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El gobernador de Santa Fe dice que llama a paritarias para el sector docente pero no avisa a los trabajadores. “Hace siempre lo mismo, sale a los medios pero el llamado efectivo a paritarias que se debe hacer a través del Ministerio de Trabajo, hasta el momento no existe”, advirtió la secretaria de Derechos Humanos de Amsafé, Maru Regué.

“No recibimos ninguna información oficial”, advirtió desde La Tosco Docente, la secretaria de Derechos Humanos de Amsafé, Maru Regué, ante el anuncio de que se prevé convocar a la paritaria docente durante la segunda quincena del presente mes y lamentó que el gobernador Maximiliano Pullaro prefiera montar una escena en los medios de información que le son afines, antes que invitar al sindicato docente por los canales oficiales que corresponden.

“Hace siempre lo mismo, sale a los medios pero el llamado efectivo a paritarias que se debe hacer a través del Ministerio de Trabajo, hasta el momento no existe, no hay ninguna información oficial sobre fechas”, reiteró y evaluó que desde los conglomerados massmediáticos que juegan en la misma sintonía que la Gestión Pullaro, “se está preparando el terreno”, haciéndole notas en las que les tiran centros al ministro de Educación, José Goity, “quien suele decir cosas bastante espantosas al mejor estilo PRO”.

Al respecto, Maru Regué, recordó que cuando arrancó la Gestión Pullaro, el gobierno provincial debía pagar una deuda que había quedado pendiente de la paritaria salarial 2023, que fue acordada con Omar Perotti. Pero aunque el actual gobernador la reconoce, no acaba de pagarla, por lo que los trabajadores de la educación santafecinos entran a 2025 sin que se les haya saldado una deuda salarial que tiene más de un año.

“Esto se suma a la precarización laboral, a la falta de concursos, incluso algunos que ya estaban firmados en la paritaria anterior, pese a lo cual el gobierno no los lleva adelante”, explicó la integrante de La Tosco Docente y añadió que en este contexto los salarios quedaron estancados por debajo de la línea de la pobreza y se avanzó en la instalación del presentismo que en la práctica implica el descuento de los días en los que los docentes realizan medidas de fuerza, pero también “hace que deban concurrir a trabajar enfermos para no perder esa suma que representa una parte vital en los magros sueldos que recibimos”.

Por otra parte, sobre mediados de noviembre de 2024 y sin que esté fundamentado en ningún criterio pedagógico que lo avale, la Gestión Pullaro “se acordó de la calidad educativa e impuso el Programa Una Más, que consiste en una hora más de clase que se implementa de forma optativa para estudiantes y docentes, una hora que se paga de forma no remunerativa, esto es el negro”. Y en la misma línea, se anunció que para el ciclo lectivo 2025 esta hora extra se va a volver obligatoria, “pero sin decir en qué condiciones”, lo que enciende luces de alerta porque podría implicar una nueva vuelta de rosca en la ya precarizada labor docente.

Con este telón de fondo el titular de la cartera educativa dijo que 2025 va a ser “el año de los aprendizajes”, algo que tal como lo advierte Maru Regué “resulta llamativo porque en lo que va de su gestión nunca involucró a la enseñanza como parte fundamental de la educación santafecina…parece que para él y el gabinete del que forma parte, los docentes somos meros aplicadores y no maestros y maestras en un contexto de enseñanza y aprendizaje”. Y fue clara al recalcar que “sin enseñanza no hay un aprendizaje significativo, tampoco un pensamiento crítico ni una emancipación posible, por eso no hablan de enseñanza y sólo lo hacen sobre aprendizaje”.

Así las cosas, sobre fin de año, el propio gobernador arreció sus ataques contra los docentes sindicalizados y particularmente le apuntó a Amsafé (Ver Los maestros no aflojan). “Van claramente contra el sindicato”, denunció y remarcó que por eso “vamos a tener un gran trabajo por delante, porque buscan desarmar a la organización” y en tal sentido destacó que se vuelve necesario profundizar los caminos de la unidad sindical, algo que “no puede ser un mero discurso, por lo que debemos trabajarla en cada escuela, con cada compañero y compañera”.

Por lo que hizo hincapié en que “esta es la ardua tarea que tenemos por delante: una reconstrucción del sentido de clase que es lo más complejo, porque el gobierno dice que para ellos ir a la escuela tiene que ser un esfuerzo y un sacrificio. Eso es algo que no podemos permitir, porque la educación es un derecho social y, por lo tanto, debemos defenderlo como tal junto con nuestras condiciones laborales”.

Esta es una tarea que los trabajadores de la educación de Santa Fe emprenden en un marco atravesado por el ajuste y la subjetividad que se impone desde la Presidencia Milei, pero también con un gobierno provincial “que es claramente de ultraderecha y que, como tal, está echando un montón de trabajadores, desmantelando secretarías y poniendo muchísimo énfasis en la cuestión de la seguridad, como si fuera lo único existente o como si la seguridad fuera solamente poner más móviles policiales o inaugurar cárceles”.

De ahí que sin dudarlo, Maru Regué resalte que “tenemos una tarea gigante en medio de una derechización que alcanza a la mayor parte del país y que se manifiesta particularmente en Santa Fe con elevados niveles de represión hacia los laburantes”. Y nada tiene de antojadizo lo que dice, ya que todavía continúan procesados los docentes Román González y Franco Casassola, ambos integrantes de la Comisión Directiva de Amsafé Rosario, y el delegado de escuelas en zona norte Diego del Castillo, también Maximiliano Molina que es miembro de la Federación Nacional Territorial y la CTA, y el trabajador estatal despedido del área de Niñez, Daniel Vázquez, quienes fueron judicializados por haber participado en la movilización que rodeó a la Legislatura para protestar contra el apoyo exprés que ese cuerpo le otorgó a la declaración de emergencia previsional y la reforma de la Caja de Jubilaciones que envió Pullaro, en septiembre pasado.

 

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