Lo protagonizan los docentes autoconvocados junto al Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta. En el ojo del huracán aparecen los salarios que se ubican por debajo de la Canasta Familiar y más de un centenar de trabajadores de la educación cesanteados arbitrariamente.
“Este paro con que comienza el segundo semestre del ciclo lectivo, habla de la poca capacidad que tiene el gobierno para poder ofrecer una paritaria acorde a las necesidades de cubrir la Canasta Familiar”, recalcó Jorge Javier Oviedo, quien es uno de los docentes autoconvocados de Salta y fue claro cuando subrayó que “entre quedarse con miedo y con la miseria que paga el gobierno, se prefiere enfrentar ese miedo con marchas y adherir al paro”.
Oviedo es uno de los trabajadores de la educación que fueron cesanteados por la gestión que preside Gustavo Sáenz y sus dichos se corresponden con la medida de fuerza que los docentes autoconvocados, junto al Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa), llevan a cabo durante esta semana, en cuyo marco ayer martes hubo una nueva movilización en la capital provincial.
La medida de fuerza representa la continuidad de un plan de lucha que vienen protagonizando los docentes autoconvocados, que durante los últimos días de junio sumó a Sitepsa y ATE, cuyo detonante fue “ver que se cerraron paritarias muy bajas, por lo que el sueldo de bolsillo no alcanza”, tal como lo sostuvo Oviedo. El docente salteño remarcó que “entonces nos vemos obligados a salir a la calle pese al miedo”, porque en el marco de esta lucha ya hubo represión y detenidos.
No obstante, el tema salarial es sólo uno de los puntos que incluye la demanda, ya que también se suman otros reclamos como la reincorporación de los 117 trabajadores de la educación cuya cesantía fue confirmada hace menos de un mes, así como la exigencia de que se garantice la Copa de Leche para los pibes que asisten a las escuelas.
Precisamente el pedido por la Copa de Leche está en el origen de la situación que acabó con las cesantías, porque estaba presente en las jornadas de protesta y movilización que llevaron a los maestros de los colegios rurales de la zona de Tartagal a marchar hacia la capital provincial, junto a integrantes de las comunidades originarias.
Eso pasó hace ya varios meses y entre lo que reclamaban también estaba el pedido de que la Provincia se ocupe de retirar explosivos que fueron dejados hace más de tres décadas por YPF en predios linderos a la ruta 86, donde la petrolera estaba haciendo prospecciones que, tal como indicó Oviedo, “poseen detonadores sensibles que pueden explotar en esa zona donde hay escuelas rurales”.
“El conflicto arrancó durante 2023, cuando los docentes autoconvocados de Salta hicimos un petitorio en el que, desde Tartagal, solicitamos que se incluya lo de estos explosivos, porque habían aparecido once de ellos por entonces, uno de los cuales fue encontrado por un chiquito de la comunidad guaraní que estaba jugando”, explicó y recordó que en aquella ocasión “hicimos peregrinajes desde Tartagal a Salta, ayunos y marchas junto a los líderes de las comunidades para que los saquen, pero no nos dieron ninguna respuesta”.
Poco después de ese episodio apareció la respuesta por parte de la Gestión Sáenz, aunque no fue la que la sensatez, los maestros y sus comunidades esperaban. “Por eso nos hacen un sumario administrativo y se produce el proceso por el que nos terminan cesanteando de manera irregular”, lamenta Oviedo y subraya que “nunca se nos apercibió previamente ni se nos notificó tal como lo establece el procedimiento previsto en el decreto 4118 de Salta”.
Lejos de que eso ocurriera, “directamente agarraron al azar a un montón de compañeros y 117 fuimos cesanteados por decreto el 25 de julio” afirma este referente de los docentes autoconvocadas y agrega que además de la lucha cotidiana que impulsan también apelarán a la vía judicial “para defender nuestros puestos de trabajo”.
