Con el apoyo de EE.UU., el presidente de Ecuador avanza en la restricción de derechos básicos e implementa un estado de excepción con la excusa de combatir al narcotráfico. “No existe plan para combatir el narco y la delincuencia, sólo se trata de una estrategia de control social para que la gente no proteste contra las medidas neoliberales”, dijo desde el PC Ecuatoriano el sociólogo Bruno Soria.
Desde hace casi dos meses Ecuador se encuentra bajo un estado de excepción y toque de queda nocturno, algo que en la práctica representa casi un estado de sitio. Con varias garantías constitucionales suspendidas el gobierno encabezado por Daniel Noboa tiene las manos libres para profundizar el esquema represivo que ya venía desplegando bajo el argumento de que así combate al narcotráfico.
De la mano de los gobiernos neoliberales que sucedieron a Rafael Correa creció considerablemente la violencia delictiva en aquel país, pero también lo hizo la de tipo institucional, algo que va imbricado en la connivencia del esquema de poder gobernante con el narco y la presencia e injerencia, cada vez mayor, de Estados Unidos. La decisiones gubernamentales que toma Ecuador desde hace rato pasan primero por Washington. Y esa dependencia del país sudamericano quedó nuevamente en evidencia cuando, en marzo pasado, el FBI abrió su primera oficina permanente en Quito.
Bruno Soria, doctor en sociología y docente universitario, opinó en diálogo con NP que el virtual estado de sitio que lleva más de ochocientos días en su país “es una medida que el gobierno de Noboa ha implementado para mantener adormecida a la población, para que la gente no reclame ni proteste contra las medidas neoliberales que aplica, como pasar de tener la gasolina de dos dólares a casi cinco dólares galón”.
Al respecto de esta democracia fallida patrocinada por el Tío Sam, aseguró que “estamos ante una cuasi dictadura que se vale de este mecanismo para mantener al pueblo encerrado en sus casas”. El toque de queda decretado comienza a las once de la noche y se extiende hasta las cinco de la madrugada del día siguiente. “Esto impacta en la vida de los ecuatorianos y ya tiene efectos económicos. Por ejemplo en Quito y otras ciudades, donde mata a la vida comercial, fundamentalmente a la vinculada al turismo, porque los locales deben cerrar a las nueve de la noche para que los trabajadores puedan volver a sus hogares”, describió Soria. Mientras que la mayor cantidad de los detenidos por infligir el toque de queda, precisó, “son personas que trataban de volver a sus viviendas y no producto del combate a la delincuencia”.
Entre 2018 y 2023, en Ecuador, la tasa de homicidios creció en un ochocientos por ciento, pasando de 6 a 46 por cada cien mil habitantes. En tanto que el 2025, cerró con un total de 9.216 homicidios dolosos, alcanzando así un nuevo récord de 49 personas asesinadas por cien mil habitantes. Esa connivencia entre el narco, las fuerzas policiales y el Palacio de Carondelet tiene mucho que ver con estas trágicas estadísticas.
“Ecuador no produce cocaína, marihuana ni otras drogas, pero estamos entre dos de los principales productores que son Colombia y Perú”, señaló Soria y agregó que a partir de esa posición geográfica nodal para el narcotráfico en la región “los carteles han encontrado en puertos y playas ecuatorianas los mecanismos para que desde ahí salgan cargamentos con cocaína rumbo a todo el planeta”. Ecuador es el mayor productor de plátanos y ese dato no es un detalle menor en esta historia. “Los barcos bananeros llegan a todas las regiones del mundo, lo que brinda un mecanismo que los carteles encontraron para traficar, porque donde llegue un plátano ecuatoriano es muy probable que haya llegado cocaína”, afirmó.
Cabe citar que la principal exportadora de bananas es Noboa Trading, la empresa familiar del actual presidente. Esta corporación aparece involucrada en al menos ocho cargamentos de cocaína camuflada en cajas de bananas que entre 2020 y 2025 salieron del puerto de Guayaquil y fueron incautados en destinos como Turquía, Italia y Croacia.
“El narcotráfico ha logrado permear hasta las instituciones públicas”, denunció Soria, y ya son varios los juicios iniciados que lo ratifican. Entre ellos está el que involucra a Hernán Luque Lecaro, un banquero que fuera director del área de empresas públicas del gobierno de Guillermo Lasso, cuya extradición de la Argentina fue aprobada por la Corte Suprema de nuestro país. El requerimiento de la Justicia ecuatoriana sobre este funcionario del anterior gobierno neoliberal fue a causa de un caso de corrupción en contratos en el sector energético. Además, a Luque Lecaro se lo vincula con Danilo Carrera, actor y cuñado del expresidente Lasso, que fue sentenciado a diez años de prisión por su participación en una red que poseía nexos con el narcotraficante de cocaína albanés Dritan Gjika.
“Hay todo un entramado que permite ver cuál es el nivel de penetración de los carteles delictivos en las altas esferas políticas y económicas, ya que aquí se sabe que hay bancos involucrados, miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas, como también jueces”, detalló. Esta situación que atraviesa Ecuador, para el sociólogo y cuadro del PC ecuatoriano es algo que exhibe con claridad “el grado de descomposición que arrancó con el desmantelamiento de las estructuras estatales y que ahora llega a estos niveles”.
Mientras Estados Unidos invadió Venezuela y secuestró a Nicolás Maduro y Cilia Flores con la excusa de que colaboraban con el Cartel de los Soles, una supuesta organización criminal que poco después la propia justicia estadounidense reconoció que no existe, los vínculos constatados entre Noboa y su esquema de gobierno con el narco no son obstáculo alguno para que el presidente ecuatoriano siga siendo para Donald Trump uno de los principales exponentes que tiene la democracia en nuestra región.
“Hay un acuerdo que viene desde la época de Lasso por el que se le facilita a Estados Unidos la realización de operaciones aéreas desde las Islas Galápagos”, confirmó el sociólogo Soria y puntualizó que ese acuerdo ha sido extendido para que EEUU pueda hacer maniobras militares. “Hace poco hubo un bombardeo efectuado desde naves estadounidenses en la frontera del país, que el gobierno presentó como un gran logro porque, según dijo, se había destruido un centro de operaciones del narco, pero enseguida se comprobó que lo que bombardearon fue una finca lechera”.
Con burdas excusas, el gobierno de Noboa les ordena a las fuerzas represivas “actuar de manera brutal contra la población, lo que además demuestra que no existe un plan para combatir el narcotráfico y la delincuencia”, remarcó Bruno Soria. En definitiva, no se trata de otra cosa que de una estrategia de control social para la que, como agregó, “tienen también al ejército que desde hace dos años sacaron a las calles y los resultados de todo esto sólo son innumerables casos de violaciones de Derechos Humanos”.
Se estima que en Ecuador ya hay más de sesenta personas desaparecidas que fueron detenidas por estos operativos militares. El Corolario Trump de la Doctrina Monroe se sostiene sobre el documento de Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentado a fines del año pasado. Detrás de la “ayuda” que Washington ofrece para combatir al narco en Nuestra América asoma el claro objetivo imperialista de convertirnos en su patio trasero.
