Se trata de la causa abierta por los secuestros y torturas contra militantes del Partido Comunista y también de sus hijos, entre 1977 y 1978, en Concepción del Uruguay. A diferencia de lo que sucedía antes de 2024, los organismos estatales de DDHH dependientes del gobierno nacional y del gobierno entrerriano no se presentaron como parte de la querella de esta causa por crímenes de lesa humanidad.
En el marco de la causa que aborda los secuestros y las torturas perpetradas entre 1977 y 1978 contra un grupo de militantes del Partido Comunista e hijos e hijas de algunos de ellos, que tuvieron lugar entre 1977 y 1978, la semana pasada el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay comenzó a juzgar a los gendarmes retirados Roberto Oscar Caserotto y Néstor Alfredo Gómez del Junco, quienes están acusados de formar parte del aparato represivo que actuó durante la última dictadura cívico-militar en Concepción del Uruguay.
Se trata de la causa conocida como PC 2, que deriva de la continuación de las pesquisas que permitieron que en 2019 se juzgara y condenara al ex policía de la Federal, Julio César Rodríguez, alias “El Moscardón Verde”, a quien se encontró penalmente responsable de haber cometido los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y por tormentos contra los militantes comunistas Juan Bautista Amadeo Echeverría y Carlos Julián Stur (en la foto de portada).
Esa vez, también en Concepción del Uruguay, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal integrado por Jorge Sebastián Gallino, Mariela Rojas y Osvaldo Facciano condenó a Rodríguez a una pena de dieciséis años y siete meses de prisión, quien falleció el 8 de noviembre de 2025 en esta ciudad entrerriana, en su casa, donde cumplía prisión domiciliaria.
Ahora la Causa PC 2 avanza en la reconstrucción de
distintos operativos represivos que se llevaron a cabo en territorio uruguayense entre 1977 y 1978. Uno de ellos es aquel que fue apuntado contra un grupo de militantes del PC durante la noche del 12 de mayo de 1977 en la casa de Roberto Montesino, donde celebraban el cumpleaños de Mirta Bochatay. Ahí había mujeres, hombres y pibes que se preparaban para comer un asado cuando irrumpió una patota armada integrada por miembros de Gendarmería que, en tales circunstancias, los secuestró a todos.
Entre quienes se llevaron ilegalmente estaban Montesino y Stur, que años después brindó un testimonio clave que permitió establecer que en la banda que se los llevó estaban Caserotto y Gómez del Junco. Aquella noche también fueron secuestrados los militantes Juan Bautista Echeverría, Eladio Bochatay, Raúl, Jorge Impini y Raúl Jauregui, a quienes cargaron en un camión para trasladarlos a la Unidad Penal de Concepción del Uruguay, donde fueron brutalmente torturados.
“Algún titular dijo ‘A la caza de comunistas’ y no se equivocaba”, sostuvo Marcelo Boeykens, abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) que actuó en el juicio que condenó a Rodríguez como parte de la querella, junto a la abogada Lucía Tejera. Tras esa aseveración, recordó que no era la primera vez que pasaba algo así y precisó que el operativo “se hizo en casa de uno de los camaradas del Partido Comunista de Concepción, cuando ahí se estaba celebrando un cumpleaños, en el que había diez militantes y niños que fueron abordados a punta de revolver y amenazados con que los iban a matar si no se callaban y colaboraban”. Boeykens también manifestó que, ante la aparición de los gendarmes, uno de los niños que estaban en el lugar exclamó “¡otra vez!”, acostumbrados a que pasaran recurrentemente este tipo de atrocidades.
El abogado de la Liga de entre Ríos contextualizó que “llegamos a este juicio después de muchos años y muchas trabas, y después del fallecimiento de algunos de los camaradas que fueron víctimas”. Y, en medio de un escenario que describe con claridad el momento que vive Argentina, agregó el dato de que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que tradicionalmente era querellante, con la llegada de Javier Milei a la presidencia se retiró de los juicios.
“En Entre Ríos siempre tuvimos la característica de que los organismos gubernamentales y no gubernamentales vinculados a los Derechos Humanos trabajábamos en conjunto en estas causas”, pero junto con el retiro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, remarcó que “nos quedamos sin ser parte de la querella por el fallecimiento de los camaradas”. Frente a esta dificultad echaron mano al amicus curiae, un recurso que permite a quienes no están (injustamente en este caso) reconocidos como parte involucrada puedan aportar testimonio y argumentos jurídicos.
El amicus curiae fue presentado al Registro Único de la Verdad, un organismo gubernamental de Entre Ríos que se creó a instancias de los organismos de Derechos Humanos. Pero poco después, sobre diciembre de 2025, la gestión a cargo de Rogelio Frigerio, en consonancia con lo que viene haciendo el gobierno de Javier Milei, decidió desmantelar el Registro despidiendo a más de la mitad del personal altamente calificado que poseía; entre ellos, al propio Boeykens. “En sintonía con lo que hace el gobierno nacional, el de Frigerio destruye todo lo que tiene ver con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, por lo cual llegamos a este juicio totalmente desarticulados”. A punto tal que, resaltó Boyekens, el jueves pasado “el Ejecutivo Provincial sufrió una reprimenda por parte del Poder Judicial Federal por esa no participación, algo que reviste una gravedad inusitada”. Y denunció que “Frigerio decidió abandonar esta causa como el resto de los casos de estas características”.
De todos modos, el abogado de la LADH valoró que “tenemos una buena fiscalía”, por lo que, a pesar de estas adversidades, es optimista y señaló que “creemos que vamos a llegar a buen puerto porque, además, está todo probado: se trabajó fuerte en la instrucción y se pudo establecer que las víctimas fueron secuestradas, privadas de su libertad y torturadas por Gendarmería”. Por eso, insistió en su impresión de que “próximamente va a haber sentencia”.
Al reflexionar sobre lo que padecieron los militantes del PC en Entre Ríos y en particular en CDU, puso el ejemplo de que Carlos Stur desde 1971, a partir de la aplicación de la Ley 17.401 “de represión a las actividades comunistas”, y hasta 1983 estuvo detenido diez veces. “Nunca pudo tener un trabajo fijo, porque cuando lo conseguía, lo secuestraban”, recordó.
Marcelo Boeykens destacó en su diálogo con Nuestra Propuesta el testimonio que, como víctima, brindó Stur al declarar en la Causa PC 1, cuando al acabar su alocución miró a los ojos uno de los genocidas y afirmó: “Tengo algo para decirle a ellos, que quisieron romper nuestras colectividades de pertenencia, nuestra militancia ¿Saben qué? Soy, fui y seré comunista hasta mi último suspiro”. Y subrayó que “así murió Carlos y esta causa es un homenaje a él”.
Carlos Julián Stur, El Gringo, tenía 88 años y estaba radicado en Gualeguaychú cuando falleció el 5 de enero de 2024, el destino quiso que partiera en vísperas del 106 aniversario de la fundación su partido, el Partido Comunista de la Argentina.
