” dijo uno de los integrantes de la Asamblea, el militante comunista Maxi Schneebeli.

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En ese camino, y tras el paro de docentes universitarios realizado ayer, se prevé la realización de clases públicas en las distintas casas de estudio de todo el país y un acto central ante el Palacio Pizzurno. “Continuamos pensando y proyectando un horizonte de construcción de una universidad para todos y todas, para el acceso de los y las obreras y de sus hijos: este debe seguir siendo nuestro objetivo”, subrayó desde el MUI de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Sol Guirin Chapitel.

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En el marco del Día de la Industria, Apyme advirtió sobre el escenario catastrófico al que las políticas del gobierno de Javier Milei están arrastrando al país y demandó medidas de emergencia tendientes a frenar la ola de cierres de fábricas y comercios. También planteó que hay que reconstruir un modelo basado en la industria, el empleo, salarios, crédito productivo, ciencia y tecnología.

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El presidente fue a un encuentro empresarial el último viernes y los productores yerbateros lo esperaban en las calles para protestar contra la desregulación que provoca la destrucción del Instituto Nacional de Yerba Mate. “Hay que seguir presionando en las calles”, dijo desde el Movimiento Campesino de Liberación Rodolfo Almeida y reclamó que la Legislatura apruebe el Proyecto de Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera.

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La Cámara de Diputados buscará este miércoles abrir paso al tratamiento de la emergencia crediticia de las familias, mientras el oficialismo maniobra para impedirlo. Más de veinte millones de personas están endeudadas y millones acumulan atrasos en un escenario marcado por la caída de los ingresos, la desregulación financiera y el encarecimiento del crédito. Jóvenes y jubilados aparecen entre los más golpeados por una coyuntura que obliga a tomar crédito a tasas leoninas para sostener los gastos cotidianos. Frente a semejante cuadro, el gobierno de Javier Milei pretende reducir el problema a una relación entre particulares y rechaza cualquier intervención pública. El endeudamiento doméstico para subsistir se ha convertido así en una de las expresiones más crudas del ajuste sobre la clase trabajadora y los sectores populares.

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Este sábado en Avellaneda se realizó un mural colectivo en el marco del centenario del natalicio de Fidel Castro. De la actividad participaron varias organizaciones, entre ellas el Partido Comunista, quienes reafirmaron su solidaridad con Cuba. En relación al bloqueo recrudecido contra la Isla mediante el cerco energético de Trump y a las amenazas imperialistas de una agresión militar, Leonardo Baster, responsable de la delegación diplomática cubana en nuestro país, reafirmó que su pueblo está dispuesto a resistir “hasta la victoria”.

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En una cadena nacional que buscó apropiarse de la causa Malvinas, Javier Milei se presentó como defensor de una soberanía que en los hechos su gobierno vulnera sistemáticamente. El discurso presidencial quedó desmentido por su propia política exterior, por la subordinación a Washington y por la creciente presencia militar estadounidense en el Atlántico Sur. El Partido Comunista y su Secretario General, Jorge Kreyness, salieron al cruce de una puesta en escena que, detrás de una repentina retórica nacionalista, pretende ocultar la entrega del país.

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La CTA de los Trabajadores Regional Ribera del Paraná exigió ayer que el Legislativo zarateño investigue “las responsabilidades políticas y administrativas de la fuga de datos” que permitió la operación de prensa  montada por el medio Enlace Crítico contra el Secretario Político del PC de la Provincia de Buenos Aires, Christian Poli.

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Desde el MJL, Claudio Cabrera salió al cruce del Ministro de Economía, que anunció un plan de créditos hipotecarios destinados a sectores medios-altos para el que piensa echar mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

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Esta es la pregunta que hacen los trabajadores de Luz y Fuerza que demandan que el gobernador, Martín Llaryora, diga por qué busca que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba emita obligaciones negociables por cincuenta millones de dólares. “Epec no debe convertirse en una caja negra para el gobierno o los empresarios amigos del poder”, advirtió desde la CoNAT Rodolfo Leyría.

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Con esta consigna se volverá a movilizar para protestar contra la privatización del noventa por ciento de las acciones de AySA. El gobierno prevé que el martes 15 de septiembre se abran las ofertas. “Si se avanza en esto el agua va a dejar de ser un derecho humano para convertirse en una mercancía”, advirtió Emanuel Ríos, Subsecretario de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable de Suteba. La firma israelí Mekort, que ingresó con fuerza a nuestro país durante el gobierno del Frente de Todos, asesora el proceso de privatización de esta empresa nacional estratégica.

