La crisis peruana ya no parece limitarse a una crisis de gobierno o de liderazgo político. Lo que comienza a ponerse en cuestión es la capacidad misma del sistema institucional para integrar socialmente a un país cada vez más fragmentado entre formalidad e informalidad, legalidad e ilegalidad, Estado y economías paralelas.
Por Silvio Dragunsky(*)
En artículos anteriores sostuve que la crisis institucional peruana no es un fenómeno meramente político, sino la consecuencia superestructural de la emergencia de un nuevo actor social: aquello que, por falta de una definición más precisa, podemos llamar “los informales”.
Las elecciones presidenciales de 2026 constituyen, probablemente, la expresión más acabada de este proceso.
El peso creciente de “los informales”
En Perú suele repetirse que apenas el 30% de la Población Económicamente Activa cuenta con empleo formal y cobertura plena de la legislación laboral. La afirmación, sin embargo, suele formularse sin detenerse en su consecuencia lógica: el 70% restante debe obtener sus ingresos por otros mecanismos.
Ese universo incluye desde actividades de supervivencia hasta complejas economías ilegales o semiilegales: minería informal de oro, tala clandestina en la Amazonía, pesca ilegal, contrabando, comercio callejero, corrupción estatal y, en los niveles más altos de rentabilidad, el cultivo, procesamiento y exportación de cocaína.
Gran parte de estas actividades se desarrolla en territorios donde la presencia efectiva del Estado es débil o directamente inexistente. Allí, la apropiación de recursos y la resolución de conflictos tienden a organizarse mediante relaciones directas, sin mediaciones institucionales estatales.
La magnitud económica de este fenómeno suele subestimarse. Solo la minería ilegal de oro mueve cifras estimadas en alrededor de 12.000 millones de dólares anuales. Si se agregan las demás formas de renta informal o ilegal, resulta razonable pensar en un volumen cercano —o incluso superior— a los 20.000 millones de dólares por año.
Un sector social de semejante dimensión económica y territorial necesariamente termina generando expresiones políticas propias, aunque estas no adopten las formas tradicionales de representación partidaria.
La desinstitucionalización del Estado
Que Perú haya tenido ocho presidentes en apenas diez años debería bastar para ilustrar la profundidad de la crisis. Sin embargo, eso es apenas la superficie del problema.
La mediocridad política de gran parte de los últimos gobiernos ha sido evidente. En varios casos, los presidentes llegaron al poder no como resultado de liderazgos sólidos o proyectos nacionales consistentes, sino por accidentes parlamentarios, vacancias, alianzas precarias y maniobras coyunturales dentro del Congreso.
La crisis alcanza también al sistema judicial y al Ministerio Público. La Fiscalía se ha visto inmersa en disputas internas permanentes, mientras distintas facciones se acusan mutuamente de corrupción y utilización política de la justicia. La pérdida de legitimidad institucional es cada vez más visible.
El deterioro alcanza incluso a organismos tradicionalmente considerados técnicos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de administrar las elecciones, protagonizó en 2026 una serie de episodios que revelan el nivel de precariedad estatal.
La ONPE compró un nuevo sistema de cómputo para una elección particularmente compleja, con 36 candidaturas presidenciales y múltiples categorías simultáneas. Para ello adquirió miles de laptops e impresoras. Sin embargo, el sistema presentó fallas generalizadas: impresoras sin tinta, equipos defectuosos y mesas instaladas en zonas sin suministro eléctrico estable.
Finalmente, en medio de la propia jornada electoral, debió ordenarse el regreso al escrutinio manual tradicional.
A ello se sumaron problemas logísticos severos. Parte del material electoral llegó tarde o directamente no llegó a cientos de mesas en Lima Metropolitana. La situación obligó a habilitar excepcionalmente la votación el lunes siguiente para quienes no habían podido sufragar el domingo.
Más que anécdotas administrativas, estos episodios reflejan un Estado crecientemente incapaz de ejecutar funciones básicas de manera eficiente.
