La Liga Argentina por los Derechos Humanos lamentó las trabas que sigue teniendo la investigación judicial que debería esclarecer quiénes son los responsables de lo que pasó.
“A cinco años, la causa continúa sin avances”, lamentó la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) al referirse a los procesos judiciales abiertos a raíz del hundimiento del ARA San Juan que emitió su última posición el 15 de noviembre de 2017 a la hora 07,30 cuando navegaba a 505 kilómetros de la costa y a 907 metros de profundidad, en línea perpendicular con la localidad santacruceña de Caleta Olivia con 44 tripulantes a bordo.
A partir de ese momento comenzó un siniestro operativo, por el que el gobierno que entonces encabezaba Mauricio Macri, pretendió ocultar sus responsabilidades en el hundimiento, algo que señala la Ladh cuando advierte que “la impunidad es la garantía de la repetición”.
Como consecuencia de esto, hay una causa que debería intentar determinar por qué se hundió el ARA San Juan, en la que están procesados sin prisión preventiva, el ex comandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamilde, Luis Enrique López Mazzeo que era comandante de adiestramiento y alistamiento naval, Héctor Alonso que se desempeñaba como jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y Hugo Miguel Correa, ex jefe de Departamento de Operaciones.
En todos los casos se los procesa por los delitos de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, Omisión de Deberes del Oficio y Estrago Culposo agravado por el resultado de muerte.
Por su parte, a raíz de una orden que dictó la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia durante 2020, la jueza de Caleta Olivia Marta Yáñez tiene que investigar la responsabilidad de Macri, Oscar Aguad que era su ministro de Defensa y Marcelo Srur quien se desempeñaba como jefe de la Armada.
Pero también hay una causa referida al espionaje perpetrado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a familiares de los tripulantes. En este caso el juez subrogante de Dolores, Martín Bava, procesó al ex presidente junto a los ex directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, así como a otros ocho funcionarios vinculados al aparato de Inteligencia del Gobierno Cambiemos. Pero el 15 de junio pasado, la Cámara Federal de Apelaciones que integran Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia se apresuró en sobreseer a todos. Pero la semana pasada, el fiscal Raúl Pleé pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que deje sin efecto esos sobreseimientos.
Asimismo, la Cámara Federal de Apelaciones rechazó que el Centro de Estudios Legales y Sociales intervenga en la causa como amicus curiae, algo que para la Ladh “refuerza las sospechas de que el entramado de espionaje ilegal fue (y tal vez sigue siendo) enorme y custodiado desde los sectores más poderosos del Estado y, por supuesto, los medios y las empresas que detentan la soberanía de nuestro país”.
De ahí que, sin dudarlo, a La Ladh sostenga que no se pude tolerar “el espionaje ilegal ni que se nos investigue, cuando los autores intelectuales y materiales de estos incidentes se pasean por las pantallas de televisión revindicando al nazismo mientras nos proponen un 2023 de más pobreza y concentración de la riqueza” y advirtió que “esto también es lawfare”, ya que forma parte de “la sistemática puesta en marcha del entramado del Poder Judicial para garantizar la estructura de saqueo y neocolonialismo”.
