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05
Jue, Nov

Política

¿Reducir o no reducir la jornada laboral, esa es la cuestión? La clase capitalista que actúa en Argentina se abroquela para defender el modelo laboral que rige en Mongolia y Pakistán. Necesidades de coyuntura, mirada táctica y claridad estratégica son algunas de las claves que impone una hora difícil.

“Esto no necesariamente se logra limitando la jornada. Por ahí es al revés, porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces ustedes tienen que trabajar menos ¿Para qué? O sea, está mal trabajar? ¿Estamos en contra del trabajo? ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Bueno, probablemente, por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió”.

La frase se escuchó mucho durante la última semana y fue pronunciada por el vicepresidente del departamento de Política Social de la UIA, Julio Cordero, ante la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, en el contexto del debate que ahí se lleva a cabo sobre los proyectos que plantean la necesidad de que se reduzca la jornada laboral que en nuestro país es de 48 horas semanales de acuerdo a una ley que rige desde 1935, bastante más que lo que desde 1962 viene recomendando la OIT.

El consenso alcanzado por el oficialismo es fijar la jornada laboral en 36 horas por semana o un máximo de seis horas diarias, lo que alejaría a nuestro país de lo que sucede en formaciones estatales como Mongolia o Pakistán donde la carga horaria semanal es de cincuenta horas, para ponerlo más a tono con la situación de otros de la región como Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil, El Salvador, República Dominicana, Honduras y Cuba. Pero también de Australia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Rusia y Holanda donde la semana laboral es de treinta a cuarenta horas e incluso de Reino Unido donde se llevan a cabo pruebas piloto para incorporar la semana laboral de cuatro días. En todos los casos sin que se resienta el nivel salarial.

Lo primero que queda en claro con los dichos de Cordero, quien es responsable del departamento  Jurídico Laboral de Organización de Techint es muy a pesar suyo, una evidencia de que la lucha de clases existe, además de que ratifica el carácter depredador de la clase capitalista y particularmente de la que actúa en Argentina cuyo principal objeto de saqueo es la vida misma de los trabajadores.

También que el capitalismo nunca va a ser justo, ya que es un sistema basado en la explotación de unos pocos individuos sobre otras muchísimas personas, lo que hace que más de seis mil millones de seres humanos no puedan vivir decentemente en una planeta que a esta altura del partido, ya brinda alimentos y posee desarrollo tecnológico suficiente como para que esto pudiera ser de otra manera.

Entonces, como se trata de un sistema económico que además es una ideología, que fue diseñado por y para beneficiar a la clase capitalista, necesita de un andamiaje simbólico que le facilite la tarea de naturalizar sus postulados. De esto va lo que hizo Cordero en Diputados, que no es muy diferente a los argumentos que miles de trabajadores escuchan cuando reclaman a las patronales condiciones laborales que les permitan vivir más dignamente. Y también mucho de lo que las propaladoras de la industria massmediática dominante y buena parte del esquema de representación política liberal-burgués, repiten día a día como si se tratara de verdades canónicas.

La idea que subyace en estos postulados, sería algo así como que mientras la clase capitalista y más precisamente las corporaciones empresarias buscan generalizar la competencia en los mercados, los trabajadores sólo pretenden vivir de la prosperidad que ellos generan. Pero con sólo rascar un poco en la superficie, este tipo de argumentos se diluye.

Absorción, holding, fusión son algunas de las palabras clave para comprender de qué va esta historia de la concentración, cartelización y centralización del capital que en la actual etapa del desarrollo del capitalismo es una de sus características principales. Y, por supuesto, Argentina no escapa a este diseño: por medio de una estrategia de integración vertical y horizontal, unas veinte empresas que dominan el ochenta por ciento de la industria alimenticia, construyen una posición dominante desde la que imponen los precios a lo que tenemos que consumir los argentinos para poder vivir, al tiempo que disparan la tasa de maximización de sus ganancias a niveles que en las principales economías capitalistas serían inaceptables.

Con pequeños matices, este mismo esquema se repite en otras áreas como la de distribución de energía, el agronegocio, la minería y la banca donde se verifica un fenómeno de concentración protegido por todo un entramado normativo dispuesto por el que el Estado Liberal Burgués (ELB). Esto deja claro el carácter simbiótico que posee el ELB con el poder corporativo capitalista, al tiempo que permite la consolidación de una clase capitalista sumamente parasitaria, que vive de rentas y no a partir de los beneficios que podría producir la innovación y el riesgo empresarial y que, por supuesto, lo hace al amparo de normas y leyes que con su capacidad de lobby se redactan para consolidar los mecanismos de apropiación de la riqueza que perpetra contra los trabajadores.

Por eso más que ser una paradoja, lo que dijo quien es uno de los responsables del área de Política Social de la UIA, representa una manifestación más que busca consolidar la naturalización de un prejuicio necesario para que la clase capitalista pueda imponer su agenda.

