La movilización de la semana pasada volvió a poner de relieve que, frente al desguace que el gobierno implementa sobre todas las áreas del Estado que deberían estar al servicio de garantizar derechos, la resistencia no afloja. “La motosierra viene acompañada de una necropolítica que no nos sorprende de un gobierno neofascista como el que padecemos en Argentina”, manifestó Pablo Torres desde la Cicop tras balancear positivamente otra multitudinaria jornada de lucha.
“Vamos a defender la salud pública con todas nuestras fuerzas”, concluyó la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) luego de la Marcha Federal que en la Ciudad de Buenos Aires se desarrolló entre el Ministerio de Salud de la Nación y Plaza de Mayo para exigir el fin del ajuste que el gobierno de Javier Milei impone sobre el área.
A la hora de hacer un balance, el dirigente de la Cicop y de la Corriente Nacional Agustín Tosco Pablo Torres destacó la presencia de las dos CTA que marcharon junto con organizaciones sociales y académicas vinculadas a las carreras de la Salud y también a otras que agrupan a pacientes “para repudiar las políticas destructivas de Milei que afectan al sector público, pero también a las obras sociales sindicales y a las prepagas de manera directa e indirecta, a raíz de todos los recortes que hizo este gobierno a las dependencias del Ministerio del Salud y en programas que dependían directamente de su jurisdicción”.
En tal sentido, citó los “intentos de cierre del Hospital Bonaparte, el retiro de los medicamentos gratuitos a los jubilados en el Pami, el desmantelamiento casi total del Programa Remediar que entregaba medicación gratuita en los centros de salud para patologías prevalentes, los déficit que tenemos en vacunación y la intención de reformar regresivamente la Ley de Salud Mental”. En su denuncia, tampoco soslayó “el cierre del Instituto del Cáncer, el desfinanciamiento del presupuesto universitario que impacta directamente en los hospitales que dependen de la universidad y la desregulación en el precio de los medicamentos, que hace que los argentinos paguemos precios más caros que en Europa”.
Más allá de este ajuste direccionado, la crisis de la salud se agudiza por la política económica nacional. “La decisión de asfixiar a las provincias repercute también en los municipios y la cantidad de personas que perdieron sus trabajos o pasaron a la informalidad, dejan de tener cobertura de sus obras sociales sindicales o dejan de poder pagar la prepaga”, sumó el dirigente de la Cicop como para completar el cuadro. Y añadió que cuando esas personas van al hospital público “se encuentran con que está desfinanciado”, por lo que se asiste a un escenario “en el que se configura un cóctel explosivo”.
Asimismo, Torres denunció que “en términos sanitarios es un escándalo que por primera vez en muchos años de sostenido descenso de las tasa de mortalidad en Argentina, el gobierno de Milei hizo que la mortalidad infantil vuelva a subir”. En este marco alertó que “la limitación de programas de medicamentos, entre otras medidas, va a provocar muertes evitables y agravamiento de cuadros que podrían resolverse incluso de manera más económica, porque esta política ni siquiera es racional desde el punto de vista económico”. En esa misma dirección recordó que “una internación es mucho más cara que un medicamento” y señaló que “evidentemente al gobierno de Milei no le importa nada y la motosierra viene acompañada de una necropolítica que no nos sorprende de un gobierno neofascista como el que padecemos en Argentina”.
Foro por el Derecho a la Salud
Cicop forma parte del Foro por el a Derecho a la Salud, que en la masiva marcha del miércoles pasado manifestó su “profunda preocupación frente al grave deterioro del sistema de salud argentino como consecuencia de las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei y su ministro Mario Lugones”.
Al respecto, indicó que este ataque “no constituye solamente una reducción presupuestaria”, ya que “implica el debilitamiento deliberado de capacidades estatales, la desarticulación de políticas públicas federales construidas durante décadas y el abandono de millones de argentinas y argentinos que hoy ven amenazado su derecho a la salud, en un contexto de crisis del sistema democrático con presos y presas políticas”.
Sobre los niveles alarmantes en la caída del Presupuesto Nacional en Salud, recordó que durante el año pasado las partidas de la cartera sanitaria de la Nación cayeron un doce por ciento respecto de 2024 y un cuarenta, si se lo compara con 2023, mientras que a esto se le se sumó un recorte de más de 63 mil millones de pesos mediante la reestructuración del Presupuesto 2026. “Este proceso se da en un contexto de crisis económica y social caracterizado por la pérdida de más de trescientos mil empleos formales, el deterioro salarial y el incremento sostenido de la pobreza”, describió el Foro.
A la vez, señaló que las consecuencias que todo esto trae sobre el sistema sanitario son concretas, “porque más de 742 mil personas perdieron su obra social o prepaga y el ochenta por ciento de las obras sociales nacionales no logra cubrir el Programa Médico Obligatorio y afronta una deuda millonaria con provincias y municipios”. Con la misma preocupación, advirtió que “los costos de insumos médicos aumentaron un 213 por ciento y cerraron 277 empresas prestadoras del sector”. En tanto que continúa “el aumento de las cuotas de las empresas de medicina prepaga y la caída en la venta de medicamentos, lo que provoca una sobrecarga sobre el sector público”. Para terminar de graficar con claridad este drama, anticipó que “aún sin haber comenzado el invierno, los hospitales tienen una ocupación cercana al noventa por ciento y el 52 por ciento de ellas corresponde a personas con obra social”.
