Ecuador vive horas críticas y el presidente Noboa abre la puerta a la intervención militar de EE.UU. “Se buscó generar las condiciones de un shock social para las implementación de más medidas neoliberales”, señaló desde el PC Ecuatoriano, Bruno Soria, al referirse al decreto que declara a su país en “conflicto armado interno”.
La terrible situación que atraviesa Ecuador tuvo una nueva vuelta de rosca con el asesinato del fiscal Cesar Suárez, que es quien investigaba entre otros casos en el iniciado a raíz del reciente asalto armado a un estudio de la televisión pública, que fue perpetrado cuando desde ahí se emitía programación al aire. Aunque resulte extraño, se supo que el fiscal no tenía custodia personal cuando fue ultimado en plena vía pública por individuos que acribillaron el automóvil en el que se trasladaba.
Se trata de un nuevo hito en la escalada de violencia que el país arrastra desde hace varios años -con una fuerte crisis penitenciaria-, que se profundizó cuando no hace mucho uno de los capos narco más peligroso y jefe de la organización Los Choneros, Adolfo Macías, alias Fito, desapareció de la prisión de Guayaquil. A ello le siguió una ola muy violenta atravesada por motines en diferentes cárceles, policías secuestrados, ataques con explosivos y vehículos incendiados en distintos puntos del país e incluso, la toma en vivo del canal televisivo por parte de un grupo armado, hecho que tuvo lugar en Guayaquil, ciudad en la que este tipo de bandas atacaron una sede universitaria y centros comerciales. Esto fue el detonante para que Daniel Noboa, presidente de Ecuador, ordenara la actuación del Ejército en todo el país y para ello apeló a la caracterización de la actual crisis como un “conflicto armado interno". El mandatario identificó y denunció a más de una veintena de bandas criminales de distinto volumen y presencia territorial como “organizaciones terroristas” y como “actores no estatales beligerantes". En principio la medida tiene vigencia por sesenta días.
La lectura oficial asegura que, en la actualidad, en Ecuador se produce el enfrentamiento de dos de los más poderosos cárteles de la droga de México: el de Sinaloa y el de Jalisco, que operarían por medio de diferentes tipos de organizaciones satélites. Pero, sin que se pueda descartar esa hipótesis, lo que está claro es que una combinación funesta de inoperancia y corrupción de las fuerzas policiales, junto con la reprobable voluntad política de los últimos gobiernos neoliberales de alinearse irrestrictamente con Washington, es un factor determinante para esta crisis.
En este contexto, el actual gobierno surgido de la propia médula de la clase capitalista que actúa en Ecuador, tiene una formidable excusa para autorizar la inminente llegada de fuerzas militares estadounidenses a territorio ecuatoriano. Por eso, durante los días posteriores a haber declarado el “conflicto armado interno”, el presidente ecuatoriano sostuvo que su país necesita personal y ayuda militar extranjera para combatir la escalada de violencia que vive. “Hemos aceptado el apoyo de Argentina y de EE.UU.”, dijo al respecto Noboa y añadió que “no es momento de ego o vanidad”.
Y entonces pidió que la Asamblea Nacional trate de manera “urgente” un proyecto de ley que envió pidiendo que se lo autorice a elevar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del doce al quince por ciento, para poder financiar los operativos policiales y de las Fuerzas Armadas, que tienen lugar en el marco del conflicto, así como para costear los efectos de la “crisis social y económica” que atraviesa su país. Ahora el Legislativo tiene treinta días para pronunciarse: si lo hace favorablemente estará dando carta blanca a otro capítulo del ajuste que tiene en agenda Noboa, pero si no lo hace va a ser acusado de obstruir la lucha contra la violencia narco. Ese es su dilema.
Y, al respecto, para describir el escenario es interesante señalar que entre enero y septiembre de 2023, la recaudación en concepto de todo tipo de impuestos ascendió a unos 13.500 millones de dólares, de acuerdo a los datos aportados por el Servicio de Rentas Internas.
“Se buscó generar las condiciones de un shock social para las implementación de más medidas neoliberales”, señaló el analista político y miembro del Partido Comunista Ecuatoriano (PCE), Bruno Soria, al referirse al decreto por el que se declara a Ecuador en conflicto armado interno. Pero no es lo único en lo que está avanzando Noboa, ya que mientras la mayoría de las miradas apuntan hacia la situación de violencia que vive su país, la semana pasada se aprobó un proyecto de ley que viabiliza la privatización del sector eléctrico. “Mientras el pueblo está preocupado, mientras todos estamos en nuestras casas resguardándonos de la violencia y de la delincuencia, el gobierno aprovecha el temor de la población para desmontar lo poco que queda de la débil estructura productiva ecuatoriana”, lamentó Soria.
