Mientras arrecia la persecución política y el terrorismo de Estado, el gobierno que encabezan Bongbong e Inday Sara, profundiza sus lazos con EE.UU.
Desde diferentes organizaciones cristianas de base, se exigió la liberación de seis monjas que fueron encarceladas hace pocos días en Filipinas, acusadas de “financiar al comunismo” y merced a la aplicación de la Ley Antiterrorista que impulsó el entonces presidente Rodrigo Duterte.
Se trata de religiosas de la congregación Misioneras Rurales de Filipinas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que fueron acusadas por el Departamento de Justicia de este país de financiar al Partido Comunista de Filipinas (PCP) y al Nuevo Ejército Popular, a los que el Gobierno que encabeza Ferdinand Marcos acusa de ser organizaciones terroristas. La imputación que se les hace tiene una expectativa de condenas de hasta cuarenta años de prisión.
El actual mandatario es hijo de su homónimo, el dictador que durante veintiún años gobernó Filipinas amparado por EE.UU. y, su vicepresidenta, es Sara Duterte Zimmermann de Carpio, quien es hija de Rodrigo Duterte que entre 2016 y junio de este año profundizó la persecución estatal contra grupos de base de la Iglesia católica y la izquierda, principalmente, contra el PCF.
La Ley Antiterrorista es parte del legado que dejó esa Presidencia. Pero también lo es la creciente dependencia respecto a EE.UU. que en poco tiempo pasó de considerar a Duterte de un “excéntrico populista”, a un aliado táctico clave en el contexto de la ofensiva que Washington perpetra contra la República Popular China.
Esa ofensiva tiene su expresión más acabada en la alianza estratégica militar celebrada entre Australia, el Reino Unido de Gran Bretaña y EE.UU., que se presentó el 15 de septiembre de 2021 bajo el nombre Aukus.
Bajo este paraguas protector, la clase capitalista que actúa en Filipinas, tiene un cheque en blanco que le permite arremeter contra cualquier colectivo que la cuestione e impone un verdadero terrorismo de Estado, amparado por el gobierno de Bongbong e Inday Sara que es como, cariñosamente, la massmedia filipina llama a los hijos de Marcos y Duterte.
Y ese cheque en blanco incluye jugosos negocios para esa clase capitalista y, por supuesto, para el complejo militar industrial estadounidense. “El compromiso de Washington con el pacto de defensa mutua es inquebrantable”, recalcó días atrás el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, al visitar Manila donde se entrevistó con Marcos, tras lo que hizo hincapié en que “siempre estamos al lado de nuestros socios”.
Dos días más tarde y después de cancelar un acuerdo por 227,4 millones de dólares por el que Manila se había comprometido a adquirir a Rusia helicópteros bimotores de transporte pesado Mi-17, el embajador filipino en Washington, José Manuel Romualdez, anunció que su país se encuentra en conversaciones con EE.UU. para comprar helicópteros Boeing Chinook CH-47.
