Al cierre de esta edición el Senado trataba un proyecto de ley que, si prospera, va a permitir que personas físicas o jurídicas no tengan límites para quedarse con el territorio nacional. “Cada vez es más evidente que el gobierno tiene sólo un programa, que es el del saqueo del país”, dijo Raúl Galván desde la Unión de Campesinos Poriajhú y subrayó que ante esto “la respuesta que debemos dar como pueblo está en las calles”.
Está previsto que hoy jueves el Senado trate el Proyecto de Ley de que el oficialismo impulsa bajo la denominación de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, por el que busca introducir cambios profundos en lo inherente al régimen de tenencia de tierras, desalojos y expropiaciones. La iniciativa que tuvo la semana pasada dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presenta como uno de sus puntos más sensibles el referido a la Ley de Tierras, ya que si se aprueba el texto oficialista van a quedar eliminados los topes vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o empresas extranjeras.
Para lograr que tenga la luz verde este nuevo capítulo de entrega, La Libertad Avanza negoció con sus gobernadores amigos la inclusión de un punto que especifica que van a ser las provincias las que mantengan la potestad de autorizar o rechazar cada operación ¿Qué quiere decir esto? Sencillo: que algunos mandatarios provinciales acordaron con el gobierno nacional mantener la capacidad de seguir cobrando su parte de la “comisión” que habitualmente se acuerda con las empresas que quieren hacer negocios en sus jurisdicciones.
Pero lo peor de toda esta historia es que el proyecto en cuestión pretende derogar la Ley 26.737 de 2011, que le pone un límite a la extensión de tierra que puede adquirir un extranjero en nuestro país y aclarara que ningún capital o persona del extranjero puede poseer más del quince por ciento de la superficie rural de una jurisdicción nacional, provincial o subprovincial; así como también que quedan inhibidos de concentrar más del treinta por ciento de ese total, en tanto que fija el tope personal en mil hectáreas en la zona núcleo con una escala de equivalencia de acuerdo a cada región.
Por otra parte, la ley aún vigente es clara al establecer que los extranjeros no pueden adquirir tierras ubicadas en zonas de seguridad nacional, esto es dentro de un rango de doscientos kilómetros que se cuentan a partir de la línea de fronteras internacionales del país. Asimismo, prohíbe expresamente la adquisición de tierras que limiten o contengan cuerpos de agua permanentes y de envergadura, tal como sucede con Lago Escondido, usurpado a pesar de esta legislación por el magnate inglés Joe Lewis.
La Ley 26.737, que se pretende destruir ahora, posee un claro sentido proteccionista en términos geoeconómicos, ya que busca al menos morigerar el impacto que tiene sobre las capacidades productivas la extranjerización de la tierra, saliendo en defensa de los pequeños y medianos productores rurales. Al mismo tiempo contempla un factor geopolítico y soberanista porque le brinda herramientas al Estado para proteger zonas altamente sensibles como las de frontera.
Queda claro que lo que está tratando el Senado se inscribe dentro de una misma saga cipaya que incluye, por ejemplo, el acuerdo que permite que Washington avance con el establecimiento de una base naval militar en Ushuaia, con la presencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. en el Paraná (que tomó el control de este río estratégico durante las últimas semanas de gestión del gobierno del Frente de Todos), con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones o el Súper Rigi y con la satisfacción que no oculta la Presidencia Milei después de permitir que Estados Unidos declare “Bien Global” al Mar Argentino.
Esta no es la primera vez que el gobierno de LLA intenta eliminar la Ley 26.737. Ya lo hizo por medio del DNU 70/2023, pero en esa oportunidad gracias a una denuncia del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas de La Plata, el Poder Judicial declaró inconstitucional a ese artículo de un decreto que lamentablemente continúa en pie porque, aunque se logró rechazar en el Senado, la cámara de Diputados todavía se niega a debatir si es o no es constitucional en su totalidad.
Cabe citar que que la ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que quiere imponer el Ejecutivo es parte de un paquete de reformas absolutamente regresivas que surgen del programa de gobierno que, a instancias de los grandes capitales transnacionales, el inefable Federico Sturzenegger había preparado para la entonces candidata presidencial del PRO Patricia Bullrich y que ahora, como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, implementa de la mano de Javier Milei en La Rosada.
