Se llevó a cabo el segundo debate presidencial de cara a las próximas elecciones. Con pocas novedades, los candidatos se mostraron conservadores con sus propuestas. Milei y Bullrich exhibieron, una vez más, que se ubican a la ultraderecha del espectro político.
Con todos los candidatos subidos a la tarima, a dos semanas de las elecciones presidenciales, tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el segundo debate presidencial. Con pocas luces y con el eje corrido hacia la derecha, los candidatos presidenciales repitieron lugares comunes y apostaron a consolidar el espacio propio. En ese contexto, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, fue el único pretendiente que al momento de exponer sus argumentos y propuestas mostró factibilidad y sensatez, pese a que en temas como seguridad y vivienda planteó una agenda que deberá ser discutida y enfrentada por los sectores populares y progresistas que componen el frente.
Como en el debate anterior, una vez quedó a la vista el retroceso que implica para el país y la región la chance concreta de que Javier Milei gane las elecciones presidenciales, peligro que se agrava al corroborar con el transcurso de los días el acuerdo -tácito por el momento- entre el candidato de La Libertad Avanza y el ex presidente Mauricio Macri, quien ya manifestó en reiteradas ocasiones, la última horas antes del debate, su voluntad para colaborar en un hipotético gobierno de la derecha radicalizada.
En esta coyuntura, y haciendo pie en algunos principios de justicia social caros al peronismo, Sergio Massa pudo plantarse como el candidato que defiende el empleo, la industria nacional y la pequeña y mediana empresa. No obstante, en materia de seguridad exhibió las simpatías que lo conectan con las corrientes punitivistas del espectro político local e internacional.
En ese sentido, prometió la creación de “un FBI argentino” con centro en la ciudad de Rosario, para combatir el crimen organizado a escala transnacional. Además, adelantó que como en Tigre buscará instalar cámaras, aumentar la presencia de móviles policiales en la calle, nacionalizar el sistema de satelitales de rastreo y el botón de antipánico en cada ciudad con más de cincuenta mil habitantes, “todo eso financiado por el Estado”. A la vez, prometió que parte de lo recaudado por el Poder Judicial en los juicios contra el crimen organizado será destinado a financiar el desarrollo de los clubes de barrio, con el propósito de promover la inclusión social y cultural de la población.
En materia de trabajo y producción, el actual ministro de Economía defendió la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y la devolución del IVA en la compra de productos de la canasta básica, como parte de una política integral de recomposición del ingreso, que sería ampliada y profundizada en un hipotético gobierno en el período 2023-2027. En el polo opuesto, Milei y Bullrich se abocaron a presentar los puntos de sus plataformas electorales que hacen hincapié en la flexibilización laboral y la profundización del carácter regresivo del sistema tributario, a la vez que cargaron contra el “gasto” y el “déficit”, atajo preferido de la derecha para anticipar recortes en las políticas públicas y los programas sociales.
En definitiva, el debate mostró el estado de situación de la oferta electoral en el marco de una profunda crisis económica y social generada por el gobierno de Macri y el sometimiento a las políticas del Fondo Monetario Internacional, casualmente, uno de los actores que casi no fue nombrado en este segundo debate y que sin embargo condiciona sumariamente la soberanía política y económica del país.
