La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la condena a prisión perpetua que pesaba sobre el ex policía federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray por el secuestro y desparición del abogado y militante boliviano Gustavo Medina Ortíz y llamó a dictar una nueva pena, en una decisión que cuestiona el alcance que tuvo el Plan Cóndor.
“Sin dudas esto tiene que ver con un clima de época y en eso es fundamental la orientación que tiene el gobierno nacional, pero también la falta de independencia de criterios que hay en el Poder Judicial donde, en muchos casos, hay varios jueces que no merecen estar en esos cargos ya que se aggiornan a los vientos oficialistas”, reflexionó desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Salta, Daniel Tort, al referirse a la reciente decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que rechazó la la condena a prisión perpetua que pesaba sobre el ex policía federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray, al señalarlo solamente responsable del secuestro de Gustavo Medina Ortíz pero no de su desparición y presunto asesinato.
Cabe recordar que en diciembre de 2022, este represor salteño recibió la condena a prisión perpetua por parte del Tribunal Oral Federal 1 de Salta porque fue encontrado penalmente responsable de haber participado en el secuestro y la desaparición forzada de Gustavo Manuel Medina Ortiz.
Medina Ortíz era un abogado y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario de Bolivia. Exiliado de la dictadura de Hugo Banzer, vivía en la capital salteña desde 1971 y la madrugada del 10 de octubre de 1975 fue secuestrado de su casa por una patota de represores argentinos y bolivianos en una acción conjunta en el marco del Plan Cóndor. Diez días después de aquel operativo, Alzugaray fue condecorado por su “combate a la subversión”.
Con los votos de la jueza Ángela Ledesma y el juez Guillermo Jacobucci, y con la disidencia del magistrado Alejandro Slokar, se ratificó lo dispuesto por el TOF 1 de Salta respecto a la participación de Alzugaray en el secuestro, pero al considerar que no intervino en el asesinato, se ordenó que se le dicte una nueva pena, lo que mejora la situación judicial del represor.
“Los jueces también son influenciables y el fallo de Alzugaray tiene que ver claramente con esa tendencia”, lamentó Tort y añadió que “dos de ellos sacan a este homicidio del contexto del Plan Cóndor para decir que no hay pruebas que lo vinculen, cuando en realidad la figura es ‘desaparición forzada de personas seguida de muerte presunta’ y claramente el plan era ese, entonces Alzugaray no podía ignorar que estaba secuestrando y devolviendo a una persona a un país en el que lo iban a desaparecer”.
En ese escenario dado “se trataba de un plan orquestado del que Alzugaray formaba parte primaria y necesaria, por lo que fue autor de la desaparición forzada de Medina Ortiz”, remarcó el abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Salta. Y denunció que “poner todo esto fuera de contexto para ubicarlo como un homicidio simple es un desquicio judicial, tal como lo advierte el voto en disidencia del juez Slokar”.
Tort subrayó que decisiones como las adoptadas por la mayoría de la Sala II de Casación responden a un “clima de época” al que no escapa la Corte Suprema y en ese sentido, recordó “el fallo blando que acaban de dictar para las condiciones de detención de los condenados por crímenes de lesa humanidad, que es de donde se están agarrando los genocidas para pedir prisión domiciliara o aún más libertad condicional”, algo que, opinó, “cuenta con el beneplácito fundamentalmente de parte de Mauricio Macri y su amiga Victoria Villarruel que tiran en yunta para tratar de imponer esta posición”.
En este peligroso clima de época se encuadran algunas actitudes institucionales como la que recientemente tuvo el gobierno nacional cuando el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, fijó una postura lamentable ante el Comité Contra la Tortura de la ONU negando que en Argentina hubo un genocidio en el contexto del Terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar o el voto, también ante Naciones Unidas, en contra de una resolución que condenaba la tortura. A su vez otras iniciativas, sin ser institucionales, reciben aliento desde el propio gobierno, como el acto de los Pañuelos Negros convocado el sábado pasado en Plaza de Mayo, habilitado por las políticas negacionistas oficiales que se refuerzan con la designación del coronel Carlos Presti, quien nunca repudió los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, como Ministro de Defensa.
“Pretenden reivindicar a los genocidas de la última dictadura con su idea de ‘la historia completa según la llaman ellos”, advirtió Tort y señaló que su provincia no está exenta de recibier estos embates por parte de la derecha, ya que en Tartagal “cuando se conmemoró el cincuenta aniversario del Operativo Independencia, han desfilado grupos que se hacen llamar Rodillas Negras, que abiertamente reivindican ese accionar de las Fuerzas Armadas en la dictadura”. En efecto, los Rodillas Negras conforman el Regimiento de Infantería de Monte 28 de Salta, que durante la dictadura actuó como grupo de tareas de la represión ilegal en esa provincia y, previo al golpe de Estado, participó además en Tucumán del “Operativo Independencia”. Algunos de sus actuales integrantes estuvieron en la convocatoria de los Pañuelos Negros, quienes, como afirmó Daniel Tort, “con el sólo enunciado de su nombre tienen la clara intención de provocar, colocándose en las antípodas de aquellos Pañuelos que identifican a Madres, Abuelas y a toda la lucha por los Derechos Humanos”.
