Eso es lo que intenta imponer el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se apresta a tratar el Senado y que, entre otras cosas, apunta a quienes no tienen otro remedio que alquilar un lugar para vivir. “Atravesamos una situación límite con un montón de personas que no pueden sostener sus alquileres”, puntualizó el coordinador Nacional del MTL, Gustavo Muñoz.
Pasado el mundial, el gobierno de Javier Milei afina la puntería y pretende avanzar en el Congreso Nacional con una agenda que tiene entre sus prioridades al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (LIPP). La redacción del texto de esta iniciativa entreguista, siempre a pedido del FMI y los grandes capitales transnacionales, corrió por cuenta del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Entre otros puntos regresivos pretende reformar el régimen de expropiaciones y los procesos de desalojo, así como desregular también lo estipulado en la Ley de Tierras Rurales y en la de Manejo del Fuego.
Su texto original incluía cambios en perjuicio de las grandes mayorías en lo que hace al régimen de integración socio-urbana de barrios populares, algo que al menos de momento el gobierno tuvo que postergar para conseguir un dictamen de comisión que permita que la iniciativa pueda ser tratada por el Senado. La fecha prevista para su votación es el próximo seis de agosto. Esto fue lo que se anunció luego de que el gobierno viera naufragar su insólito intento de darle tratamiento parlamentario justo un día después de la victoria en el mundial de la Selección Argentina contra Inglaterra. Pero contra Milei, Trump y la FIFA también, al haber ingresado al campo de juego para los festejos la ya célebre bandera con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”.
Más allá de este freno para poder negociar en mejores condiciones y de la exclusión momentánea de la modificación de la Ley de Integración Socio Urbana de este nuevo megaproyecto cipayo y antipopular, queda claro que la Presidencia Milei apunta a modificar también ese marco que les brinda un reconocimiento básico de parte del Estado a los barrios populares, para retirarlo del papel central que tiene en los procesos de escrituración y en la urbanización, así como para buscar suprimir la capacidad estatal de expropiar inmuebles y predios para convertirlos en viviendas para el pueblo.
En definitiva, el gobierno pretende eliminar algunos artículos de la ley que suspenden los desalojos y priorizan la estabilidad de los habitantes, a lo que se suma el congelamiento de obras que deviene del desmantelamiento del Fondo de Integración Socio Urbana. En ese mismo paquete legislativo del tándem Milei-Sturzenegger, se postulan reformas para recortar y adaptar artículos del Código Procesal Civil y Comercial, y del Código Civil y Comercial, tendientes a acelerar el proceso de desalojo facilitando la ejecución antes de que haya sentencia y reduciendo las posibilidades de defensa de quienes moran en la vivienda.
Esta medida puntal, sobre la que alertaron oportunamente los movimientos sociales, busca que en casos de deudas en el pago de alquileres de viviendas y/o habitaciones, el inquilino cuenta con sólo tres días desde que es intimado por el locador hasta ser desalojado. De manera que, en caso de prosperar el proyecto, representaría el trámite sumario más breve contemplado en el Código Procesal.
Con este telón de fondo, en la mayor parte del país, el mes pasado los alquileres volvieron a aumentar por encima de la inflación, tal como lo advierte un informe que elaboró Inquilinos Agrupados, donde también se da cuenta de que esa brecha se viene ampliando desde que por medio del DNU 70/2023, Milei derogó la Ley de Alquileres, algo que golpea duramente a los sectores medios con salarios conveniados y, más aún, a los trabajadores precarizados para quienes esta situación se convierte en letal.
“Sin ningún tipo de duda, el tema de la vivienda es elemental para los trabajadores, trabajadoras y para los movimientos populares que somos parte de la clase”, recalcó el Coordinador Nacional del MTL, Gustavo Muñoz. A su vez, lamentó que “estamos atravesando una situación límite con un montón de personas que, como no pueden sostener sus alquileres, deben ir a vivir con sus padres, lo que lleva a que muchas familias vivan hacinadas, mientras que el gobierno nacional manda leyes para que eso se acreciente aún más y con eso tiene que ver este proyecto, ya que si permitimos que avance va a complicar todavía más a los y las trabajadoras”.
Como si todo esto fuera poco, la sintonía de la Casa Rosada con el Gobierno de la Ciudad se pone en evidencia en la utilización de la criminalización de la pobreza, que ambos ponen en acto cuando convierten a la represión en villas y barrios populares en herramienta de fidelización del electorado que disputan, así como en un mecanismo de control social. Entre los ejemplos más salientes de esta “táctica electoral” de Jorge Macri podemos citar operativos como el deniminado Tormenta Negra y, por otra parte, aquellos que bajo órdenes del Ejecutivo Nacional llevan a cabo la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal, intentando emular a los que en Estados Unidos perpetra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
“Vienen por todo”
El proyecto en cuestión es claro cuando agrede la soberanía en todas sus dimensiones y esto queda más que en evidencia al postular la derogación del artículo 4 de la Ley de Tierras, que es el que declara de “conveniencia nacional” el hecho de que las propiedades en zonas fronterizas pertenezcan al Estado, a personas físicas argentinas nativas o empresas nacionales. Si se aprueba esta avanzada oficialista, personas, empresas e incluso Estados extranjeros van a poder quedarse con territorios, sin límite de extensión, incluso en zonas fronterizas u otras de relevancia estratégica.
“Paralelamente vienen entregando el suelo a extranjeros como los ingleses, israelíes y estadounidenses”, denunció el coordinador Nacional del MTL y fue contundente cuando hizo hincapié en que “por eso esta es una pelea que debemos dar y hay que hacerlo en una unidad que debemos reafirmar y regar todos los días, porque vienen por todo”.
Asimismo, Muñoz insistió con que “para nosotros el tema de la vivienda es elemental, más hoy que no se puede sostener un alquiler”. En relación a este punto, recordó que en el contexto del Programa Volver al Trabajo que recientemente suprimió el Ministerio de Capital Humano, “muchos de los compañeros y compañeras de nuestro movimiento ganan 78 mil pesos por mes prestando, cada día, tareas en comedores y merenderos, entre otras cosas, donde hacen un trabajo impresionante”.
Por ello es que puntualizó que en el conurbano bonaerense, “un alquiler de lo más económico no baja de los cuatrocientos o quinientos mil pesos ¿cómo pueden sostener eso nuestros compañeros? Es prácticamente imposible y por eso no les queda otra que ir a vivir a casa de algún familiar: muchas familias deben separarse con padres que acaban durmiendo abajo de un puente o en una plaza y sus familias van a la casa de un pariente, esto es terrible porque se desarman las familias, ese núcleo social que tanto precisamos para abordar la pelea”.
Por todo esto es que “la unidad es tan necesaria, no sólo para enfrentar este proyecto de ley, sino porque se nos quieren llevar la Argentina”. Así las cosas, afirmó que “el presidente que tenemos responde a la Embajada yanqui, tal como quedó demostrado el 4 de julio donde tuvimos que ver la bandera de Estados Unidos instalada en lugares emblemáticos de nuestra Patria”.
Frente a este escenario (anti)nacional, destacó que la unidad que se viene articulando entre las centrales y desde abajo “no debe quedar en una buena movilización, sino que debe crecer y nutrirse con propuestas abordando el acompañamiento a los jubilados, a la Salud y la Educación”. Finalmente, Gustavo Muñoz puso el acento en que como parte de ese plan de lucha conjunto se debe además impulsar “la integración de Argentina a la Patria Grande, defender la soberanía y exigir la libertad para los presos y presas políticos como Milagro Sala”.
