Sobre fin de año el sindicato que agrupa a los docentes de La Rioja promovió un juicio de apremio contra el Ministerio de Educación, por el que reclama el pago de doscientos millones de pesos.
La semana pasada se registró el ingreso del expediente FCB 019371/2024 en el Juzgado Federal de La Rioja que depende de la Secretaría Civil y Comercial, bajo la carátula “Asociación de Maestros y Profesores c/ Ministerio de Educación Provincia La Rioja s/Ejecución Fiscal” y así se dio inicio a una demanda para reclamar que la cartera educativa de esa provincia cumpla con la deuda que la Gestión Quintela tiene con el sindicato docente, que asciende a alrededor de los doscientos millones de pesos.
“Esta última semana hemos promovido un juicio de apremio contra el Ministerio de Educación y es una demanda ejecutiva que tiene por objeto el pedido de que se libre contra el Ministerio, un mandamiento de intimación de pago y situación de remate sin embargos y por el importe del capital reclamado para responder a nuestra petición”, informó el secretario general de la AMP Rogelio de Leonardi y recordó que “el monto es superior a los doscientos millones de pesos que son los retrasos totales”.
A lo que apunta la demanda es a que el gobierno provincial abone lo adeudado en un contexto en el que, entre otras cosas a partir de septiembre dejó de descontar la cuota sindical a los afiliados a la AMP, a pesar de que por ley tiene la obligación de hacerlo, lo que trajo fuertes perjuicios a la entidad que nuclea a los trabajadores de la educación de La Rioja.
“Se retuvo el medio aguinaldo otra vez y nos deben el mes de agosto también”, lamentó De Leonardi y recordó que esta actitud que no dudó en calificar como “una conducta delictiva con el gremio”, fue oportunamente denunciada por los abogados de la AMP y de Ctera en una reciente presentación que se hizo ante la Organización Internacional del Trabajo. Y también remarcó que esto se suma a anteriores reclamos hechos a la Cámara de Diputados, al pedido de juicio político al gobernador Ricardo Quintela, a la demanda que se hizo para solicitar que intervengan la Corte Suprema de Justicia y el Tribual Superior, “pero ninguno fue respondido”.
Con este telón de fondo y después de seis meses de conflicto, el secretario de la AMP sostuvo que “no observamos ningún gesto de acercamiento por parte del gobierno provincial” que, advirtió, “es contradictorio porque mientras descuenta la contribución solidaria a los cuatro gremios afiliados a la CGT que le son afines, no lo hacen con AMP”.
Y, en este sentido, fue contundente cuando hizo hincapié en que “si llegara a prosperar la demanda ante el Juzgado Federal de La Rioja, para que nos depositen estos dineros que no fueron descontados, puede ser un serio golpe para Quintela y pensando en el año electoral”. Pero también lo fue al celebrar “el acompañamiento que tenemos por parte de nuestros compañeros” y después de recalcar que “el local sindical está abierto durante todo el año, hay guardias y se atienden las problemáticas” explicó que la situación es sumamente compleja, ya que “hay compañeros que les han descontado hasta el 45 por ciento del salario en un mes…y esto es una atrocidad”.
Cabe citar que la AMP sostuvo durante el segundo semestre de 2024 un plan de lucha para reclamar la incorporación de cien mil pesos al Básico Docente de forma retroactiva a agosto, así como que el piso salarial no baje de los quinientos mil pesos, también que se dejen de descontar las jornadas de paro y que quede sin efecto el Ítem Aula que estableció la Gestión Quintela.
En este contexto y ante la escalada a la dinámica del conflicto que impuso el gobierno provincial, la AMP pidió que la Legislatura inicie un proceso que culmine en el juicio político a Quintela, entre otros motivos, bajo la acusación de ser el responsable de ordenar actos de represión sindical y discriminación contra los trabajadores de la educación, porque adoptó medidas que afectaron negativamente las condiciones laborales y salariales de los maestros riojanos.
Asimismo, acusa a Quintela de ordenar descuentos por días de huelga sin que haya una declaración judicial que determine que la medida de fuerza en cuestión fue ilegal, situación que afecta hasta un 45 por ciento de los salarios de los docentes. El pedido de juicio político puntualiza que Quintela derogó disposiciones previas para imponer arbitrariamente condiciones salariales y laborales, por eso vulneró el derecho de los docentes “a la protesta y al sindicalismo”, promoviendo una persecución contraria a normativas vigentes a nivel nacional e internacional en materia de derechos laborales.
