El gobierno de Jorge Macri avanzó con razzias policiales en las villas porteñas bajo la excusa del combate al narcotráfico. En el marco de una creciente estigmatización contra los barrios populares, asoman las intenciones del macrismo de erradicar la Villa 31. El Partido Comunista de la Ciudad de Buenos Aires se sumó al repudio generalizado del movimiento popular y reafirmó su histórico apoyo al derecho de los habitantes de las villas porteñas a vivir en condiciones dignas.
Bajo el título “Los delincuentes no están en las villas. Están en Puerto Madero”, el PC de CABA sacó una declaración pública en repudio a la represión policial ordenada por el gobierno de Jorge Macri que tuvo lugar ayer por la noche en varias villas de la Capital en simultáneo. Entre los quince barrios que fueron víctimas de este operativo denominado “Tormenta Negra”, que incluyó el uso de 1500 efectivos policiales, drones y helicópteros, se cuentan el Carlos Mugica ( o Villa 31), la 1-11-14 de Bajo Flores, Zavaleta y Cildáñez. “Frente al despliegue represivo en los barrios de la Ciudad, volvemos a denunciar la utilización de nuestrxs vecinxs como chivo expiatorio de una crisis social y económica que este gobierno profundiza día a día”, señaló el PC en su comunicado que hizo público a través de redes sociales.
En su publicación, puntualizó que “quienes vivimos y construimos comunidad en los barrios sabemos que cada vez que avanzan estos operativos crecen la estigmatización, el miedo y la persecución sobre los mismos sectores de siempre”. En tanto que agregó que “mientras avanzan el ajuste, el hambre y la pérdida de derechos, intentan instalar que la inseguridad viene desde nuestro barrios y que la única solución es desde el hostigamiento y los discursos de odio”.
En tal sentido, enfatizó que “los barrios no necesitan militarización ni muros: necesitan trabajo, políticas públicas, salud, educación y organización comunitaria”. Es por eso que, concluyó:
“No vamos a aceptar que se criminalice la pobreza para desviar el foco de las verdaderas responsabilidades políticas y económicas”. Y tras remarcar que el “ajuste sólo cierra con represión” exigió enfáticamente “¡Basta de criminalzar a nuestrxs vecinxs! ¡Basta de represión fascista!”.
El PC de CABA sumó además su adhesión a un repudio conjunto al operativo “Tormenta Negra” que firman movimientos sociales, sindicatos y organizaciones políticas como La Dignidad, UTE y el Comité de Crisis del Barrio Carlos Mugica. Asimismo, el Movimiento de Villas y Barrios Populares, integrado por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, salió también al cruce de estos hechos. Desde la Liga, su vicpresidente, Gerardo Etcheverry, señaló que “el Ministro de Seguridad de CABA, Horacio Giménez, está procesado por la represión en el Borda y tiene la caradurez de seguir persiguiendo a los pobres y de tacharlos a ellos de delincuentes”.
La lucha de lxs comunistas en la Ciudad de Buenos Aires por los derechos del movimiento villero se remonta a las épocas políticas más adversas de nuestro país. Esa lucha histórica que, por ejemplo estuvo encabezada por Salvador Herrera en plena dictadura, permitió que las villas de la ciudad quedaran en pie ante los intentos de erradicación del intendente de facto Osvaldo “Topadora” Cacciatore.
Particularmente, la erradicación de la Villa 31 es un viejo anhelo de la derecha y del lobby inmobiliario. Semanas atrás policías y funcionarios porteños sitiaron virtualmente al barrio para clausurar locales comerciales en medio de la difusión de proyectos inmobiliarios que apuntan a construir torres de lujo en estos terrenos de Retiro, lo que alertó de inmediato a los vecinos de la 31 y a su Comité de Crisis. En un contexto en el que se multiplican los desalojos administrativos en la ciudad más rica y desigual de la Argentina, y a horas del megaoperativo policial en los barrios populares, el gobierno porteño presentó hoy a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, su “plan modernizador”.
Todo esto tiene también un trasfondo a nivel nacional. Recientemente ingresó al Congreso un proyecto del oficialismo con pluma del ministro desregulador Federico Sturzenegger que reivinidca la “inviolabilidad de la propiedad privada”, eufemismo bajo el cual se busca restringir aún más el acceso a la tierra y a un hábitat digno. Luego de la presión ejercida por los movimientos sociales, la Iglesia y organizaciones políticas y de Derechos Humanos, se quitó del texto en cuestión el punto por el cual se habilitaba la posibilidad de desalojar los 5000 barrios populares de todo el país, donde viven alrededor de cinco millones de personas. Sin embargo, los vecinos de las villas y barrios populares continúan en estado de alerta.