De ahí el empeño por exhibir como “planeros” y parasitarios a los trabajadores que a raíz de la concentración que la clase capitalista provoca, son expulsados de la posibilidad de tener un trabajo conveniado, por lo que no les queda otra que aceptar asistencia estatal. Pero también el que ponen a la hora de denunciar como parasitario el intento por reducir la jornada laboral, lo que permitiría repartir horas de trabajo entre quienes están conveniados y aquellos que no lo están, lo que representa algo así como el 45 por ciento del universo del trabajo.

Se trata de la recreación de un mito fundacional por el que el sistema intenta explicar y legitimar por qué la clase capitalista debería quedarse con lo que no le pertenece, pero plantea una contradicción en sí misma ya que es materialmente imposible que se pueda crear riqueza sin trabajo, pero paradójicamente los propietarios del trabajo apenas reciben una pequeña parte del valor total que generan en el proceso de producción.

 

Federico la tenía clara

 

Nada tiene de casual que la UIA intente marcar la cancha, en sus propias narices, a diputados que deben decidir si avanza alguna de las iniciativas por las que se pretende legislar sobre la reducción de la jornada laboral. Y menos todavía lo es que lo hagan en medio de una campaña electoral en la que dos de los principales candidatos a quedarse con el triunfo, proponen abiertamente la implementación de una reforma laboral absolutamente regresiva.

“Seremos inflexibles con los abusos” de precios, decía Alberto Fernández al promediar 2021, flanqueado por el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, que también preside la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, al participar de la Conferencia Industrial de la entidad. Por entonces, el kilo de pan de vendía en Ciudad de Buenos Aires a doscientos pesos y ya era una barbaridad: ahora, con suerte, se consigue a mil pesos y ni que hablar cuando se revisa como aumentan ese precio en localidades más alejadas de los centros de abastecimiento de harina y otros insumos.

La semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer el resultado de la Encuesta Permanente de Hogares que corresponde al semestre inicial del año, que revela que un 40,1 por ciento de los argentinos vive en situación de pobreza y la indigencia alcanza al 9,3 de la población. La cantidad de pobres es un dato que entrega la coyuntura, pero es apenas un índice de una trama de relaciones sociales, económicas y políticas concretas que son las que impone el sistema capitalista. Y esto es algo que Cordero, la UIA y el resto de la clase capitalista que actúa en el país tienen muy claro.

Es que fomentar el desempleo es una herramienta formidable a la hora de garantizar que se profundice la ronda de maximización obscena que, aún en este contexto, registra la tasa de rentabilidad del puñado de corporaciones empresariales que le ponen precio a lo que los trabajadores debemos consumir cada día.

Y esto es así porque, sin la estabilidad laboral y salarial que garantizan los convenios de trabajo, no queda más remedio que aceptar lo que sea para poder salir adelante en el día a día, lo que empuja al trabajador a una situación de vulnerabilidad que lo lleva a ser proclive a la manipulación y el disciplinamiento, así como a aceptar la naturalización de salidas como las que ofrece el precariado (Ver ¿Elijo creer?).

Así las cosas, con el propósito de provocar deliberadamente el desempleo, nada mejor que la creación artificial de escasez por medio de mecanismos como la reducción de salarios que a su vez provoca una caída del consumo pero aumenta los beneficios de esos holdings que tienen mercados cautivos.

Asimismo, promoviendo la adopción de políticas monetaristas que fomentan la financierización y el cortoplacismo, el sobreendeudamiento público y la fuga de capitales, al tiempo que frenan la inversión productiva y enriquecen todavía más a quienes ya poseen mucho dinero. En esto y no en la aplicación de políticas públicas expansivas o de asistencia social, es donde se debe buscar la razón del déficit público que, a su vez, es tomada por la clase capitalista como la excusa predilecta para exigir cada vez más ajuste, privatización del patrimonio estatal, cercenamiento de derechos laborales, sociales, de ciudadanía y humanos.

Y nada de esto es casual, sino que se enmarca, en última instancia, en un constante proceso por el que el Estado toma deuda para beneficiar a la clase capitalista, cuyo pago después se licua entre todos los trabajadores, al tiempo que establece un letal corsé para la posibilidad de que crezca la economía y aumenta las condiciones para que lo haga el negocio del capital financiero.

Este es un fenómeno que atraviesa a todo el mundo capitalista, pero que castiga mucho más a una formación estatal que fue innecesariamente sobreendeudada como es Argentina, en un contexto global en el que la tasa de crecimiento de la actividad económica se ve ralentizada lo que provoca el peligro concreto de aumento del desempleo. Y si a esto se le añade que hay un incremento de la productividad como consecuencia de la constante innovación tecnológica, se vuelve preciso acompañar este proceso con medidas como la reducción de la jornada laboral sin afectación del salario, que permita la inclusión de más trabajadores dentro del sistema productivo conveniado.

