La Liga Argentina por los Derechos Humanos se pronunció al respecto de la entrada en vigencia de la aplicación de la ley que habilita la punibilidad a partir de los 14 años y advirtió que esta medida vulnera los derechos que asisten a las infancias y adolescencias. La aplicación de la norma fue suspendida por sesenta días en el territorio bonaerense por la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, quien soporta una persecución política ordenada por el gobierno de Milei.
La Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), reiteró que rechaza la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la baja de la edad de punibilidad a los catorce años, tras lo que advirtió que este hecho constituye un grave retroceso en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. A su vez, hizo hincapié en que resulta preciso defender los derechos que asisten a las infancias, algo que vulnera la Ley 27.801, ya que incorpora al sistema penal a los adolescentes desde los catorce años y modifica las condiciones para la aplicación de las penas.
Esta norma punitivista entró en vigencia la semana pasada, pero inmediatamente la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, hizo lugar a un habeas corpus colectivo que fue presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad. De esta forma se puso un paréntesis de sesenta días a su aplicación en la Provincia de Buenos Aires.
En este punto vale puntualizar que tal decisión judicial no cuestiona el fondo de la ley, sino que posa su preocupación en las falencias que presenta la infraestructura del sistema penitenciario bonaerense para alojar, en condiciones adecuadas, a adolescentes de la franja etaria abarcada por dicha norma.
Pese a esto, desde el esquema político que rodea a la Presidencia Milei, rápidamente salieron a pedir la cabeza de la jueza. En ese sentido, la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, utilizó su cuenta en la red social X para cargar contra Pascual a quien acusó de ser “garantista” y apuntó: “Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”.
En idéntica sintonía, la asociación civil Usina de Justicia, presentó este martes una denuncia contra la magistrada. En tanto que desde la Legislatura bonaerense, Sebastián Pareja, adelantó que LLA va a promover un pedido de juicio político para desplazarla.
Así las cosas, la LADH subrayó que “la respuesta frente a las situaciones de violencia y vulnerabilidad que atraviesan las infancias no puede ser el castigo, el encierro ni la criminalización”, tras lo que aclaró que “reducir la edad de punibilidad significa abordar una problemática social desde una perspectiva exclusivamente penal, en lugar de garantizar políticas de prevención, educación, inclusión y protección integral”.
En paralelo a esto, recordó que el Estado “tiene la obligación de garantizar las condiciones materiales para que niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse en libertad, con acceso a educación, salud, vivienda, alimentación y oportunidades”. Por lo cual exigió al Estado nacional “que dé marcha atrás con la reducción de la edad de punibilidad”, así como que “destine los recursos necesarios para fortalecer las políticas de protección integral de las infancias y adolescencias en todo el país”. Porque, remarcó la Liga, “los pibes no son peligrosos”, sino que “la política neoliberal y esta reforma los ponen en peligro”.