Y esto no es todo. Casi en simultáneo, la cartera laboral busca que se apruebe el “trabajo por horas”, algo que está prohibido por la Constitución desde 2008 y que es una medida de precarización del trabajo, ya que tiende a desregular y flexibilizar todavía más las formas de contratación, lo que para Soria también “forma parte de recapitulo de la misma estrategia que la suba del IVA, porque busca provocar condiciones para condonar deuda a los grandes grupos económicos”.
¿Contra quién va la cosa?
La cosa es clara: la degradación social, política y económica que impone el rigor capitalista en una formación estatal a la que le robaron hasta la moneda, genera condiciones para que pase lo que hoy sufre el pueblo ecuatoriano. Y, con este telón de fondo, la receta de la clase capitalista que actúa en Ecuador es profundizar más aquello que llevó al país hasta aquí, al tiempo que se busca aprovechar la volteada para establecer un estado policial.
Por eso cuando se piensa en el conflicto armado interno, cabe preguntar ¿contra quién va la cosa? Es que el gobierno de Noboa prohíbe la reunión de más de tres personas, por lo que determina que la protesta social está prohibida, y que a quien proteste se lo va a tratar como “terrorista”.
“Todo esto es parte de una escalada para mantener a la población calmada ante las medidas económicas que viene anunciando el presidente”, señaló Soria y recordó que nada tiene de casual que durante los primeros días de enero, antes de que estallara el conflicto a gran escala, Noboa haya impulsado la realización de una consulta popular sobre tópicos vinculados a “seguridad”, “justicia” y “trabajo”, pero también tal como puntualizó Soria, “tiene tres claros objetivos” y entre ellos “aparece la posibilidad de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior”.
Así las cosas, la actual crisis sirve para que la Presidencia Noboa actúe jugando a varias bandas. Y, entre ellas, está la posibilidad que se le abre para dar el golpe de horno final que necesitaba para habilitar la intervención de EE.UU. en territorio ecuatoriano, de donde las fuerzas estadounidenses debieron retirarse durante 2009, cuando el gobierno que encabezaba Rafael Correa, no renovó el acuerdo firmado en 1999 por el entonces presidente Jamil Mahuad, que se extendía por un período de una década y permitía la presencia de tropas yanquis en la base naval de Manta.
Más recientemente, el último viaje que Guillermo Lasso hizo como presidente a EE.UU., realizado a fines de septiembre de 2023, resultó clave para la firma de dos acuerdos internacionales que, no casualmente, no fueron difundidos de manera oficial por el Departamento de Estado. El primero permite la presencia de buques militares estadounidenses en aguas ecuatorianas, el otro directamente fija las condiciones para la intervención de militares de EE.UU. en Ecuador.
En la firma del acuerdo estuvieron presentes el representante republicano Dan Crenshaw, que preside el “Grupo de Trabajo del Congreso para Combatir a los Cárteles de la Droga Mexicanos”, así como altos funcionarios de la Guardia Costera y del Departamento de Defensa yanqui.
Por otra parte, la participación de fuerzas militares extranjeras en Ecuador, está fundamentada también en varias iniciativas adoptadas durante el gobierno de Joseph Biden. En primer lugar, se encuentra la “Estrategia de los Estados Unidos para Prevenir Conflictos y Promover Estabilidad”, emitida en abril de 2022 y en la que se pretende atacar “la vulnerabilidad de un país o región al conflicto armado, la violencia a gran escala u otra inestabilidad, incluida la incapacidad para gestionar amenazas transnacionales y otras perturbaciones significativas”.
Y además aparece la “Estrategia de Seguridad Nacional (NSS-2022)”, publicada por la Casa Blanca en octubre de 2022, y en la que se presenta la idea “disuasión integrada” como elemento fundamental de la política de defensa estadounidense, al mismo tiempo en que se plantea como desafíos para la geopolítica diseñada desde Washington, la creciente presencia en el escenario global de la República Popular y Rusia.
“Al no poder asegurar su patio trasero vía comercio, EE.UU. está aprovechando sus crisis para intervenir directamente en los países”, remarcó Soria y fue claro cuando dijo que Washington “sabe que no puede competir con Rusia y China en la construcción de un planeta multipolar y, por eso, recurre a justificar sus intervenciones con sus políticos cómplices como también lo vimos en Perú”. Y, sin dudarlo, hizo hincapié en que el gobierno que encabeza Javier Miliei “es parte de la misma estrategia”.