Pero lejos de esta racionalidad, lo que la mirada de la UIA y el bloque de representación política que va de la derecha hacia la ultraderecha promueven, es la imposición de políticas de corte neoliberal tendientes a crear artificialmente todavía más escasez, provocando inflación fundamentalmente de alimentos y vivienda, lo que vuelve peligrosamente pevisible la posibilidad de hacer cualquier abordaje económico y, lo que es peor, acota el acceso de los trabajadores a bienes y servicios básicos, al tiempo que beneficia a los dueños del capital financiero que están imbricados con las grandes empresas que tienen clientes cautivos y una enorme masa de liquidez.

¿Pero será que esto es producto de una desviación indeseada de la dinámica del sistema capitalista? Para responder a esta pregunta, vale recordar aquello que hace casi dos siglos señaló Federico Engels en su obra “La situación de la clase obrera en Inglaterra”, cuando ya advirtió acerca del carácter criminógeno de de la clase capitalista, al sostener que “las personas mueren víctimas de nuestro desorden social y de las clases que tienen interés en ese desorden”, lo que sin dudarlo calificó como “un asesinato social”.

 

Coyuntura, táctica y estrategia

 

Así las cosas y más allá de cualquier intento por avanzar en acuerdos que busquen morigerar la angurria de la clase capitalista, es evidente que la propia construcción del ELB lleva en su ADN la tarea de blindar a la propiedad privada para garantizar la defensa de las clases propietarias ante cualquier intento de avance hacia formas de igualitarismo económico.

Es que el capitalismo es exitoso a la hora de expropiar los medios que son necesarios para la subsistencia y mercantilizar absolutamente todo. Pero lo es todavía más, cuando impone como verdad indiscutible ideas tales como que el problema es la escasez y no la desigualdad, ya que es la propia clase capitalista la que fabrica ambas cosas.

Así, el problema es que por su propia información genética, el capitalismo es antagónico con la democracia y esto es bueno tenerlo en cuenta a la hora de advertir por qué en Argentina, cuatro de cada diez personas, fueron empujadas a vivir en la pobreza.

Pero también y más en un contexto atravesado por las Presidenciales de octubre, hay que considerar que junto a la imbricación entre lo coyuntural y táctico que debe tener el abordaje que se tome sobre esto, no se debe perder de vista la mirada estratégica.

Y aquí cabe tener en claro que uno de los papeles centrales del ELB es resolver los problemas que trae aparejada la acumulación para legitimarla ante el conjunto de la sociedad, así como que el del FMI tiene que ver en gran medida con hacer lo propio a escala mundial, esto es, acomodar los problemas que genera la propia dinámica de expansión del capital, sus crisis y desequilibrios financieros. De esto va también el ciclo de sobreendeudamiento que nos impone la clase capitalista que actúa en Argentina.

Pero aún en este contexto, hay que tener claro que no todo da lo mismo y que lo que pase en las próximas Presidenciales puede ser clave en términos regresivos si lo que triunfa es una de las alternativas que ofrece el bloque de representación que va de la derecha hacia la ultraderecha. Y que una victoria de Unión por la Patria permitirá conjurar, al menos de momento, esa posibilidad y además podrá habilitar la posibilidad de que se incluyan en un programa de gobierno tópicos inherentes a una agenda capaz de fortalecer la economía popular, el asociativismo y el cooperativismo como herramientas que pueden tener la capacidad de proponer una vía alternativa a partir de elementos no capitalistas. Esto es que puedan cuestionar la premisa que postula que las esferas de producción y circulación necesariamente deben realizarse en la mercantilización de todo, incluidas las relaciones humanas.

Porque en esta etapa del desarrollo de la Crisis de Larga Duración Capitalista, el capital excede a la propia acumulación de dinero y a la generación de escasez, para convertirse en una forma de reproducción del propio modelo de sociedad. Y entonces, una de las claves puede estar en la capacidad de eludir en la medida de lo posible este condicionamiento, para construir relaciones sociales desde otro lugar, algo en lo que fundamentalmente muchos movimientos sociales tienen acabada experiencia porque lo vienen haciendo desde que en uno de los coletazos de au crisis, el sistema expulsó a decenas de miles de trabajadores que volvieron a construir su destino desde abajo, en forma colectiva y asociativa.

Por eso es que a partir de esa experiencia organizativa, saben que es por ahí por donde va la cosa si se quiere construir trabajo y riqueza social, capaces de desmercantilizar y eludir la matriz que establecen las relaciones que imponer el capital.

Porque detrás de cualquier lobo vestido de Cordero, hay un sistema que es profundamente criominógeno, que socializa las pérdidas y privatiza los beneficios en un contexto en el que la propia forma jurídica del ELB le permite hacerlo. Esta y no otra es la lógica del capital: la producción de bienes es social porque la realiza el conjunto de la sociedad, pero la toma de ganancias siempre es privada.

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