Aprobada la Ley de Restauración 

El gobierno logró este miércoles la media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que le da apoyo parlamentario –oficialismo y oposición- a la serie de reuniones que viene llevando adelante Martín Guzmán, el titular del Ministerio de Economía, para la reestructuración de la deuda argentina.

Así las cosas, Guzmán presentará la oferta de reestructuración en la segunda semana de marzo. Cabe recalcar que vendrá al país entre el 12 y el 14 de febrero una misión del FMI para renegociar la deuda de 44.000 millones de dólares que el país mantiene con el organismo multilateral.

El actual gobierno recibe una deuda contraída por Cambiemos que está compuesta por una parte que se debe pagar en dólares -lo pedido al FMI y acreedores privados- y otra en pesos que se produjo por los papeles emitidos por el Banco Central.

El ejecutivo encabezado por Mauricio Macri asumió en diciembre de 2015 con un país desendeudado y una relación entre deuda-PBI que se encontraba en un razonable 48,6 por ciento. Al dejar el gobierno tras cuatro años, esa relación quedó en un 90,9 por ciento.

Además, el período que lideró Macri facilitó un giro de divisas sin precedentes: el noventa por ciento de la deuda se fugó al exterior. La fuga fue el ADN de un proceso que vino a robarse el excedente social que se distribuyó durante el kirchnerismo.

Así se llevaron del país millones de dólares, gracias a medidas como la quita del cepo cambiario y la posibilidad de que los poderosos puedan retener dólares en el exterior durante diez años sin necesidad de liquidarle al Estado. En términos nominales, la fuga de capitales totalizó -solo en 2019- más de 26 mil millones de dólares, según Ámbito Financiero.

Una ley estratégica para Fernández

El 10 de diciembre de 2019 arribó a la Casa Rosada el Frente de Todos, que rápidamente diseñó un nuevo esquema cambiario para tratar de que ingresen dólares del exterior, con el dólar turista y el impuesto del treinta por ciento a las compras realizadas fuera del suelo argentino.

El gobierno encabezado por Alberto Fernández diseñó la Ley de Solidaridad y el Plan Argentina contra el Hambre para reordenar el desorden económico que dejó el Gobierno Cambiemos y atender los sectores más golpeados por las medidas de miseria y hambre de Macri.

Fernández se encontró con un problema grave. Los precios de la economía argentina estaban absolutamente deschavetados, fundamentalmente, el precio del dinero, esto es pesos y dólares.

Por eso, en su plan de corto plazo –tres y seis meses- busca revitalizar el mercado interno y la producción, comenzando por poner dinero en el bolsillo de los que peor están.

Y también bajar la tasa de interés de referencia, controlar –todo lo que se pueda- el mercado cambiario, y desindexar y desdolarizar

precios claves como los de las tarifas de servicios.

Pero cualquier esfuerzo en esta dirección está condicionado a lo que pueda conseguir con la renegociación de la deuda.

Cada paso realizado por Fernández desde entonces va con una estrategia clara: renegociación de la deuda con el FMI lo antes posible.

Allí se explica que la Cancillería liderada por Felipe Solá, realice una de cal y una de arena: asilar a Evo Morales tras el Golpe de Estado en Bolivia y luego aclarar que Argentina seguirá considerando a Hezbollah como una organización terrorista, tal como Fernández le aseguró al premier israelí, Benjamín Netanyahu, que días después volvió a invadir Palestina.

En esta dirección, el Presidente viajó a Europa para entrevistarse con el Papa Francisco, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Giuseppe Conte y Angela Merkel.

A todos les pidió ayuda para ablandar al FMI en la negociación. Es que el gobierno argentino sabe que, aún en un escenario plagado de dificultades, tiene un panorama más despejado con el Fondo que con los acreedores privados.

En el mejor de los escenarios, Fernández busca estirar los plazos de pago más allá de las elecciones de segundo término, aunque no pierde la ilusión de obtener una quita en el capital. Una idea que va en sintonía con lo planteado por el presidente antes de ganar las elecciones: "Argentina no puede pagar ninguna deuda hasta no crecer".

¿Y ahora?

Aprobada la ley de reestructuración, Guzmán tiene el aval para seguir con sus reuniones. Así se abre una pregunta central en relación a una deuda fraudulenta, de la que no se sabe dónde está el noventa por ciento del capital: ¿por qué no revisar qué porcentaje de la deuda es ilegítimo?

Hay que recordar que Fernández denunció en campaña el descarado giro de capitales de la deuda contraída por el macrismo y que la denuncia del carácter usurero de la deuda fue una consigna común de todos los espacios que pelearon contras las medidas de ajuste, entrega y represión macrista.

Según parece la consigna es: primero arreglo lo mejor que puedo, después pago y, en el mejor de los casos, algún día alguien investigará quién se quedó con casi noventa mil millones de dólares que –esto es seguro- seguiremos pagando los argentinos, fundamentalmente los más pobres, de aquí a 98 años.

Ante esto, Diputados dijo que “pronto vamos a integrar la comisión bicameral de seguimiento y control de la deuda”. La experiencia demuestra que estas comisiones no han servido, y mientras los ciclos de endeudamiento se recreaban, no existe un solo responsable ni que se haya recuperado un centavo. Por eso es necesario investigarla antes de cualquier intento de pago.

Está por verse como terminará este nuevo capítulo de deuda. Pero si hablamos de deuda hablamos de un mecanismo de dominación de la segunda crisis de larga duración del capitalismo: un sistema que garantiza su estabilidad de muchas formas, y una de ellas es a partir de atar de pies y manos a los países, con deudas otorgadas por organismos multilaterales como el FMI. Unos gobiernos contraen y otros pagan; esa parecería ser la fórmula.