La semana pasada, organizaciones ligadas al MAS y al gobierno de Luis Arce se movilizaron para exigir que la dictadora Jeanine Añez sea juzgada con las máximas penas por las masacres Senkata y Sacaba.
Una masiva protesta en contra de la impunidad pidió justicia por las víctimas de las masacres del régimen de Jeanine Añez en 2019. Fue protagonizada por las organizaciones sociales y grupos de defensa de los derechos humanos en el centro paceño.
La Coordinadora de Organizaciones, Colectivos y Bloques Urbanos de La Paz y El Alto, activistas y víctimas del golpe de Estado exigen justicia y la pena máxima para la expresidenta de facto por los muertos en Senkata y Sacaba.
En este sentido, también exigen que los que acompañaron y gestaron el golpe de Estado de 2019, como Jorge Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y Samuel Doria Medina, deben responder ante la justicia.
Vale mencionar que Añez se encuentra actualmente en prisión a la espera del juicio. En las últimas semanas ha tomado la decisión de realizar una huelga de hambre como respuesta a que supuestamente se han violado "todos sus derechos y garantías" durante el proceso.
Sin embargo, en octubre del año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó una solicitud de medidas cautelares a favor de la detenida expresidenta interina. La defensa de Áñez había solicitado las medidas a fines de agosto pasado señalando "amenazas, hostigamientos y agresiones en contra de la vida e integridad personal de la exmandataria".
Asimismo, el miércoles 2 de marzo, representantes de 35 países conocerán en la OEA el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que estableció que en Bolivia se produjeron masacres, ejecuciones sumarias, torturas y detenciones ilegales durante el régimen de Jeanine Áñez, en 2019.
El 15 de noviembre de 2019, durante el régimen de Áñez, al menos 11 civiles perdieron la vida y otros 120 resultaron heridos en Sacaba, Cochabamba. El GIEI estableció que en la matanza de Sacaba se produjeron ejecuciones sumarias.
El Grupo Interdisciplinario añade que durante la gestión de Áñez se produjo la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto, donde el 19 de noviembre de 2019 perdieron la vida otras 11 personas, todas indígenas y 78 resultaron heridas.
Además, el gobierno de Luis Arce pidió la detención de dos jefes de la Policía y de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que gestionaron, recibieron y agradecieron las balas que envió en noviembre de 2019 el gobierno de Mauricio Macri.
Se trata Jorge Gonzalo Terceros Lara y Vladimir Yuri Calderón, respectivamente. El apoyo de la administración Cambiemos –que también se investiga en Buenos Aires– fue descrito por el gobierno de Arce como “un alineamiento y cooperación al estilo ‘Plan Cóndor’ de las dictaduras de los años ‘70 para el envío a Bolivia de armamento y pertrechos para colaborar a consolidar un gobierno inconstitucional y para reprimir la protesta social”, aseguraron desde el gobierno.
Asimismo, Tupaj García, militante del Frente Revolucionario Comuna (Frec), aseguró que “los responsables del golpe tienen que recibir sus severas sentencias”.
Tras lo que agregó; “exigimos que a Añez no se le permita salir del penal”, después de la decisión de la dictadora de comenzar una huelga de hambre, donde la semana anterior tuvo una descompensación y su abogado solicitó su salida al hospital.
A su vez, calificó la decisión de la ex mandataria como “una estrategia que gira en torno a demostrar que encerrada “injustamente” y que la justicia no le da garantías solo por ser mujer”.
