Vicentin, tres años después 

“Esto ratifica que el plan supuestamente alternativo a la expropiación que tenía Perotti, era para proteger grandes negocios que transcurren en los puertos de Rosafé que están basados, fundamentalmente, en lo que habilita la Ley de Reforma del Estado que llevó adelante Carlos Menem, que habilitó la extranjerización del comercio exterior, el transito fluvial por el Paraná y los ferrocarriles, entre otras cosas, lo que es base estructural del neoliberalismo”, advirtió el titular del PC de Rosario, Norberto Champa Galiotti, al referirse a la reciente denuncia que contra el juez del concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini, hizo una de las empresas del proceso que lo acusa de interceder a favor de cinco ex directivos del holding con sede en la ciudad santafecina de Avellaneda.

Se trata de la empresa Commodities SA, que es acreedora de Vicentin y cuestiona severamente la conducta del magistrado en lo Civil y Comercial de Reconquista. Por medio de una presentación judicial que hizo ante la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la localidad santafecina, esta firma señala que Lorenzini pretende levantar las medidas cautelares que pesan sobre la cerealera.

Lo de Lorenzini es grosero, pero nada tiene de novedoso. Ya hacia fines de julio de 2020 comenzaba a exhibirse una trama destinada a garantizar la impunidad, en este caso, cuando el ejecutivo dejó sin efecto el DNU 522/2020 por el que había dispuesto la intervención de Vicentin, lo que entregaba los comandos del proceso atravesado por el concurso de acreedores a Lorenzini y el Directorio conducido por los hermanos Gustavo y Sergio Nardelli y Alberto Padoán. Todo esto facilitado por la escasa resistencia que mostró Perotti, cuando el magistrado y el Directorio cerraron filas para impedir que el Estado metiera la nariz en este proceso.

En ese momento, dos cosas volvieron a ratificarse. Por un lado que la vehemencia con que el Juzgado de Reconquista se abroqueló junto al holding, exhibe con claridad el carácter simbiótico que tiene el universo del capital con el Estado Liberal Burgués y, por supuesto, uno de sus pilares: el Poder Judicial.

Y por otro, la derogación del DNU 522/2020, se muestra como un caso de referencia para corroborar que el Estado Liberal Burgués puede aceptar ciertos niveles de democracia política, pero no pasa lo mismo cuando se trata de avanzar hacia la auténtica democracia económica.

En este punto resulta interesante recordar otros episodios que tenían lugar durante aquellos días. Cuando el juez Federico Villena secuestró el teléfono del secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, en el contexto de la causa que cursaba en Lomas de Zamora por supuesto espionaje ilegal, entre otras cosas apareció un mensaje elocuente: “Hablá con Martín Mura por préstamo a Sergio Nardelli por diez palos. Que no lo lleven al Directorio ni a la Sigen porque lo van a complicar, que lo resuelvan por afuera”.

Nardelli es uno de los directivos de Vicentin que aparece más comprometido por el préstamo que en noviembre de 2019, cuando acababa la gestión de Javier González Fraga, el Banco Nación le dio a Vicentin, por 18.500 millones de pesos y pese a que los funcionarios de línea del banco recomendaban que se cancelara esa operación.

Y cuando habla de Mura, se refiere al ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, que fue a quien en esos días le pidieron desde La Rosada, que aceite el otorgamiento de un préstamo del Banco Ciudad para Vicentin. Pero la entidad bancaria rechazó la solicitud, después evaluar la documentación que presentó la firma.

¿Qué se desprende todo esto? Que en las postrimerías de su Presidencia, existió una preocupación personal por parte de Mauricio Macri, para que se le entregue el préstamo que exigía Nardeli, quien, vale recordarlo, fue uno de los principales aportantes de la campaña electoral de Cambiemos.

¿Macri y González Fraga devolvieron favores, eludiendo los controles previstos por la Ley, para darle 18.500 millones de pesos de los argentinos a una empresa que aparecía como insolvente, tal como lo deja claro la negativa del Banco Ciudad a otorgarle un  préstamo?

Tal como sucede con otras causas judiciales vinculadas a hechos de corrupción perpetrados por la Presidencia Macri, el Poder Judicial condujo este caso a un callejón sin aparente salida. Para hacerlo precisaba una buena tapadera y, en esto, la tarea de Lorenzini, resulta clave a la hora de asegurar impunidad, ya que entre otras cosas, fue el garante de que el concurso continúe condicionado por el Directorio responsable del vaciamiento, la fuga, la triangulación, la subfacturación, la sobrefacturación y el robo a los argentinos, así como de dejar un tendal que incluye a pequeños y medianos productores, trabajadores, el Estado e incluso a actores del universo financiero internacional como Rabobank, Natixis y Credit Agricole.

