Movimientos sociales protestaron ante la Asociación Empresaria Argentina contra la constante remarcación de precios. Oligopolios, financiarización, el plato de comida de los trabajadores y, otra vez, Vicentín en el ojo del huracán.
El Frente Barrial CTA de los Trabajadores se hizo presente en la movilización que el martes 13 se llevó a cabo convocada por el Movimiento Popular La Dignidad, hacia la sede de a la Asociación Empresaria Argentina (AEA), para denunciar la actitud antisocial de los formadores de precios nucleados en esa corporación empresarial que con la constante remarcación de precios “meten la mano en el bolsillo de los trabajadores”.
Ahí estuvieron presentes, entre otros, los referentes del Frente Mario Miceli, Flavia Guardia, Juan Vitta, Rita Ripamonti y Mary López, así como el titular de la CTA Avellaneda, Tupac Gómez, y su par de la central de Lanús, Mara Corvalán quienes coincidieron en denunciar que AEA “representa a los sectores que se quedan con rentas extraordinarias a costa del hambre del pueblo”, tras lo que hicieron hincapié en que “seguiremos trabajando en unidad, ocupando las calles y señalando a los sectores concentrados de la economía”.
Esta vez la denuncia que acabó frente a la sede de AEA, tomó la forma de una caravana en la que militantes sociales recorrieron distintas calles de la Ciudad de Buenos Aires para apuntar contra las principales firmas que, desde una posición dominante en el mercado de alimentos, no cumplen con lo que acordaron con el gobierno Nacional en el contexto del Programa Precios Justos (PPJ). Las principales empresas señaladas fueron Ingenio Ledesma, Aceitera General Deheza, Molinos Cañuelas y Río de la Plata, Bimbo y Mastellone.
Esta nómina de empresas habla con elocuencia de la feroz concentración que existe en la producción de alimentos, que tiene como protagonistas a corporaciones empresariales que desarrollan una estrategia de integración vertical y horizontal, que facilita la construcción de una posición dominante que les permite decidir sobre los precios de góndola. Esto es, que fijan las reglas que rigen a la producción y circulación de algo tal vital como es aquello que comemos.
Al respecto, frente a la sede de AEA, se denunció que en los relevamientos de precios que desde enero el MP La Dignidad viene llevando a cabo en las cadenas de supermercados, con el fin de monitorear el cumplimiento del PPJ, se detectó que uno de los mecanismos clave que utilizan estos oligopolios para extorsionar y sacar concesiones al Gobierno, es desabastecer. Y no sólo eso: el principal faltante de stock dentro de los productos del PPJ, se registra en aceites y arroz que son dos de los componentes centrales de la Canasta Básica de Alimentos, que no es otra que la que contiene productos que son consumidos por las personas más empobrecidas por el sistema.
Algunos datos hablan con claridad acerca del nivel de perversidad que exhibe la conducta de estos actores medulares de la clase capitalista que se desenvuelve en Argentina. En el 87 por ciento de los controles que hizo esta organización social en supermercados, no se encontraron las marcas de aceite incluidas en el PPJ, en tanto que el faltante de arroz barato trepa al 76 por ciento de los comercios relevados, mientras que para los casos de galletitas y fideos la presencia de productos contemplados en el Programa es menor al cincuenta por ciento.
La maniobra es tan grosera como ofensiva y deja en claro que el problema no es que haya escasez de los productos acordados en el PPJ en sí, ya que mientras faltan en los supermercados adheridos al Programa, aparecen con abundancia en los comercios de proximidad, pero a precios inflados hasta en un trescientos por ciento, según el caso.
Queda claro que este tándem que sintetiza bastante a lo más concentrado de la clase capitalista que opera en Argentina, juega a varias bandas y que para comprender de qué va todo esto, es prudente advertir la imbricación que estos actores poseen con la financiarización. Es que además de maximizar su tasa de rentabilidad, esta manipulación del PPJ, les permite presionar al Gobierno para que el Banco Central les venda dólares baratos que estos sujetos piden con la excusa de que deben pagar deuda que tomaron para comprar insumos y cosas por el estilo, pero que en buena parte acaban en la timba que provoca corridas cambiarias y en el envío utilidades a sus casas matrices. Esto es: compran dólares baratos para fugarlos del país, en lugar de reinvertir.
Así es la lucha de clases
Desde que durante octubre de 2021 la Secretaría de Comercio Interior puso en marcha el desarrollo de la Resolución 1050, pasaron cinco secretarios del área que desde entonces dejó de depender de la disuelta cartera de Desarrollo Productivo, para pasar a la órbita del Ministerio de Economía. Y, en todo ese tiempo, mientras los funcionarios gubernamentales corrían detrás de la liebre, los oligopolios nunca dejaron de darle y darle a la maquinita remarcadora, lo que explica buena parte de por qué con el 7,8 de mayo, la inflación de los últimos doce meses se coloca casi en el 115 por ciento.
El objetivo que se explicitó cuando se puso en marcha la Resolución 1050, fue establecer un congelamiento de precios de cuatro meses, que debía servir para que el Estado pudiera acordar niveles de racionalidad para la estructura de precios con todos los actores que intervienen en su formación.
Pero, para hacerlo, antes tenía que conseguir descomponer la trama existente en las cadenas de producción, costos y comercialización, como para tener en claro en qué parte de esas cadenas se produce cada aumento y cómo impacta esto en el resto, hasta llegar al precio de góndola. Pero todo esto implicaba la tarea de desenmarañar la trama que construye eso que dan en llamar “puja distributiva”, lo que no es otra cosa que un capítulo de la lucha de clases.
