Procesan a otro genocida

El juez Daniel Rafecas ordenó el procesamiento de Julio César Casanova Ferro, uno de los integrantes de la banda liderada por Aníbal Gordon que regenteó el Centro Clandestino de Detención (CCD) ubicado en la calle Pomar 4171/73 donde, en 1977, permanecieron secuestrados Carmen Román, Juan Carlos Comínguez, Luis Cervera Novo, Isidro Gómez, Cesáreo Arano, Miguel Prado y Miguel Lamota. El magistrado que había ordenado detener Casanova Ferro en diciembre pasado, tras allanar su domicilio ubicado en el porteño barrio de San Cristóbal, lo encontró prima facie penalmente responsable de formar parte de la banda que actuaba desde los CCD Automotores Orletti, Bacacay y Pomar que es donde fueron llevados los militantes del PC, después de ser secuestrados en inmediaciones del Comité Capital ubicado en Callao 274.

De ellos sólo sobrevivieron Prado, Lamota y Comínguez quien, 46 años después volvió a entrar al edificio de la calle Pomar junto con Rafecas y el equipo del juzgado a su cargo, para reconocer el sitio en el que había estado detenido ilegalmente. Esto fue clave para que el magistrado pueda avanzar en una causa en la que ya habían sido detenidos el ex jerarca de la Side, Patricio Finnen, sobre quien también pesa una condena por su participación en el desvío de la investigación del atentado a la Amia, así como César Albarracín y Rubén Escobar quienes se prevé que sean juzgados durante este año. De esa banda también cayeron Victorio Cerutti y Julio César Cartels.

Pero en este rompecabezas faltaba una pieza clave que llegó a manos de Rafecas de la manera menos pensada. Fue a raíz de la desclasificación de documentos de la CIA que daban cuenta de un secuestro extorsivo perpetrado en 1977 contra un financista apellidado Zavalía, como Rafecas dio con el galpón ubicado en el barrio de Nueva Pompeya. A partir de eso, se comenzó a dilucidar una historia en la que el procesamiento de Casanova Ferro representa un nuevo capítulo que de ninguna manera debe ser el último, porque todavía quedan sueltos varios de los represores que formaron parte de la banda que actuó en el circuito Orletti-Bacacay-Pomar.

La presencia de la CIA en esta historia lejos está de constituir un dato menor. “Esta banda en particular, la de Aníbal Gordon, era clandestina dentro de la clandestinidad, porque operaba directamente en función de los planes de la CIA y de la Embajada de EE.UU.”, explicó no hace mucho a Nuestra Propuesta Fernando Iglesias, quien está entre los fundadores de Hijos, integra el Espacio por la Memoria de Pompeya y su madre fue Carmen Román, militante del Partido Comunista que fue secuestrada y desaparecida por la banda que actuaba en estos tres CCD. Y en este sentido recordó que “además de secuestrar a militantes del campo popular, esta banda, se dedicaba a hacer secuestros extorsivos por plata”.

Por eso es que este caso, que vuelve a exhibir el papel clave que jugó CIA en el entramado tejido por el Terrorismo de Estado que perpetró el Genocidio Argentino, debe servir también para encender luces de alarma en momentos en que EE.UU., aparato represivo y Side vuelven a aparecer como categorías que se presentan asociadas al impulso del discurso y el accionar concreto que pretende imponer la Presidencia Milei, especialmente de la mano de Patricia Bullrich.

“Hace muchos años que el Partido viene pidiendo justicia para nuestros detenidos desaparecidos de Callao, para los  camaradas secuestrados que aún están desaparecidos y para los sobrevivientes”, puntualizó el secretario Político del PC de Ciudad de Buenos Aires, Ariel Elger, quien no dudó al remarcar que “quedo demostrado que esa acción fue articulada desde el Plan Cóndor, la articulación de los diferentes ejércitos y servicios de inteligencia de los países del continente, que vinieron a atentar contra una red de solidaridad y articulación que había entre los PC de la región”.

Asimismo, recordó que merced a las recientes investigaciones dirigidas por el juez Rafecas, “pudimos saber que estuvieron en el Centro Clandestino de Detención Pomar, un lugar que exigimos que sea recuperado y transformado en un Espacio de Memoria”. Sobre fines de noviembre pasado, en la Comisión de Planeamiento Urbano Legislatura de la Ciudad, se llevó a cabo una audiencia pública, en la que se analizó una iniciativa que si prospera va a permitir que se otorgue protección patrimonial a distintos inmuebles que merecen ser preservados por su valor histórico y simbólico, ya que están vinculados a hechos protagonizados por la última dictadura. Entre ellos están el predio y edificio de Pomar 4171/73. 

“Estuvimos participado en esa audiencia para buscar una ley que brinde protección integral al inmueble”, sostuvo Elger y añadió que el PC estuvo ahí porque “es el papel de nuestro pueblo y el nuestro proseguir exigiendo justicia, mostrar lo que ha ocurrido durante los años más oscuros, la articulación de los grupos de tareas impulsada desde el imperio que hoy encuentran en el gobierno de Milei una relegitimación de todo lo que hicieron”.

Y, en este sentido, fue claro al advertir que en el contexto de esa legitimación, es que la Presidencia Milei lleva a cabo “los ataques que vimos recientemente al Espacio de la Memoria ubicado en la Ex Esma y en particular al Centro Cultural Haroldo Conti, además de diferentes Sitios de Memoria, con el despido de trabajadores y amenazas de venta y cierre”.

Así que, resaltó, “esperamos que hechos como los secuestros de los camaradas de Callao sean esclarecidos”, ya que “cada vez quedan más expuestos a la luz con pruebas que incriminan a personas, como ahora es el caso de Casanova Ferro, que están implicadas y que exigimos sean detenidas y condenadas en cárceles comunes”.

Y para eso, “el PC de la Capital seguirá peleando, reivindicando a nuestros camaradas de Callao que fueron secuestrados y exigiendo justicia para ellos”, pero también “junto al resto de las organizaciones populares de la Ciudad y todo el país, persistiremos en la exigencia de preservar la memoria histórica para la lucha en el presente y la construcción del futuro”.