El pueblo boliviano se planta contra el gobierno de Rodrigo Paz. Crece la represión estatal y con ella, el número de víctimas La reacción fascista, como de costumbre, se pone a disposición de los intereses de los planes del imperialismo. Pero las columnas de obreros y campesinos siguen su marcha decidida hacia el Palacio Quemado para exigir la renuncia del presidente. “Expresamos nuestra solidaridad con la COB, el pueblo boliviano y su movimiento campesino, que llevan adelante una lucha para acabar con estos programas de hambre y represión”, recalcó el Secretario de Relaciones Internacionales del PCA, Marcelo Rodríguez, y alertó sobre el envío de apoyo logístico del gobierno de Javier Milei a la derecha boliviana.
La situación que se registra al cierre de esta edición es sumamente dinámica y, al parecer el esquema de poder que gobierna por medio de Rodrigo Paz Pereira está dispuesto a redoblar su apuesta. Aunque dio marcha atrás con la Ley 1720 que impulsó en abril, por la cual en la práctica se convertía a la tierra en un activo financiero, la Fiscalía General del Estado emitió una orden de aprehensión contra el Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo. La denuncia contra el líder sindical, presentada por el Ministerio de Gobierno, criminaliza las protestas y la movilización que puso a las columnas obreras y campesinas ante las propias puertas del Palacio Quemado, la sede del Gobierno de Bolivia, ubicado en La Paz.
En este contexto, el régimen de Estados Unidos fijó postura cuando ayer, por medio de su vicesecretario de Estado, Christopher Landau, efectuó una enfática defensa de la gestión de Rodrigo Paz y calificó a las protestas populares como "producto de fuerzas anticonstitucionales que buscan desestabilizar a Bolivia". No contento con eso, volvió sobre el discurso con el que Trump justificó la invasión a Caracas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. “Hay en marcha un golpe de Estado impulsado por el crimen organizado vinculado al narcotráfico” deslizó el funcionario yanqui.
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Como de costumbre en estos casos las acusaciones de Washington no se apoyan en ninguna prueba. La realidad, en cambio, muestra un escenario bien distinto al que ellos quieren montar. “Tal como lo hacen el resto de los presidentes neoliberales de nuestra región, como Kast en Chile o Milei en Argentina, desde su asunción el gobierno de Paz Pereira lleva a cabo una política de ajuste feroz que ha hecho caer drásticamente el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y que provoca serios problemas en el abastecimiento de combustibles”, sostuvo el Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de la Argentina,
“Expresamos toda nuestra solidaridad con la COB, el pueblo boliviano y su movimiento campesino; con todos los que están llevando adelante una lucha para acabar con estos programas de hambre y represión”, subrayó Rodríguez. En este marco, advirtió que “hay que seguir con cuidado cuáles son los movimientos del gobierno de Javier Milei, porque tal como sucedió en 2019 con el tándem Macri-Bullrich, ahora hay denuncias que hablan de que en los últimos días llegaron a La Paz cargamentos de gases lacrimógenos para reprimir las protestas sociales enviados desde nuestro país”.
Como se recordará, una de las últimas acciones que Mauricio Macri ejecutó como presidente fue enviar clandestinamente gases lacrimógenos y otros materiales represivos para apoyar el golpe de Estado que a fines de 2019 se pergeñaba contra Evo Morales y que terminó llevando a Jeanine Áñez a la presidencia de facto. Ahora, el diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que el gobierno de Paz recibió cargamentos similares que fueron enviados a Bolivia a través de aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina. En medio de este clima, la derecha más reaccionaria de la llamada Media Luna Petrolera, se puso a disposición de contribuir al “restablecimiento del orden”. Por otra parte, la COB y los Ponchos Rojos campesinos no dejan de exigir la renuncia del presidente y las protestas ganan la adhesión de diversos sectores. Los últimos datos públicos que trascendieron, en tanto, hablan de al menos cinco víctimas fatales a manos de la represión y de decenas de heridos y detenidos.
En su análisis, Rodríguez recordó que por medio del Decreto 55.03, la Presidencia Paz “desreguló el precio de los carburantes y avanza en un proceso de privatización de los bienes comunes, de las tierras del pueblo boliviano”, recalcando que todo esto está en la génesis de la protesta que encabeza la COB y el campesinado. Mientras que en relación a la fuerza y la transversalidad que ganaron las protestas destacó, además del papel central del movimiento obrero organizado, el protagonismo de organizaciones campesinas que en sus reclamos “son fuertemente reprimidas por el gobierno”. Más allá de esto, reafirmó que “nuevamente queda en evidencia la resistencia de un pueblo ante los avances de las políticas de ajuste, entrega y represión”.
A diferencia de lo que sucede en nuestro país, donde la hegemonía de la oposición habla y actúa de acuerdo a los calendarios electorales y no tanto en función de las urgencias apremiantes de las grandes mayorías, puso en valor que “a sólo seis meses de asumido el gobierno de Paz se hayan desatado estas protestas”. E indicó que la respuesta contundente que sigue expresándose en las calles de La Paz y por distintos puntos del hermano país se inscribe en una tradición con mucho arraigo: “la histórica combatividad del movimiento obrero boliviano vuelve a ponerse de manifiesto en estas jornadas”.
Sin embargo, a la expectativa y el entusiasmo que genera la revuelta social en curso en el vecino Estado Plurinacional, los balanceó con la necesaria cautela de la razón. En este sentido, alertó sobre “la amenaza de que Estados Unidos secuestre a Evo Morales, tal como lo hizo con el presidente Maduro y la diputada Cilia Flores en Venezuela”.
No casualmente durante el fin de semana, el ex presidente Morales comunicó que existe un plan de la DEA estadounidense, en connivencia con el Ejército boliviano, para consumar su secuestro. Nada de esto puede ser tomado a la ligera: pocos días antes, el nuevo y ya acorralado gobierno neoliberal anunció el regreso de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) a Bolivia, de donde había sido expulsada justamente por el proceso de cambio liderado por Evo. Recién llegada a La Paz, la DEA acaba de establecer una oficina “dedicada al intercambio de inteligencia”.
Finalmente, Rodríguez reflexionó que “en el contexto de lo que sucede en Nuestra América, frente a la avanzada de los gobiernos de derecha que cuentan con el apoyo abierto de la administración estadounidense, lo que pasa en Bolivia nos muestra que el camino que debemos seguir es el de la lucha y la resistencia, enfrentando en las calles a este tipo de modelos que sólo buscan hambrear y deteriorar constantemente la vida de los trabajadores”.