Este paquete apunta simultáneamente contra marcos legales de alto impacto en lo social, económico, productivo y político: la Ley de Tierras Rurales, el Código Procesal Civil y Comercial, la Ley de Manejo del Fuego, la Ley de Expropiaciones y la Ley de Barrios Populares. Si prospera dicha iniciativa, entre otras calamidades, los inquilinos de vivienda única que se retrasen unos días en el pago del alquiler van a poder ser desalojados y las tierras que se incendien (o sean incendiadas) van a poder ser sometidas a la especulación inmobiliaria, todo mientras se le levanta la barrera al avance ilimitado de la extranjerización de tierras productivas, lo que asestaría un nuevo y letal golpe a la soberanía alimentaria.
“Esto es parte del saqueo en marcha”
“Si esto avanza va a convertirse en un nuevo remate del patrimonio nacional”, advirtió desde Presidencia Roque Sáenz Peña el coordinador de la Unión de Campesinos Poriajhú, Raúl Toto Galván. El dirigente comunista subrayó que la propuesta es coherente “con todo lo hecho desde el mismo momento en que Milei asume la Presidencia de la Nación” y advirtió que “a partir de ahí viene tejiendo sus alianzas con los gobernadores y con esas complicidades lleva adelante este saqueo en marcha del país”.
Galván opinó que “no es de extrañar que esta ley vaya a salir aprobada porque, por un lado, la mayoría de los gobernadores está más preocupada en defender sus intereses que en atender las necesidades del pueblo”. Con la misma indignación, señaló que esos gobernadores “dialoguistas” también tienen “la voluntad de seguir dándole su apoyo a Milei”, ya que “ideológicamente están de acuerdo con su política de ajuste y de entrega de los bienes naturales, y en esto la tierra es algo fundamental porque se trata del territorio y de la soberanía nacional ”.
Por eso es que el titular de Los Poriajhú insistió con que todos ellos están a favor de un “proyecto agroexportador y extractivista”, por lo cual hizo hincapié en que “Milei, su banda y los gobernadores, van a seguir profundizando todo esto si como pueblo no los paramos”. En este sentido, valoró como ejemplo a seguir lo que en estos días están “haciendo campesinos y mineros en Bolivia” y subrayó que “cada vez queda más en evidencia que este gobierno tiene sólo un programa, que es el de un plan de saqueo del país”. Frente a ese hecho evidente, sostuvo entonces que “la respuesta que debemos dar como pueblo está en las calles”.
En idioma guaraní poriajhú quiere decir empobrecido. Por eso es que los campesinos de la zona de Sáenz Peña saben bien de qué se trata eso de resistir y luchar por una forma de producción que tiene mucho que ver con el paradigma del Buen Vivir y la soberanía alimentaria. “Todos los medianos y pequeños agricultores quedamos destruidos por el actual modelo de concentración que se quiere imponer para beneficiar a las grandes multinacionales, a las que se les entrega la tierra que, para nosotros, es fundamental porque de esto va a depender la existencia o no de la agricultura familiar”, sintetizó Galván.
En esta coyuntura por demás adversa para los trabajadores del campo, lamentó que “una vez más queda demostrado que el gobierno nacional y sus cómplices en las provincias no tienen ningún problema en reconocer que la agricultura familiar no les importa y que van a continuar favoreciendo al agronegocio”. Para echar aún más claridad, señaló que “nosotros no contamos para su proyecto, que se basa en la megaminería, la energía y el agronegocio, que tiene que ver con la exportación de materias primas y la extranjerización de la tierra y la economía ”.
Después de recalcar que “este modelo sólo trae más pobreza y represión”, reflexionó que para que esto sea posible también existe “la complicidad de gobernadores que le son funcionales y una dirigencia sindical corrupta que le brinda a Milei todas las posibildiades de seguir avanzando, porque desmoviliza al pueblo”.
Finalmente, y a pesar de los pesares, destacó que “continuamos teniendo capacidad de salir organizados a las calles, de movilizarnos más allá de cualquier burocracia sindical, y ese es el camino que debemos profundizar”. A lo que añadió que “es tiempo de la izquierda revolucionaria: soy campesino poriajhú, pero principalmente soy militante del Partido Comunista”.