La tarea es difícil en cualquier escenario, pero se vuelve imposible si se la emprende desde una mirada que pretende meter en un proyecto productivista a jugadores que con la especulación tienen poder de fuego (¡y ninguna inhibición ética o moral!) a la hora de presionar para crear un escenario que propicie la devaluación.
Esto es algo que expone en todo su dramatismo el Caso Vicentin que, entre otras cosas, muestra como esta cadena de valor está absolutamente imbricada con la extrema financierización que fomenta la proliferación de negocios especulativos sumamente volátiles, que acaban en la toma de deuda que se licua entre el conjunto de la sociedad.
Y aquí vale la pena detenerse un instante. Tal como adelantó Nuestra Propuesta (Ver Vicentin, tres años después), esta semana se confirmó la fusión del Grupo Viterra con quien hasta ahora era su principal competidor global, el Grupo estadounidense Bunge que conforma con ADM, Cargill, Dreyfus el ABCD de exportación de granos del planeta. Es decir, lo más concentrado de lo concentrado.
Esto plantea una nueva vuelta de rosca en la concentración y la transnacionalización de este negocio que vital para la economía argentina, porque es clave a la hora de fijar el precio de buena parte de los alimentos, al tiempo que explica una porción importante de los dólares que se liquidan en el Banco Central. Pero esto es apenas una vuelta de rosca más.
Es que si se hace un recorrido por este tren fantasma del agronegocio, junto a Vicentín aparecen otros actores y datos francamente reveladores. El recorrido puede comenzar por BlackRock (sí la de los Fondos Buitre) que gestiona parte de los activos de la suiza Glencore y, dentro de ese paquete, aparece una parte de Molinos Río de la Plata que hasta 2014 era dueña de Renova cuya planta de producción de biodiesel que el grupo Vicentin instaló en San Lorenzo, fue vendida en diciembre de 2019 a Glencore, que era la dueña de Oleaginosa Moreno. Esa venta se hizo por 122 millones de dólares que el Directorio de Vicentin olvidó declarar, tal como consta en una denuncia hecha ante tribunales neoyorkinos.
Así, mientras que en sus balances Vicentin absorbía los pasivos que provocaba la deuda de Renova, las ganancias y los créditos que recibía para prefinanciar exportaciones, se iban por la canaleta que llevaba hacia empresas satélite con domicilio fiscal en Paraguay, Brasil y Uruguay, que usaban para fugar esas divisas.
Como es público todo esto acabó mal con el Paga Dios que Vicentín le hizo al Banco Nación, lo que entre otras cosas, limpió el terreno a oligopolios que como el ejecutivo no se animó a reclamar Vicentin, se van quedando con el mercado y la infraestructura que dejó la salida de este actor, entre otros, Molinos Agro y Viterra Argentina que hasta no hace tanto se llamaba Oleaginosa Moreno Hnos. SA, la del vínculo estrecho con Glencore.
Así las cosas, resulta bastante evidente por qué, uno tras otro, fueron fracasando intentos que como la Mesa contra el Hambre, el Consejo Económico Social y el Consejo Agroindustrial, buscaron establecer un espacio de encuentro político y social que desde un paradigma conciliatorio de clases, fuera capaz de acordar algunos lineamientos de tipo táctico y estratégico, pero también aspectos de coyuntura como el inherentes a los precios de los alimentos.
Pero si para muestra alcanza con algún botón, ahí está el relevamiento del MP La Dignidad que, por ejemplo, da cuenta de que mientras cumple sólo con el cincuenta por ciento de lo que acordó en el marco del PPJ, Molinos Cañuelas representa el 35 por ciento de la molienda de harina, que es un alimento cuyo precio -durante 2022- fue aumentado un 147 por ciento, esto es casi un cincuenta por ciento más que la inflación de ese período.
Otro tanto pasa con Molinos Río de la Plata que concentra el 85 por ciento de las ventas de fideos. Esta empresa, junto con Molinos Cañuelas y Aceitera General Dehesa tiene el oligopolio de la mayonesa y el aceite: el año pasado aumentaron estos productos 121 y 162 por ciento respectivamente. Por su parte, se verifica algo similar en el caso de Ledesma que apenas cumple con el 63 por ciento de lo que comprometió en el contexto del PPJ y es la firma que elabora el 46 por ciento del azúcar que es consumida en el país.
Queda claro que estos oligopolios tienen la decisión de maximizar su tasa de rentabilidad traspasando cualquier límite, pero también que pretenden quedarse con todo lo que hay y lo que se viene en un país que tiene serias posibilidades de jugar fuerte en un escenario global a partir de las ventajas que puede otorgar -entre otras cosas- la explotación e industrialización del litio y Vaca Muerta.
Pero también y por encima de todo, es evidente que lo que vaya a resultar de eso, dependerá de la definición del perfil de estructura productiva, social, política y cultural de Argentina. Esto es algo que saben los actores agrupados en AEA como parte nuclear de la clase capitalista que actúa en el país y, por eso, dan su lucha para generar condiciones políticas y sociales que favorezcan el establecimiento de un escenario que les permita apropiarse de ese futuro. Por eso, esto de las remarcaciones es un episodio clave de la lucha de clases.