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La semana pasada pararon durante una jornada en Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa. “Es una necesidad que los profesionales de la medicina estén bien pagos”, sostuvo desde el Partido Comunista pampeano Edgar Soria, quien reclamó que “se democratice nuestra obra social pero también la Anses, con la plena participación de los jubilados en la administración y el control de esas instituciones”.

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La historia del comunista Filippo Di Benedetto religa migración, trabajo, militancia sindical, lucha contra la dictadura y cuidado compañero. Su participación en redes clandestinas de solidaridad y protección revela una política fundada en el cuidado de la existencia. Su recuerdo nos interpela: ¿qué implica organizarse cuando el campo nacional y popular carece de una ética vinculada a una política de transformación radical? Por Rocco Carbone (*)

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La suspensión del desalojo de las comunidades Kinxikew y Melo constituye un triunfo de la resistencia popular frente al avance sobre los territorios, la extranjerización de la tierra y la violencia estatal. Para Walter Zamorano, dirigente del Partido Comunista de Neuquén, los desalojos forman parte de una ofensiva sistemática contra las comunidades mapuche y las organizaciones rurales, que debe ser enfrentada desde la organización popular y la defensa de la soberanía territorial.

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“Tenemos el derecho de no ser tolerantes con los intolerantes” sostuvo la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina al reflexionar acerca de los recientes dichos vertidos por el presidente en su aparición en una de las sedes porteñas de ese colegio, donde llevó su anticomunismo a niveles insólitos, calificando al marxismo como “teoría satánica”, y volvió a arremeter contra los periodistas.

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El gobierno de Javier Milei decidió avanzar sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES para poner hasta 2 billones de pesos a disposición de los bancos con el fin de que hagan negocios privados con créditos hipotecarios. Mientras las jubilaciones mínimas continúan perdiendo poder adquisitivo y millones de hogares se hunden en el endeudamiento, Luis Caputo presentó como política de vivienda una operación que coloca recursos previsionales al servicio del sistema financiero y la especulación inmobiliaria. El Movimiento Jubilados de Liberación denunció el nuevo avance y reclamó el control de trabajadores y jubilados sobre el FGS. “La plata de lxs jubiladxs no es para los bancos”, advirtió.

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El puerto de Ushuaia está intervenido por el gobierno nacional y ahí recaló el petrolero británico VS Promise. Mientras, la israelí Navitas avanza con el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Las concesiones del mileísmo son argumentos en contra de nuestros permanentes reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas. Por Horacio López (*)

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Convocado por el Concejo Deliberante de esa localidad bonaerense, se llevó a cabo un acto en el que estuvo el embajador del Estado de Palestina ante la Argentina, Riyad Alhalabi. El Partido Comunista dijo presente.

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La ofensiva sobre el salario diferido y sus consecuencias sobre la vida y la salud se vuelven cada vez más alarmantes. La sustracción previsional es parte de la lucha por la distribución de la riqueza. Cuando el haber pierde capacidad de compra, una porción mayor del trabajo acumulado durante toda la vida queda apropiada por el capital y por el Estado Neoliberal, que garantiza esa transferencia. Por Jorge Kohen (*)

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El petrolero de la Corona Británica VS Promise recaló con autorización del gobierno nacional en el puerto de Ushuaia. El hecho representa otro caso emblemático de la claudicación mileísta en la causa Malvinas y otro capítulo más de entrega de soberanía. El PC adhirió al reclamo que ante esto formuló el gobierno de Tierra del Fuego, a cargo de Gustavo Melella.

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En la conferencia de prensa realizada en la sede del Suteba Zárate, el Secretario Político del PC de la Provincia de Buenos Aires desnudó la información falsa sobre su persona que días atrás propaló el portal  Enlace Crítico. Estuvo acompañado por el titular del Partido Comunista, Jorge Kreyness, y por un amplio espectro de organizaciones políticas, sociales y sindicales.

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El acuerdo comercial con los Estados Unidos, la desactivación de proyectos de inversión china, el freno a las represas del sur, el cuestionamiento de las estaciones de observación espacial y la presión de Washington para dar de baja el swap con el Banco Popular de China dibujan una sola línea de conducta: el gobierno de Javier Milei ofrece a nuestro país como pieza subordinada de Estados Unidos en el hemisferio mientras  paga esa subordinación con destrucción de la industria, del empleo y entrega de la soberanía. En este contexto, desde el Partido Comunista de la Argentina se profundiza el vínculo con el PCCh, como queda de manifiesto en el último viaje realizado a la República Popular por Christian Poli y Esteban Luchetta. 

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