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Elecciones fragmentadas, representación debilitada
Es decir: una parte muy significativa de la sociedad decidió no respaldar a ninguna de las opciones disponibles que fueron muchas y variadas
Los resultados electorales terminaron de confirmar la profundidad de la crisis de representación.
En un país donde el voto es obligatorio, alrededor del 26% del padrón no concurrió a votar. Entre quienes sí participaron, más del 16% votó en blanco o anuló su voto.
Es decir: una parte muy significativa de la sociedad decidió no respaldar a ninguna de las opciones disponibles que fueron muchas y variadas.
La extrema fragmentación del sistema político produjo además resultados muy débiles. Keiko Fujimori obtuvo poco más del 10% del total del electorado, mientras Roberto Sánchez alcanzó algo más del 7%. Ambos pasaron a la segunda vuelta, donde uno de ellos deberá alcanzar el 50% más uno de los votos válidos.
La paradoja es evidente: candidatos con apoyos sociales relativamente reducidos deberán intentar construir legitimidad en un contexto de apatía, fragmentación y creciente rechazo ciudadano.
Los candidatos de la segunda vuelta
En numerosos casos, el principal activo del “partido” es su inscripción legal, administrada por pequeños grupos dirigentes o directamente por un propietario político.
En Perú, los partidos políticos tradicionales prácticamente desaparecieron hace años. Lo que hoy predominan son franquicias electorales: estructuras jurídicas habilitadas para competir electoralmente, pero carentes de organización territorial, militancia estable o programas consistentes.
En numerosos casos, el principal activo del “partido” es su inscripción legal, administrada por pequeños grupos dirigentes o directamente por un propietario político.
Dentro de ese escenario, el fujimorismo sigue siendo la fuerza más estructurada y reconocible. Representado por Keiko Fujimori, mantiene una orientación conservadora con componentes populistas. Conserva además una maquinaria electoral relativamente sólida. Su presencia dominante está en Lima Metropolitana, sectores socioeconómicos altos y algunas regiones de la costa y la selva norte, herencia parcial del peso político del gobierno de su padre, Alberto Fujimori.
Por otro lado, Juntos por el Perú aparece como una coalición heterogénea de sectores de izquierda, socialdemócratas y movimientos sociales, articulados alrededor de la figura de Roberto Sánchez. Su principal base electoral se encuentra en el Perú rural, especialmente en el sur y centro andino, así como en los sectores populares urbanos y rurales.
Más que partidos clásicos, ambos espacios expresan coaliciones sociales y territoriales relativamente inestables.
Perspectivas inciertas
La disputa central será la capacidad de ambos candidatos para atraer a sectores que no se sienten representados por ninguna de las opciones existentes
Las principales encuestadoras —como Ipsos Perú, Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y Datum— coinciden en mostrar una segunda vuelta extremadamente pareja y con un volumen elevado de indecisos.
La disputa central será la capacidad de ambos candidatos para atraer a sectores que no se sienten representados por ninguna de las opciones existentes.
Por eso, buena parte de los analistas coincide en que tanto Fujimori como Sánchez intentarán moderar sus discursos y desplazarse hacia posiciones más centristas. En otras palabras: buscarán reducir los temores que despiertan en electorados que desconfían de ambos proyectos.
Sin embargo, el problema de fondo trasciende a los candidatos.
La crisis peruana ya no parece limitarse a una crisis de gobierno o de liderazgo político. Lo que comienza a ponerse en cuestión es la capacidad misma del sistema institucional para integrar socialmente a un país cada vez más fragmentado entre formalidad e informalidad, legalidad e ilegalidad, Estado y economías paralelas.
Y las elecciones de 2026 ha mostrado que ese proceso no se está deteniendo, sino profundizando.
*Silvio Dragunsky es contador de la UNS donde en su momento fue dirigente estudiantil y desde hace varias décadas está viviendo en Perú, país que lo recibió en 1975 como exiliado después de haber sido preso político detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en Argentina.
