Esto es lo que se advirtió desde el Partido Comunista de Salta ante la Resolución 347/2025 que habilita a que las Fuerzas Armadas detengan a civiles. También se denunció la connivencia del gobierno encabezado por Gustavo Sáenz con la Presidencia Milei.
Finalmente, durante el pasado fin de semana se filtraron los datos que permiten establecer de qué va lo de las reglas de empeñamiento, esto es los procedimientos implícitos en cualquier acto que las Fuerzas Armadas deban llevar adelante en el contexto de su participación en lo que la cartera a cargo de Luis Petri denomina la Operación Julio Argentino Roca, que bajo la excusa de “reforzar la seguridad en fronteras del norte”, prevé el despliegue de efectivos del Ejército en esa zona, algo que comenzó a hacerse efectivo con el envío de los primeros contingentes de los cerca de diez mil uniformados que de forma rotativa se prevé mandar a Salta (Ver ¿Los militares vuelven a las calles?).
Es que de acuerdo a los que se supo acerca de las reglas de empeñamiento, el Ministerio de Defensa autoriza a que el personal de las Fuerzas Armadas detenga a personas civiles en situaciones que presuman que pueden constituir “delitos de flagrancia”, algo que a todas luces viola las leyes de Defensa, de Seguridad Interior y de Inteligencia. Y esto no es todo, ya que el propio Petri reconoció que no espera desplegarlas sólo en la línea fronteriza, sino que pretende que actúen dentro de áreas urbanizadas de las provincias en cuestión.
Pero la cosa no acaba aquí, ya que también durante los últimos días se supo que la Armada entrena a sus efectivos para llevar a cabo tareas de represión de disturbios, tal como quedó expuesto con el caso de Brisa Páez, quien acabó internada y con un coma inducido, como consecuencia de una patada que le propinó uno de sus instructores cuando participaba de un ejercicio diseñado para enseñarles a los marineros voluntarios a reprimir protestas.
La joven no fue la única que resultó herida en este entrenamiento que prepara a los uniformados para algo que les está prohibido por la ley. Y ya declaró indicando que, además, sus superiores intentaron encubrir lo sucedido: “si alguien les pregunta qué les pasó, ustedes tienen que decir que se golpearon en su casa”, denunció que les ordenaron.
Como para completar el cartón, al cierre de esta edición desembarcaba en nuestro país Alvin Holsey, quien sucede a Laura Richardson al frente del Comando Sur de EE.UU. y ante él se van a cuadrar Javier Milei, Patricia Bulrich y el propio Petri. Sobre esa presencia hay dos temas que sobresalen: la base naval próxima a Usuahia cuyo emplazamiento selló Milei con Richardson, pero también la militarización de la zona fronteriza del norte del país que comenzó a implementarse mediante la Resolución 347/2025.
Es que Holsey viene a refrendar lo que oportunamente ordenó Laura Richardson y también a reafirmar que ya sea con una gestión demócrata o con Donald Trump en Washington, la política de EE.UU. no varía y que entonces la instrucción es que la Presidencia Milei transite peligrosamente el camino hacia una suerte de remake de la Doctrina de la Seguridad Nacional y disponga que las Fuerzas Armadas actúen, fronteras adentro, en las puertas del Triángulo del Litio y del Acuífero Guaraní.
Una de estas áreas es el NOA, una zona en verdadera ebullición a raíz de diferentes hechos que se vienen sucediendo. Hace poco la Policía de Jujuy reprimió y golpeó a integrantes de la comunidad Cueva del Inca, en la localidad de Tilcara durante un desmedido operativo en el que intervinieron más de doscientos efectivos, incluidos miembros de la Infantería, que ingresaron a la comunidad e intentaron desalojar a varias familias.
Mientras tanto, en Salta se lleva adelante una ola de despidos en la refinería de Campo Durán, en el departamento San Martín, en tanto que el Ingenio El Tabacal avanza en un plan de flexibilización laboral que los trabajadores denuncian que implica una reducción salarial y que por lo tanto están dispuestos a avanzar en un plan de lucha.
Todo esto configura un escenario de conflicto que, sin dudas, no es ajeno a la decisión de avanzar en la Resolución 347/2025 por parte de la Presidencia Milei, algo que hace con la anuencia de sus gobiernos provinciales aliados. “La política de Milei es aplicada en este caso junto a los gobernadores de Salta y Jujuy que forman parte del grupo de genuflexos”, sostuvo el referente del Partido Comunista salteño, Arturo Bordón, quien recordó que Gustavo Sáenz “se hizo gobernador con el sello del Partido Justicialista, al igual que otros senadores y diputados, pero ahora claramente están votando todas las leyes que exige Milei y en Jujuy pasa lo mismo”.
Y, en este sentido, lamentó que “al amparo de un gobierno nacional fascista, se le abren las puertas del infierno a todos los diablos fascistas de NOA, jueces, oligarcas, policías, gendarmes y ahora se suman las Fuerzas Armadas para salir a reprimir como ya lo están haciendo, generando causas con gente inocente como estos pueblos originarios de Tilcara”, en algo que pretende “generar temor y disciplinar al pueblo de manera violenta, como siempre lo hicieron los fascistas”.
Por eso, insistió con que “los gobernadores genuflexos están habilitando a todos esos demonios que salen a provocar terror reprimiendo como patotas y matones que son”, de ahí que ahora “cuando meten a las Fuerzas Armadas saben que como pasa en Gendarmería, Prefectura y las policías, en el Ejército hay fascistas que están deseosos de reprimir y cometer crímenes contra el pueblo, por eso los habilitan para que vuelvan a actuar ilegalmente en seguridad interior reprimiendo al pueblo”.
Y, ante esto, postuló Bordón, “debemos organizarnos y esforzarnos por lograr esa unidad en la acción, pero también desde el punto de vista táctico para frenarlos electoralmente”, así como “una unidad de tipo estratégico que nos permita ver cómo seguimos en medio de esta pseudo democracia oligárquica y con un gobierno fascista”.