¿Por qué?

Así las cosas y mientras el tiempo sigue corriendo, la dilación del concurso aparece como otro eslabón en el esquema de defraudación al Estado que perpetra Vicentin. Para el concurso la verificación del crédito fue nominada en pesos y no queda claro como se va a hacer la actualización ni bajo qué tasa se van a estimar los intereses, por lo que la inflación amenaza con licuar una buena parte de la deuda si es que algún día los Vicentin pagan. Es que todo parece indicar que así como van las cosas, probablemente el Estado acabe recibiendo una mínima parte de lo que se le adeuda y dentro de un plazo de quince años.

A tres años del anuncio del DNU 522/2020 hay alrededor de 791 millones de dólares que fugaron en connivencia con el Gobierno Cambiemos, durante el período comprendido entre las Paso de 2019 y la fecha en que Macri dejó la Presidencia, al tiempo que los casi ocho mil trabajadores de las 33 empresas que integran el Grupo siguen agarrados de un pincel.

Pero no sólo eso, sino que al recular con el DNU 522/2020, el Gobierno que encabeza Alberto Fernández resignó la posibilidad de que el Estado nacional se hiciera cargo de una herramienta clave para garantizar la soberanía alimentaria y mejorar las reservas en divisas del Banco Central.

Es que para la actual estructura económico-financiera de Argentina, el comercio exterior de granos es vital para paliar los efectos de la grave restricción externa, tal como lo demuestra la crítica situación que se vive ahora mismo a raíz de la sequía, los condicionantes al mercado global de alimentos que impone la agresión de la Otan contra Rusia, la deuda con el FMI y su posterior renegociación y la vuelta de rosca en el camino de la reprimarización que se perpetró durante el Gobierno Cambiemos.

Cuando resignó avanzar con lo dispuesto por el DNU 522/2020, el Gobierno le hizo el campo orégano a empresas transnacionales que se quedaron con buena parte del mercado que controlaba Vicentin. Ahí aparecen gigantes como Cofco y Cargill, pero fundamentalmente el Grupo Viterra que, en estos días, está cerrando su fusión con la que hasta ahora era su principal competidora global, el Grupo estadounidense Bunge.

La magnitud de la concentración que esto plantea y la transnacionalización de este negocio clave para la economía argentina, es contundente. La capitalización de mercado de Bunge es de aproximadamente catorce mil millones de dólares, a lo que se suma una deuda neta de efectivo de alrededor de 2.700 millones. Y con la fusión se evalúa que la valoración ascendería a los treinta mil millones de dólares.

Las cifras que se plantean meten miedo y hablan de la pérdida de soberanía que trae aparejado dejar el negocio que controlaba Vicentin en esas manos, pero también dan algunas pistas de qué hay en el fondo de la defraudación al Estado que se perpetró a partir del préstamo otorgado por la Presidencia Macri al holding.

“Lorenzini, estuvo cuestionado desde el principio, cuando Alberto Fernández anuncio la intervención de Vicentin y que iba a presentar un proyecto de expropiación, automáticamente el gobernador Perotti con su ministro de la producción Daniel Costamagna, dijeron que tenían un plan alternativo”, recordó Galiotti y sostuvo que “está claro qué era ese plan alternativo y por eso enseguida salió a jugar Lorenzini”.

En este sentido, recalcó que “todo lo que ocurre en Reconquista, Avellaneda y gran parte de esa región no esta exento de la intervención de la mano de la familia Vicentin, que es el grupo económico más importante de la zona y que por lo tanto posee una fuerte influencia” y lamentó que “el juez demostró que no tiene autonomía respecto del grupo Vicentin que recibió un préstamo fraudulento de parte del Banco Nación, otorgado por el gobierno de Macri y validado por sectores económicos, porque puede cambiar el gobierno pero el poder económico sigue intacto y se fortaleció”.

Y, al respecto, Galiotti fue claro cuando denunció que “lo que protegen no es sólo el nombre de la empresa de la familia Vicentin, sino todos los negocios lícitos e ilícitos en los que comienzan quedar expuestas otras empresas portuarias, tal como se puede ver con el caso del hallazgo de un cargamento de 900 kilos de cocaína, que se llevó a cabo en Australia, hasta donde la droga fue a dar transportada por un barco granelero procedente del puerto de Renova, en Timbúes, que es controlado por la multinacional Viterra y Vicentin”.

