Fernando Gatica y Florencia Mendoza son candidatos por el Frente por la Justicia Social. Un fiscal quiere mandarlos a juicio por su participación en un reclamo encabezado por ATE. “Es un intento de proscribir a un espacio político que planta bandera contra el gobierno” indicó el candidato a diputado.
“Lamentablemente nos enteramos por la prensa de que la causa inventada por el intendente Gastón Hissa era elevada a juicio”, sostuvo Fernando Gatica quien es secretario general de ATE San Luis, pero además encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales por el Frente por la Justicia Social y si prospera el pedido del fiscal de Instrucción Francisco Assat Alí, deberá sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio en el que se lo imputa por su participación en una manifestación que irrumpió en la sede comunal el 30 de enero de 2024.
La imputación que el fiscal le hace a Gatica parece tan exagerada como el monto de los daños que el municipio alega haber padecido, ya que indica que se trata de seis millones de pesos a lo que habría que sumarle el resultante de la inflación registrada desde que sucedieron los hechos y, por ello, solicita una pena de dos años de cárcel para Gatica, pero también para otros referentes de ATE, Florencia Mendoza y Walter Damián Barroso.
Cabe recordar que aquel día, los trabajadores municipales se manifestaban ante la sede comunal para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y salariales, y en esas circunstancias entraron al edificio. Pero también hay que destacar que los daños que se produjeron en ese episodio, se limitan a la rotura del gozne de una puerta y que por el hecho se iniciaron tres causas, de las que sólo queda abierta la que ahora el fiscal Assat Alí pretende que se eleve a juicio, ya que en las restantes los imputados resultaron sobreseídos.
“Ahora y de forma llamativa empujan esta causa”, señaló Gativa antes de añadir que “no nos extraña esto, porque en este momento hay una persecución hacia nuestro sindicato, pero además se nos persigue porque somos candidatos del Frente, entonces ya no es sólo una cuestión de criminalización de la protesta, sino que hay una clara situación de persecución política y un intento de proscribir a un espacio político que planta bandera contra el gobierno de Milei sus socios en San Luis”.
Ante esto, desde el Frente por la Justicia Social, el Partido Comunista hizo público su repudio por lo que no dudó en calificar como “un intento de proscripción” de Gatica y Mendoza, quien es candidata a concejal, pero también alertó sobre “el avance fascista” que manifiestan el gobierno puntano encabezado por Claudio Poggi y la gestión municipal a cargo de Hissa.
“La acción judicial puesta en juego a pocos días del lanzamiento de la campaña política en la provincia, demuestra todo el odio de la clase del poder, que tensa fuerzas cuando la clase obrera se une frente a su enemigo común”, remarca el PC y agrega que “el motivo real de la condena solicitada, es castigar el atrevimiento de lo trabajadores y trabajadoras al no escuchar los cantos de sirena de los partidos del status quo y erigirse en toda su estatura sosteniendo a sus candidatos de clase”.
Por lo que, “en este escenario de degradación”, el PC de San Luis convocó a cerrar filas junto a las candidaturas del Frente que se ven amenazadas por el Poder Judicial “que sirve a las patronales”, pero también insta a que el resto de las fuerzas políticas populares, expresen su solidaridad “con quienes han sido seleccionados para el disciplinamiento desde la lógica del poder burgués”.
Por su parte, en la misma dirección se pronunció ATE San Luis que denunció “el proceso de judicialización de la protesta social desatado en la provincia”, al tiempo que recalcó que “los conflictos sociales y sindicales los debe resolver el poder político”, por lo que “los jueces y fiscales no tienen que entrometerse” y menos aún cuando “lo hacen por orden del Poder Ejecutivo”.
Y, al respecto, resaltó que “no podemos permitir semejantes niveles de persecución”, tras lo que indicó que el Poder Judicial “tiene que estar al servicio del pueblo y no del poder político de turno” y sin dudarlo advirtió que en San Luis “hay un quebrantamiento de la división de poderes”, pero concluyó que pese a esto “no van a tener éxito en su intento de infundir miedo y temor…no nos vamos a doblegar, no nos vamos a disciplinar y vamos a seguir peleando por todos y cada uno de los derechos de los estatales”.