Pero también remarcó que con la denuncia de la empresa Commodities SA, se vuelve a poner en evidencia que el juez Lorenzini “sigue jugando a favor del poder permanente”, pero también que “su actitud no es un acto aislado, sino que es el Poder Judicial que profundiza un criterio de legalidad que da valor al concepto de justicia que quieren instalar, porque para el pequeño empresario y el trabajador el peso de la ley va a caer con la misma fuerza que cae la burguesía contra los trabajadores, pero para un holding como Vicentin hay que pensar en un salvataje”.

Los dichos de Galiotti nada tienen de caprichosos. Subfactuación, sobrefacturación, triangulación en la venta de granos, empresas fantasma creadas en Paraguay y Uruguay para evadir el pago de impuestos, tráfico de drogas, un tendal de pequeños productores a los que dejaron colgados del pincel y otro de trabajadores en la aceitera ubicada en Avellaneda, así como una deuda fiscal y un crédito otorgado irregularmente. Todo esto no alcanzo para que alguien le ponga el cascabel al gato que se llama Vicentin y mucho menos para evitar que los responsables de todo esto, sigan teniendo capacidad de acción desde su Directorio.

“Este es el poder real que implica no sólo el nombre Vicentin, sino que conlleva el Poder Judicial, es el poder permanente que incluye a sectores políticos como son los casos de Costamagna, Perotti y los senadores que no permitieron que fuera juzgado el senador por el departamento de San Lorenzo, Armando Traferri, quien está implicado en casos de juego clandestino y tráfico, o el ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro”, destacó y añadió que “este nivel de compromiso entre fuerzas policiales, Poder Judicial y miembros de los gobiernos que se sucedieron tiene un carácter de organización mafiosa que está colonizando a la provincia de Santa Fe”.

¿Quién paga los platos rotos?

La sucesión de los hechos es tan vertiginosa y muchas veces presenta características tan rocambolescas que, para evitar perder la verdadera dimensión del problema, se vuelve preciso repetir que quienes pagan los platos rotos de toda esta festichola de ricos y poderosos, son principalmente aquellas personas más vulnerabilizadas por el sistema capitalista, que vienen en las zonas periféricas de Rosario y su conurbano donde muchas veces, salir a la calle implica poner en riesgo la propia vida.

Esta semana, dos individuos que se movilizaban en motocicleta dispararon contra una vivienda emplazada en la cuadra de la Escuela José Ortolani, ubicada en barrio Empalme Graneros, en el horario en el que los alumnos salían del edificio. Uno de los proyectiles impactó en la pierna a una nena de seis años de edad, que debió ser hospitalizada por la herida sufrida.

También por estos días, la Legislatura deberá decidir sobre la suerte del fiscal Mariano Ríos Artacho, quien corre riesgo de ser destituido de su cargo a raíz de diversas irregularidades. Ríos Artacho es fiscal de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 2 de Rosario, y entre los hechos que se le imputan figura que un policía condenado -que ahora está prófugo- utilizó un auto a registrado a nombre del fiscal, así como que asesoró a otro uniformado a quien se imputa de abuso sexual, al que también le dio un vehículo de alta gama secuestrado a un financista, cuya incautación no fue informada en tiempo y forma.

Como se ve, una mano lava a la otra y entre las dos ensucian todo lo que tocan ¿Pero qué tiene que ver el caso de este fiscal, con el terrible hecho de la nena baleada y todo lo que pasa en torno a Vicentin? “Esto es la práctica del terror”, define Galiotti quien ahora como candidato a concejal por el Frente Juntos Avancemos, pone negro sobre blanco acerca de cosas que viene denunciando desde hace muchos años, en relación a la creciente colonización de Rosario por parte de un esquema de crimen organizado del que no está exenta la policía, los sistemas judicial y político, así como buena parte de la clase capitalista que actúa en la región.

“Está claro que lo que persiguen es provocar terror en el pueblo, inmovilizarlo y generar incapacidad para reaccionar ante esta situación violenta en todos los sentidos”, alertó y añadió que “esto se verifica desde lo judicial y lo político, pero también con la ejecución de personas y balaceras a escuelas que constituye toda una situación que tiene que ver con implantar el terror”.

Y recordó que cuando en marzo el Gobierno Nacional decidió el envío de alrededor de 1500 efectivos federales a Rosario, “dijimos que difícilmente esta pueda ser la solución y señalamos qué fue lo que pasó en México y Colombia con la militarización de la conflicto cuyo resultado fue el crecimiento de la espiral de la violencia” algo que, lamentó, “ahora mismo está pasando en Rosario y el Gran Rosario”.